Chile y el mito de la constituyente

En su obra Reflexiones sobre la violencia publicado en 1908, el filósofo francés y activista sindical Georges Sorel redefinió y redimensionó la figura de la huelga general, la cual consideró no solo o no tanto como una acción material de lucha por reivindicaciones sindicales concretas sino como un mito aglutinador de una multiplicidad de demandas sociales dispersas que, dejadas a su suerte, no serían capaces de producir el cambio revolucionario. Su intervención teórica y política tuvo lugar en un contexto en el que se estaban produciendo interpretaciones “revisionistas” del marxismo ortodoxo ante la preocupación (o más bien frustración) de que no se veía venir el tránsito del capitalismo al socialismo como resultado de las “leyes inexorables de la historia” según la visión de Carlos Marx.

Sorel intuye que la unificación de la clase trabajadora no se dará de manera natural e inevitable como efecto de la proletarización que la revolución industrial estaba supuesta a generar, por lo que plantea, entonces, otra forma de lograr esa conjunción de fuerzas sociales, esto es, a partir de un mito –la huelga general- que sirviera de punto de condensación de todas las quejas y demandas de los diferentes segmentos sociales en contra del sistema capitalista.

El aporte perdurable de Sorel fue haber introducido este elemento simbólico como dimensión articuladora de la política, la cual dejaba de ser un simple reflejo de la realidad económica material. Así, la huelga general operaba, según el decir de los lingüistas, como un significante flotante, es decir, como un referente que servía para articular múltiples demandas que de otro modo quedarían dispersas con un sentido estrictamente particular o sectorial. El mito de la huelga general permitía darle un sentido unificado a las múltiples demandas sociales, lo que permitiría superar la fragmentación que se daba en el plano concreto de lo social.

El concepto de revolución también ha funcionado como mito en el sentido soreliano no solo en el campo de las revoluciones socialistas, sino también en otros movimientos sociales con ideologías distintas, como ha ocurrido en países árabes o en países que han tenido contra-revoluciones como en Europa del Este y Central. A su vez, en la Venezuela de Hugo Chávez la constituyente jugó ese papel de mito unificador de tipo populista que permitió articular múltiples fuerzas sociales en contra de un sistema político agotado que se reflejaba en una “constitución moribunda” al decir de Chávez en su primera juramentación como presidente de ese país.

En el caso de Chile, la constituyente ha tenido también en esta coyuntura, treinta años después de la transición democrática, ese sentido de mito que Sorel le otorgó a la huelga general. Esto es, luego de una proliferación de protestas sociales, algunas radicales y violentas, la idea de la constituyente se convirtió en el imaginario o punto de condensación en el que los diferentes sectores sociales contestatarios encontraron su punto de unificación. Esto es, la demanda por la constituyente sirvió de espacio simbólico para articular a diferentes sectores sociales cada uno con demandas propias (económicas, educativas, prestacionales, de género) en torno a un proyecto de cambio cuyo resultado final es totalmente indeterminado.

Por su parte, el presidente de Chile, acorralado por una profunda crisis de gobernabilidad, cedió ante la demanda de la constituyente, lo que convierte a esta no solo en el elemento movilizador de los sectores contrarios al gobierno y al sistema como tal, sino también en la respuesta del propio gobierno para evitar una ruptura mayor del sistema político. Este hecho sirvió de dique de contención a unas fuerzas sociales que pudieron muy bien poner en jaque al orden establecido. Por supuesto, muchas de las demandas planteadas en el contexto de la intensa movilización social en Chile no se resuelven con una nueva constitución, pero la constituyente –como mito soreliano- ha servido de plataforma simbólica para la articulación de una variedad de fuerzas sociales que reclaman cambios en el llamado modelo chileno.

En el caso de Chile, a diferencia de la experiencia venezolana, se ha producido una transacción implícita entre fuerzas políticas y sociales disímiles que se ha manifestado en la puesta en práctica de ciertos mecanismos –aprobación de la constitución con mayoría de dos tercios y su sometimiento a un plebiscito aprobatorio- que obligarán a una negociación política en el marco de la propia constituyente, lo que podría impedir que se aplique tábula rasa contra el orden político establecido al estilo del movimiento chavista en Venezuela. No obstante, ese mismo sentido transaccional puede dar lugar a frustraciones en sectores radicales que ven la constituyente como la panacea para resolver los males que atribuyen al modelo económico, político y social chileno.

Otro escenario posible es que los sectores conservadores y moderados (de izquierda o de derecha) no logren una representación suficiente en la constituyente y que esto produzca una radicalización que desemboque en una constitución que disloque completamente el sistema político chileno. Ojalá impere un equilibrio –aún inestable al decir de Antonio Gramsci- que permita una solución constitucional de consenso que le de a Chile un nuevo ciclo de estabilidad política y gobernabilidad democrática, pero que recoja a la vez el compromiso de enfrentar los problemas y los retos de cambios que se pusieron en evidencia en las grandes movilizaciones sociales de estos últimos tiempos.

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