Ministerio Público sostiene acusaciones de hace dos años contra imputados en caso Odebrecht

Dos años después de que presentara acusación ante la Suprema Corte de Justicia contra los imputados en el caso Odebrecht, el Ministerio Público la ha vuelto a presentar en 2020 ante un tribunal ordinario, sosteniendo la culpabilidad de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez por los US$92 millones en sobornos que la empresa admitió que pagó entre 2001-2014 por contratos públicos.

Ayer el Ministerio Público pudo finalmente comenzar la lectura del extenso documento acusatorio previamente admitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional -donde se conoce el caso desde septiembre pasado-, cuyo contenido aparentaría estar desfasado en algunos puntos, como la referencia de archivos provisionales a los expedientes de otros ocho imputados, que en septiembre de 2019 pasaron a ser archivos definitivos y están bajo investigación por la Procuraduría.

Asimismo, la mención del expresidente del Senado, Jesús Vásquez, como uno de los que recibieron sobornos de la empresa brasileña, pero este fue favorecido con un auto de No ha lugar en junio de 2019. El tribunal acogió entonces una objeción de la defensa que solicitó que no sean leídos los párrafos de la acusación que lo refieren.

La reiteración de la acusación del Ministerio Público fue objetada en varias ocasiones por la defensa de Pittaluga, que entendía que algunos calificativos ya no deben usarse contra los imputados.

“Lo que está haciendo el Ministerio Público denota negligencia y falta de responsabilidad porque está leyendo una acusación que se presentó en el 2018 y ha llovido bastante en la evolución del proceso y hoy, lo que se acusa, la teoría fáctica, no es la misma”, alegó uno de los abogados.

Como afirmó en la acusación presentada en junio de 2018, cuando el caso era conocido en la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público se ampara en el mismo documento para reiterar sus imputaciones contra Rondón, a quien acusa de sobornar a funcionarios y legisladores, y de lavado de activo generado en infracciones graves.

Asegura que este era el representante de la empresa brasileña en el país y un “hombre de extraordinarias relaciones e influencias sobre altos funcionarios de los gobiernos de turno y los legisladores”, que le permitieron erigirse como pieza clave para la aprobación de grandes obras de infraestructura a favor de Odebrecht.

El Ministerio Público reafirma que Rondón era el “principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada”.

Se vale también de las afirmaciones hechas por el exrepresentante de Odebrecht en el país, Marco Vasconcelos Cruz, y el exjecutivo Ernesto Sá Viera Baiardi -ambos delatores en Brasil-, quienes aseguraron que se le hacían pagos “simulados” a Rondón para asegurar el cobro de los valores y se firmaron contratos genéricos con empresas del dominicano.

En la acusación el Ministerio Público sostiene, entre otros aspectos, que por la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste, el imputado Rondón recibió US$1,597,000, suma utilizada para el pago de sobornos a Díaz Rúa, entonces director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y a Bautista, entonces presidente del Senado, quienes, valiéndose de sus condiciones de funcionarios, “recibieron estos valores para facilitar tanto la contratación como la abreviación del tiempo de la aprobación de préstamos”.

El ente acusador también sostiene que cuando Díaz Rúa pasó en agosto de 2007 a ser ministro de Obras Públicas, “motivado por los resultados positivos que había obtenido mediante su relación de cohechos” con Rondón y la Constructora Norberto Odebrecht, “continuó con la corrupción y el soborno”.

Reitera que entre 2002 y 2014, Rondón entregó altas sumas de dinero por concepto de soborno a favor de los imputados, los cuales presentaron un incremento patrimonial injustificado.

Reafirma que el empresario incurrió en la práctica ilegal de entregar sobornos al imputado Díaz Rúa para este, a su vez, beneficiar a la Constructora Norberto Odebrecht en perjuicio de otras empresas nacionales y extranjeras, y del propio Estado, otorgándole contratos para la construcción de las obras Adenda III del Acueducto de la Línea Noroeste, Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Carretera Casabito, Corredor Duarte y carretera El Río-Jarabacoa.

El Ministerio Público además sostiene que el imputado Bautista también recibió cuantiosos sobornos de Odebrecht a través de Rondón para la aprobación en el Senado de los financiamientos del Acueducto de la Línea Noroeste, por US$129 millones en el año 2002; de la ampliación del mismo acueducto, por US$89.9 millones en 2005, y del Proyecto Hidroeléctrico Palomino, por US$15 millones en 2005.

Sobre el exsenador Galán, el Ministerio Público reitera que ejerció influencias y votó para la aprobación de los préstamos de financiamiento de los proyectos de obras adjudicadas a Odebrecht, en procesos previamente viciados para perjudicar a otras empresas nacionales y extranjeras.

Referente a Rodríguez, reitera que tenía estrechos vínculos de amistad con el imputado Rondón, lo que facilitó las gestiones para conceder “irregularmente” el contrato para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste a la Constructora Norberto Odebrecht, a cambio de sumas de dinero como pago para la aprobación.

Sobre Pittaluga, en las páginas que se leyeron hasta próximo las 4:30 de la tarde de ayer, se le refiere como testaferro de Díaz Rúa.

La audiencia fue recesada para el 12 de noviembre a las 9 de la mañana.

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