Allanan instituciones gubernamentales de El Salvador por fondos para pandemia

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó los allanamientos en «diferentes» instituciones gubernamentales que se realizan este lunes para la búsqueda de documentos relacionados a los fondos invertidos para atender la pandemia de la COVID-19, según lo informó una fuente de dicha entidad.

Germán Arriaza, director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, explicó a periodistas que se ejecutan «poco más de 20 procedimientos en diferentes instituciones», entre estas el Ministerio de Salud, y que las mismas se realizan con autorización del Juzgado Décimo de Paz de San Salvador.

Efe constató que un grupo de representantes de la Fiscalía se encuentran en las instalaciones del Ministerio de Salud.

«La finalidad es recolectar toda documentación, información y soportes informáticos que nos permitan establecer circunstancias relacionadas con la adquisición de insumos para el manejo de la emergencia por la pandemia», indicó el representante del Ministerio Público.

Arriaza no especificó en que otras entidades gubernamentales se realizan los procedimientos porque señaló que «no es conveniente citarlas».

Según la prensa local, la Fiscalía también allana las instalaciones del Ministerio de Hacienda De acuerdo con el periódico local La Prensa Gráfica, la Fiscalía «realiza la búsqueda de documentos relacionados a compras hechas durante la emergencia nacional por la COVID-19».

A mediados de agosto, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que investiga «todos» los señalamientos de supuestas irregularidades cometidas en el manejo de los fondos para atender la pandemia del coronavirus.

«Se están diligenciando y se están investigando todas las denuncias, todos los avisos que se han presentado, las noticias criminales», indicó Melara durante una rueda de prensa en la que fue preguntado sobre el tema.

Añadió que «hay procesos abiertos, que están en la investigación», sin entrar en detalles sobre estos casos ni los funcionarios vinculados.

«Hay investigaciones en desarrollo para ver qué es lo que está sucediendo y determinar si en algunos hay indicios de delitos o, decirlo con transparencia, si en otros no los hay y es un tema meramente ético el que se ha dado», subrayó Melara.

LOS SUPUESTOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Los medios de comunicación local han publicado durante la pandemia una serie de textos que señalan supuestas compras irregulares con fondos estatales y en los que se involucra a funcionarios del Gobierno.

Según la revista de periodismo independiente GatoEncerrado, el ministro de Salud, Francisco Alabi, autorizó la compra de botas de hule por 225.000 dólares a una empresa de una de sus familiares.

El medio sostuvo en su publicación del 11 de julio que Alabi confirmó la compra y que señaló que la Corte de Cuentas tiene la documentación relacionada.

El presidente Nayib Bukele destituyó el pasado 20 de junio al titular de un fondo ambiental del Gobierno por supuestamente beneficiarse de una compra irregular de protectores faciales por 250.000 dólares.

La destitución se dio tras una publicación periodística, que supuso un duro golpe al discurso de transparencia del Ejecutivo.

El Diario de Hoy, mediante su portal elsalvador.com, publicó que el Ministerio de Gobernación y Desarrollo pagó un «sobreprecio» de 176.000 dólares en granos básicos para la entrega de canastas alimenticias a la población.

Estas compras, según el medio, se realizaron a una empresa vinculada con el supuesto capo del narcotráfico Adán Salazar Umaña, conocido como «Chepe Diablo», quien fue enviado a juicio en diciembre pasado por el cargo de lavado de dinero.

Dicha empresa, identificada como Disali, es administrada actualmente por el estatal Consejo Nacional de Administración de Bienes, según fuentes consultadas por el medio.