Agropecuaria y especulación

De cuando en vez surgen campañas que crean alarma sobre el incremento de los precios de rubros agropecuarios y que nunca se montan cuando se trata de productos y servicios industriales, comerciales y financieros.

Diario Libre reseñó el pasado viernes: “Comerciantes aseguran que los productos han aumentado sus precios”; “Gobierno anuncia acuerdo para control de precios de la canasta básica (plátanos, huevos y pollos)”. El propósito es reforzar “las ventas directas sin intermediarios de productos afectados por las alzas para evitar la especulación y el agiotismo de los rubros alimenticios.”

Las medidas son: compras directas a productores en fincas; intervención de inspectores de Proconsumidor para evitar que se especule con los productos; duplicación de las ventas populares.

Sucede que no hay tal especulación. Ocurre que la agropecuaria es la cenicienta de las políticas públicas, víctima de tendencias populistas que le arrebatan rentabilidad mediante el control de precios en época de escasez, mientras que se permanece impávido cuando la abundancia los desploma.

No es de extrañar que hayan subido los precios de rubros agropecuarios, como también lo han hecho todo tipo de bienes y servicios. En el caso de los plátanos ha habido vendavales, inundaciones y las plantaciones han quedado diezmadas. En cuanto a pollos y huevos han estado afectados por causas diversas. La tasa del dólar se ha disparado en más del 11% y el costo de los insumos agropecuarios se ha incrementado.

La producción agropecuaria está sometida a una fuerte estacionalidad. La productividad se eleva con la llegada de la primavera y del verano y cae en otoño e invierno. El calor trae abundancia y el frío escasez.

La cadena de intermediación agropecuaria goza de márgenes amplios que merman el ingreso de los productores y la capacidad de consumo de la población. Pero eso no se resuelve con campañas “patrióticas” para combatir la especulación.

Las medidas anunciadas, repetición de lo que tantas veces se ha hecho en el pasado, solo conseguirán bajar por breves días el precio de algunos rubros alimentarios y perjudicar a los productores al disminuir sus ingresos.

Inespre no tiene capacidad de comprar directamente la producción agropecuaria, reemplazando a los intermediarios. Tampoco la tiene de hacer cumplir precios mínimos de sustentación. Al colocar esos rubros a precios subsidiados en bodegas populares sucederá que los intermediarios, para mantener sus ganancias, presionarán a la baja el precio en finca. El productor perderá rentabilidad. La motivación para producir se diluirá o se cambiará de rubros para no seguir siendo víctimas de precios políticos.

Al Ministerio de agricultura le corresponde estimular la producción y rentabilidad de la agropecuaria, fomentar la calidad y buenas prácticas de cultivo, ofrecer asesoramiento técnico masivo a los productores tanto en cuanto a la producción como al manejo gerencial y comercial de las plantaciones. No es papel de las autoridades agropecuarias controlar precios, ni distorsionar el mercado, ni disminuir los ingresos de los productores. No habrá una agricultura próspera mientras esas prácticas sigan vigentes.

Si un rubro agropecuario sube de precio, verbigracia los plátanos, el consumidor tiene la opción de sustituirlo por otro más barato (yuca) y las autoridades de fomentar el consumo del rubro más deprimido.

Los precios estables promedio solo se obtienen con políticas orientadas a esa finalidad. Es un asunto macroeconómico, no sectorial.

Desde hace tiempo florece el comercio de importación, la industria y la intermediación financiera, colmadas de ventajas, exentas de controles, mientras que muchos propietarios de predios agropecuarios los han abandonado o mantenido a baja capacidad.

La rentabilidad relativa de la agropecuaria es muchísima más baja que la del comercio, industria y servicios. Y sus precios más flexibles, suben y bajan según las condiciones del mercado y las eventualidades climáticas.

El país vive de contraste en contraste. El campo está vacío de agricultores dominicanos, emigrados a las urbes o a los nuevayores, pero lleno de haitianos segregados de la sociedad. El productor agropecuario carece de estímulos y está sobrado de penalizaciones.

A excepción de las tierras de primera o de segunda calidad del Cibao, San Juan, Constanza, Rancho Arriba y otros pocos lugares, las tierras se encuentran sin cultivar, ociosas. Hay un potencial desaprovechado para arraigar y reconciliar a la población dominicana con el campo. Las políticas públicas deberían orientarse a recuperar las brújulas que han perdido el norte.

La campaña debería hacerse para recuperar un campo poblado por dominicanos, dedicados a la explotación de rubros de calidad, perceptores de ingresos decentes que les permitan vivir con dignidad. El reto es corregir el rumbo extraviado.