Arroz VS. DR-CAFTA

Los productores de arroz del país están dando la voz de alerta ante los riesgos que representa la total liberación arancelaria de la importación de arroz como efecto del DR-CAFTA.

Hay motivos para alarmarnos. El arroz es el producto básico de la dieta de los dominicanos y por tanto parte fundamental de nuestra soberanía alimentaria. El país se ha hecho autosuficiente luego de alcanzar una producción anual estable de 14 millones de quintales.

El impacto que tendrá en el país la quiebra de la producción de arroz es invaluable. El cultivo de este cereal ocupa cerca de 3 millones de tareas en el 66% de las provincias, es decir, en 21 de las 32. Se produce arroz en Duarte, María Trinidad Sánchez, Juan Sánchez Ramírez, La Vega, Espaillat, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Hato Mayor, Monte Plata, Higuey, Valverde, Dajabón y Montecristi, para solo mencionar las principales. Los productores de arroz suman 35 mil, de los cuales el 45% tiene parcelas de entre 20 y 75 tareas. Además, generan una cadena productiva que involucra uno 500 mil empleos entre directos e indirectos tomando en cuenta el conjunto de empresas que proveen insumo, procesan el grano, lo transportan y lo comercializan.

La quiebra del sector arrocero significará el empobrecimiento del campo, la pérdida de nuestra cultura productiva en ese sector, la despoblación de importantes zonas rurales, el incremento masivo de la migración al exterior y a los principales centros urbanos generando una secuela de marginalidad, desempleo, precariedad de los servicios públicos, economía informal, delincuencia.

La firma del DR-CAFTA se produjo en el 2004 y su entrada en vigencia en el 2007. Para el 1º de marzo de 2015 se concertó la eliminación en un 100% de los gravámenes arancelarios para los productos industriales. En cuanto a la agropecuaria el calendario estableció que para el 2017 se desgravaran en un 100% la importación de pavo, papas y grasa de cerdo. En el 2020 la carne bovina, el cerdo, el queso, los aceites vegetales, los frijoles, la cebolla y el ajo. Para el 2025 se completará la desgravación total, con el grupo de productos considerados más sensibles: el pollo, la leche en polvo, el yogurt, el queso mozzarella y el arroz.

Economistas conocedores del tema han sugerido al Gobierno apelar al artículo 318 del tratado que contempla la creación de una Comisión Agrícola con la finalidad de recomendar la modificación de los plazos de entrada en vigencia del acuerdo, en virtud de la cual es factible plantear la prórroga de la liberación de los aranceles a las importaciones de arroz.

Recordemos que en junio de 2018, el entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez, –quien fue uno de los concertadores originarios del tratado– anunció el inicio de un diálogo con el gobierno de los EE.UU. para revisar el DR-CAFTA conforme los procedimientos diplomáticos contemplados en el tratado. La noticia duró menos que una cucaracha en un gallinero pues días después, el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, se fue a la Cámara Americana de Comercio y en un acto típico de sumisión y sometimiento a los norteamericanos declaró que “está descartada la intención de modificar el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. No hay ninguna solicitud de revisión del DR-CAFTA. Eso está descartado y no está entre las prioridades del Gobierno, ni se va a tocar el Tratado de Libre Comercio”.

Es cierto que durante estos 13 años de vigencia del DR-CAFTA los gobiernos no hicieron las inversiones en el sector agrícola en infraestructura rural, en investigación y tecnología, como tampoco en el almacenamiento y aprovechamiento del agua; que ha faltado una política de crédito que libere a los productores de los usureros o de la intermediación especulativa

Pero al margen del abandono del campo, y precisamente por ello, el hecho cierto es que el desmonte arancelario posibilitará la importación masiva de arroz subsidiado proveniente de Estados Unidos, con un precio de venta por debajo de su costo de producción, exponiendo a los productores a una competencia desleal que no podrán resistir. Al final la quiebra no se deberá a un tema de ineficiencia sino a la imposibilidad de poder competir con la política de subsidios agrícolas que practican los EE.UU. a favor de sus productores. Y como ya se ha comprobado en el país, la promesa de una mejoría para los consumidores de los precios de esos productos importados no es más que ‘canto de sirena’.

Hasta ahora, desde la dirección del Estado no se ha evidenciado la voluntad política ni para denunciar el DR-CAFTA ni para impulsar su revisión.

En este momento, la posibilidad de revisión del tratado depende exclusivamente de la acción de los propios productores agropecuarios: de su unidad, organización y movilización; de su capacidad de empoderar a las comunidades afectadas, de ganarse la opinión pública y de colocar esta demanda como tema de la agenda política y económica del país; de obligar al gobierno a asumir esta justa causa en la defensa de la producción nacional, de nuestra soberanía alimentaria y de la existencia misma de la República.

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