Cuarenta años de un sistema de pensiones latinoamericano que urge de ajustes

El envejecimiento, los menores valores y la crisis por el COVID-19 amenazan la viabilidad de los sistemas de pensiones en varios países de Latinoamérica, que se inspiraron en el modelo chileno puesto en marcha hace 40 años.

El modelo de Chile ha servido de ejemplo para México, Bolivia, El Salvador o República Dominicana, señala el documento “Las pensiones en el mundo. Retos y tendencias de futuro”, dirigido por el profesor de EAE Business School de España Juan Carlos Higueras.

‘”En los últimos años están habiendo numerosas protestas que están conduciendo a una nueva reforma del sistema, ya que las pensiones que se reciben son muy bajas en relación al nivel de vida actual, lo que lleva a riesgo de extrema pobreza a quienes se han jubilado bajo un sistema que aparentemente les iba a proporcionar una jubilación digna”, añade el documento.

En los 90, la esperanza de vida en la región, según el Banco Mundial, era de 68.3 años, pero ahora es de 75.4, lo que incide en los rendimientos finales de los fondos privados o públicos.

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina (CAF-BDAL) afirma que más de 8 % de la población tiene 65 años o más, pero para 2050 se estima que la cifra se duplicará hasta llegar al 17.5 %.

Por otra parte, la pandemia hace su preocupante aporte. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hasta octubre se perdieron 34 millones de empleos a causa de la covid-19.

A ello se suma que en Latinoamérica, según CAF-BDAL, el 63 % de la población activa trabaja en la informalidad.

Ante estos impactos, se plantea por parte de los analistas la necesidad de reformas en el sistema.

“Primero, todos los adultos mayores deberían contar con un ingreso mínimo suficiente. Segundo, el componente contributivo de las pensiones debe estar equilibrado en términos financieros para ser sostenible. El tercer lineamiento se refiere a aspectos más específicos del diseño de las pensiones con un foco especial en los incentivos para aportar que ofrecen los distintos sistemas para aumentar la cobertura y los aportes”, afirma el vicepresidente de Conocimiento de CAF-BDAL, Pablo Sanguinetti, en el informe “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina”.

En Latinoamérica coexisten dos sistemas: uno en el que se aporta a un fondo público en el que se recibirá una pensión según el promedio de remuneraciones, semanas trabajadas y la edad; y el otro de ahorro individual, en el que se consigna a un fondo personalizado privado (AFP) y se retiran los rendimientos hasta la edad establecida.

Chile: pocos retornos

En Chile cada trabajador aporta un 10 % de su sueldo a un fondo personalizado privado (AFP), del que puede disponer cuando se jubila (60 años para las mujeres y 65 para los hombres).

Actualmente hay más de 11 millones de cotizantes, con un promedio salarial de 620,528 pesos (820 dólares), y alrededor de 1.8 millones de pensionados.

La pensión promedio es de 225,431 pesos (298 dólares), aunque la asignación media es de 142,984 pesos (189 dólares), lo que implica que ocho de 10 chilenos no puede financiarse una pensión superior al umbral de pobreza.

Brasil: una reforma polémica

Brasil aprobó en 2019 una reforma que prevé ahora una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.

Hasta entonces era posible que se jubilaran con poco más de 50 años, pues se permitía tras contribuir durante tres décadas o más. El valor máximo que reciben los trabajadores del sector privado es de 6,102 reales o 1,055 dólares, y un 70 % de los jubilados reciben un salario mínimo (1.045 reales o 180 dólares).

Brasil dedica un 11.7 % del PIB al gasto en su sistema de pensiones.

Perú: un sistema deficitario

Las bajas pensiones han llevado a la presentación de propuestas de cambios en el sistema (en el que Perú invierte un 2.5 % del PIB en el sistema público) para que más trabajadores alcancen un monto mínimo de jubilación.

En Perú coexisten reparto y AFP desde 1994. El público tiene alrededor de cuatro millones de afiliados y el privado más de 6 millones. En ambos la edad de jubilación es de 65 años.

Actualmente, la pensión media del sistema público es de 600 soles (166 dólares) y del privado 1,000 soles (277 dólares), mientras que el salario mínimo es de 930 soles (258 dólares).

Colombia: convivencia de sistemas, baja cobertura

El sistema dual de pensiones rige en Colombia desde 1993. Para pensionarse en el público se requiere tener 1,300 semanas de cotización y 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

El privado exige acumular un capital que permita al afiliado tener una pensión equivalente al 110 % del salario mínimo (877,803 pesos, 226.8 dólares) o cumplir los requisitos para la garantía de pensión mínima.

En septiembre, el Banco de la República advirtió de que “aunque la cobertura pensional ha crecido un poco en los últimos años, sigue siendo baja”.

Colombia invierte el 4.4 % de su PIB en el gasto público para pensiones.

Argentina: sin AFP desde 2008

En Argentina, que invierte el 10.6 % de su PIB, el sistema de pensiones es estatal desde 2008.

En el país hay 5.6 millones de pensionados, con una jubilación promedio de 33,649 pesos (403 dólares), aunque la mínima, que cobran 2.6 millones de jubilados, es de 18,125 pesos (217 dólares), mientras que hay 11.8 millones de trabajadores en activo registrados y la remuneración promedio de los asalariados privados era, según datos de julio pasado, de 47,722 pesos (571.5 dólares).

La edad mínima para jubilarse en Argentina es 65 años para hombres y de 60 para mujeres, siempre y cuando cuenten con al menos 30 años de aportaciones al sistema.

Reformas desde julio en México

El Gobierno anunció en julio la primera reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) desde 1997, año de creación de los fondos privados.

En México, donde el gasto en pensiones con respecto al PIB es del 2.96 %, solo uno de cada cuatro mayores de 65 años recibe una jubilación contributiva.

La iniciativa promete aumentar de 34 % al 82 % la cobertura de trabajadores con pensión garantizada y elevar de 56 % a 97 % el número de activos con derecho a pensión, además de reducir el requisito de 25 años de cotización a solo 15 para acceder a pensión.

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