Solicitan realizar estudios de impacto ambiental en Los Alcarrizos antes de iniciar obras del Gobierno

Decenas de organizaciones sociales del municipio de Los Alcarrizos solicitaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizar los estudios de impacto ambiental que requieren las obras anunciadas por el Gobierno en esa demarcación antes de que sean iniciadas.

Las organizaciones, en su mayoría integradas por ambientalistas, municipalistas y trabajadores, debatieron el tema durante el desarrollo del taller “Preguntas y Respuestas del Tratado de Escazú¨, organizado por el movimiento Comunidad Sana, que dirige el diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carlos Sánchez.

Según un comunicado, explicaron que por la envergadura de las obras se informe del alcance de los proyectos y cómo podrían afectar el desarrollo de las comunidades y los recursos ambientales que existen en las inmediaciones donde serán construidas.

Dijeron que cada obra debe permitir la participación comunitaria desde la concepción de la idea hasta su ejecución y que solo pueden iniciarse si cuentan con el debido permiso social que otorgan las comunidades después que son consultadas, según contempla la ley 64-00 de medio ambiente.

«Hoy día el Estado debe ser el primero en exigir la realización de los estudios de impacto ambiental y respetar las leyes para garantizar que el desarrollo no afecte negativamente la sociedad y, por el contrario que sea una acción que sirva para impulsar el desarrollo sustentable», enfatizó la dirigente social Ana Hilda Nova.

El Gobierno anunció recientemente que extenderá la línea del Metro de Santo Domingo hasta Los Alcarrizos y que en adición a eso construirá un teleférico y una terminal de autobuses para organizar el transporte dirigido a la región Norte del país.

De acuerdo con la nota de prensa, el presidente de la Asociación de Vallejuelences Ausentes, Juan Carlos Morrillo, puntualizó: ¨Son tres proyectos importantes los que está promoviendo el Gobierno, que juntos causarán el desplazamiento de cientos de familias que tendrán que mudarse a otros lugares donde se les debe garantizar acceso a los servicios básicos y a una vivienda digna”.