El frenesí se paró de golpe

La declaración de bienes fue por muchos años una obligación que no obligaba, un coroto viejo que se tiraba donde no molestara. Esta administración quiso ponerla en primer plano, y no solo la recordó, sino que el presidente advirtió y puso castigo.

Se pensó que los cargos medios reaccionarían pianitos y que la Cámara de Cuentas no daría abasto, incluso tuvo que ampliar el plazo.

La fiebre sin embargo se sudó rápida y el frenesí se paró de golpe.

La declaración, en vez de presumir inocencia, exigía culpabilidad. Los casos conocidos de funcionarios y exfuncionarios que han tenido que ir a hablar inglés a la Procuraduría, cambió el ánimo.

Nadie quiere buscarse una vaina. La no declaración deviene en problema grave, y lo es más porque implica burla, y el régimen no puede consentirla, si -en verdad- quiere enfrentar la corrupción y eliminar la impunidad.

El Ejecutivo tiene procedimiento, y no tiene que recordarlo, sino aplicarlo con mayor drasticidad. La suspensión seguida de cancelación.

Ahora falta ver qué ocurrirá con los no dependientes del Ejecutivo, los del Legislativo, incluso del Judicial. Como en el cuento:“Sor, dijo que a todas”.

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