Eddy Olivares, la piedra en el zapato del PLD durante 10 años en JCE

Durante diez años como miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares fue la voz disidente dentro del pleno en tiempos en que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tenía el control del Ejecutivo y gozaba de mayoría en el Congreso.

La voz de protesta de Olivares contra disposiciones de la JCE que consideraba ilegítimas bajo las presidencias de Julio César Castaños Guzmán y Roberto Rosario desde 2006 hasta el 2016 motivó al exsenador y miembro del Comité Nacional de Campaña del PLD José Rafael Vargas a amenazarlo con someterlo a un juicio político en el Senado, por considerarlo un obstaculizador del proceso electoral.

Un año antes, el senador Eddy Mateo también del PLD, había introducido una resolución en el Senado para interpelar a Olivares, que posteriormente retiró. Mateo afirmaba que él llevaba inquietud al pueblo dominicano con sus denuncias a pocos meses antes de las elecciones.

Cuando el PLD inició una recolección de firmas para solicitar la reelección del presidente Leonel Fernández en 2012, Olivares advertía que aquello no tenía ningún valor jurídico y que estaba al margen de la legislación vigente.

Previo a las elecciones del 2012, en la que se enfrentaron Danilo Medina del PLD e Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Olivares acusaba a Roberto Rosario de recibir presiones para no aplicar la transmisión simultánea de datos que había sido aprobada en una resolución del pleno. Aseguraba que el propósito de Rosario era evitar que los partidos y medios de comunicación recibieran directamente los resultados de las elecciones que celebrarían en 28 días.

Los conflictos entre Olivares y Rosario llegaron al extremo de que los miembros del pleno tuvieron que ponerse de acuerdo para que ninguno hablara sin autorización de todos, y Rosario llegó a amenazar con sustituir a los titulares por sus suplentes. En 2013 la Cámara de Diputados envió una comisión para realizar una investigación sobre los conflictos en la entidad.

Cuando Hipólito Mejía y Luis Abinader del PRD decidieron ampararse en el partido Alianza Social Dominicana (ASD), otras organizaciones políticas, incluido el PLD, rechazaron el cambio de nombre por el de Partido Revolucionario Mayoritario (PRM), Olivares jugó un papel fundamental para que no fuera rechazado. En su lugar, se cambiaría “Mayoritario” por “Moderno”, lo que permitió preservar las siglas “PRM” que ya eran conocidas.

El jurista pidió al pleno tomar medidas cautelares para que se impidiera el uso de los planes de asistencia social del gobierno en beneficio de los candidatos a cargos de elección.

El uso de miles de dispositivos electrónicos adquiridos por la JCE para los comicios generó controversia entre Olivares y Rosario respecto al tipo de conteo que se implementaría, a la transmisión de datos y a la auditoría de los equipos.

Se opuso a la transmisión de resultados electorales a partir del escrutinio de las actas en los colegios, porque, a juicio suyo, solo las juntas electorales estaban facultadas para hacerlo cuando tuvieran la cantidad suficiente de colegios computados.

El miembro titular votó en contra de una resolución del pleno que ordenaba el conteo manual solamente de las boletas en el nivel presidencial, una vez se hubieran contado de manera electrónica. Los aparatos también podrían determinar los votos nulos. De todos modos, el día de las elecciones esos equipos no funcionaron y el escrutinio se hizo de la forma clásica.

Luego de las elecciones, Olivares emplazó a Roberto Rosario a explicar las razones que originaron las irregularidades y a realizar auditorías.

Una de las controversias más importantes que sostuvo Olivares fue aquella que terminó con su carrera dentro de la entidad. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, era de opinión de que los actuales miembros de la JCE debían ratificarse en sus posiciones, a lo que Olivares se opuso enviándole una carta en la que criticó, en primer lugar, el hecho de que Pared Pérez como Secretario General del PLD hubiera prometido ratificar a los actuales miembros de la JCE cinco días antes de las elecciones.

También reprendió a la JCE por su supuesta falta de institucionalidad que, según él, la había convertido en recaudadora voraz con tarifas administrativas. Le reprochó al presidente del Senado la presunta inequidad de las elecciones del 2012 y 2016; la poca diligencia para aprobar las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, que contrastaba con la velocidad con que se logró modificar la constitución en 2015; y la ausencia de interés en aprobar proyectos de reglamentos para las campañas electorales que él mismo sometió.

Olivares también se opuso a que los miembros de la JCE provengan de partidos políticos con las siguientes líneas:

“…cuando un órgano electoral colegiado es conformado con miembros o compromisarios de uno de los partidos, además de perder su independencia, en los hechos, se transforma en unipersonal, motivo más que suficiente para que la designación de los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral, se fundamente en la competencia profesional y la solvencia moral y no en los vínculos partidarios.”

A fin de cuentas el Senado eligió a Julio César Castaños Guzmán como presidente del pleno en 2016 y ratificó solamente a Rosario Altagracia Graciano.

En 2016 el presidente de la JCE se ofreció para asesorar el Consejo Electoral Provisional de Haití en montaje de los comicios de ese país, a lo que Olivares se opuso porque, entre otras razones, el mandato de esa JCE había concluido su período constitucional.

En ese mismo año pidió al pleno defender una resolución que ordenaba una redistribución de los diputados de acuerdo a la densidad poblacional, y que había sido anulada por una sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Rosario dijo que acataría el fallo de la corte que había respondido justamente a una instancia del PLD.

También se opuso a la exclusión de cerca de veinte mil personas del registro civil, lo que consideraba como un atentado al Estado de derecho.

En diciembre de 2012 los miembros de la Junta dispusieron el cierre de todas las oficinas en el exterior debido a un déficit económico que acarreaba esa entidad desde el 2008. A esto se opuso Olivares, y propuso mantener abiertas las de Nueva York, Madrid, Miami y Puerto Rico con un personal reducido. En enero del siguiente año la JCE aumentó todas sus tarifas, con la oposición de Olivares, que prefería una política de austeridad y aplazar la nueva cédula de identidad que sería emitida.

Ese mismo año recomendó a la Cámara de Diputados que estudiaba el proyecto de Reforma Penal excluir de la ley difamación e injuria los asuntos de interés público o quitar a la JCE de la lista de instituciones protegidas por esa ley.

Su larga y activa carrera dentro de la JCE señalaban a Olivares como el favorito para presidir esa entidad en momentos que el PRM domina el Ejecutivo, el Congreso y tendrá mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. El PRM, sin embargo, prefirió mantener la coherencia con su posición de campaña de elegir una JCE independiente de partidos políticos, y al final de cuentas Olivares fue propuesto en el Senado justamente por un legislador del PLD.