Productores piden posponer el desmonte de aranceles en la importación de arroz subsidiado

Representantes de la Asociación de Productores de Arroz del Nordeste solicitaron al presidente Luis Abinader posponer el desmonte de aranceles en la importación de arroz desde los Estados Unidos.

Roberto Despradel y Manolo Tavares Mirabal, hablando en representación de la entidad, indicaron que con la entrada en vigencia a partir de este año el tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta), el cual contempla no pagar impuestos de productos agropecuarios que entren al país constituye una grave amenaza para la producción nacional de este cereal.

Aseguraron que a los productores arroceros dominicanos les resulta imposible competir con los norteamericanos, ya que en ese país subsidian su producción.

“Productores, molineros, trabajadores y suplidores de insumos de arroz nos hemos unidos para enfrentar esta grave amenaza, la peor que sufre el sector en más de 60 años. Pero para impedir que la larga cadena productiva del arroz termine en la ruina. Se necesita el apoyo de las más altas instancias del Gobierno, incluido el Presidente Luís Abinader”, enfatizó Tavares Mirabal.

Mientras que Despradel explicó que el Estado debe solicitar al menos una prórroga del desmonte arancelario de las importaciones de arroz, como lo faculta en artículo 318 del DR-CAFTA que crea una Comisión de Revisión Agrícola con la finalidad de recomendar la modificación de los plazos de entrada en vigencia del acuerdo.

Los expertos explicaron que las importaciones de arroz subsidiado en sus países de origen sin pagar aranceles quebrarían en pocos meses la producción nacional de uno de los principales renglones de la economía agropecuaria dominicana, generando pobreza, desempleo y otras graves consecuencias económicas y sociales.

“Defender la economía del arroz es una causa nacional al frente de la cual tiene que colocarse el Gobierno”, advirtieron los economistas.

De la actividad arrocera viven 30 mil productores, 80 mil trabajadores directos, miles de accionistas y empleados de las 300 factorías o agroindustrias que tiene el país. Esa actividad moviliza cada año cerca de 32 mil millones de pesos.

Roberto Despradel y Manolo Tavares Mirabal expresaron su preocupación durante un panel realizado en La Vega.

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