Ministerio Público da por concluida lectura de acusación en caso Odebrecht

Luego de algunos acuerdos entre los fiscales y los abogados, el Ministerio Público dio por concluida la lectura de la acusación en contra de los seis imputados por los US$92 millones de dólares en los sobornos de Odebrecht.

Es por eso que este martes los abogados defensores de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez tomarán la palabra en el estrado para defenderse de los hechos que le imputa el Ministerio Público.

Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, fue el primero en tomar la palabra para tratar de desmeritar la acusación del Ministerio Público.

Dijo que la investigación que fue liderada por el entonces procurador Jean Alain Rodríguez es “lo peor de lo peor”. La calificó como una investigación selectiva, populista e irracional.

Aseguró que al final del juicio conseguirán el descargo de Andrés Bautista.

El Ministerio Público reiteró que el imputado Andrés Bautista introdujo más de RD$1,800 millones al sistema bancario producto de sus actividades ilícitas con Odebrecht, la constructora que confesó el pago de US$92 millones en sobornos para asegurarse la adjudicación de obras del Estado.

Supuestamente, el imputado movilizó la importante suma en el período comprendido entre los años de 2002 y 2017.

De igual manera, el Ministerio Público indicó que Andrés Bautista, quien representó a la provincia Espaillat como senador y presidente del Senado durante las legislaturas de los años 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005 y 2005-2006, recibió durante el ejercicio de sus funciones cuantiosos sobornos de la compañía Constructora Norberto Odebrecht, S.A., a través del imputado principal del caso, Ángel Rondón Rijo.

Los representantes del órgano persecutor de la corrupción también leyeron la acusación contra Tommy Galán, reiterando que el imputado recibió sobornos de Odebrecht en el ejercicio de la función pública como diputado y senador por la provincia San Cristóbal, desde 2002 hasta 2016.

Detallaron que en el caso de Galán Grullón, en el período de 2006 a 2010 tuvo un aumento de su patrimonio poco significativo, pero que, de manera sorprendente, lo incrementó en el 2016 cuando declaró RD$31,704,547.00, aumentando en este último año en RD$12,304,547.00.

Los fiscales establecieron que el exlegislador incurrió en lavado de activos a través de la sociedad Galán Grullón y Montás S.R.L, la cual fue transformada en Galán Grullón y Montás C. por A., pasando a ser de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada.

También, los representantes del Ministerio Público leyeron la acusación contra Juan Roberto Rodríguez, de quien, igualmente, reiteraron que recibió sobornos como funcionario, mientras ejercía de director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), en el período 2000-2004.

Los fiscales expresaron que el imputado utilizó el cargo para conceder el contrato de construcción del Acueducto de la Línea Noroeste, mediante la firma del primer contrato con la compañía brasileña.

Señalaron que dicho imputado en el año 2006 recibió ingresos por salarios por un monto de RD$2,047,772.98, pero colocó en el sistema financiero RD$23,070,050.33.

De igual manera, la acusación también señala que el imputado utilizó la sociedad comercial Terraza San Isidro, S.R.L, para justificar o lavar los movimientos producto del soborno.

A Conrado Enrique Pittaluga Arzeno lo acusan de haber manejado más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas con el pago de sobornos.

Indicaron que la mayoría de esos recursos fueron movidos por el imputado por concepto de sobornos en complicidad con su socio, el también encartado Víctor José Díaz Rúa, exsecretario de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), específicamente por el pago de sobornos de Odebrecht al exfuncionario por la obra Autopista del Coral.

Señalaron que Pittaluga Arzeno, para sí y para el encartado Díaz Rúa, levantó un patrimonio derivado de las actividades delictivas propias del soborno y el lavado de activos, tipificada y sancionada por los artículos 5 y 8 (a) de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, norma jurídica que regía al momento de ocurrir esos hechos punibles.

A Ángel Rondón Rijo lo acusan de ser el principal imputado del caso. Supuestamente este recibió casi 1,000 millones de pesos y más de dos millones de dólares producto de sus acciones delictivas con Odebrecht.

A Víctor Díaz Rúa le atribuyen maniobrar para difuminar el rastro de más de RD$400 millones. El Ministerio Público ratificó que el imputado por corrupción administrativa recibió sobornos, mientras ejerció funciones en el Estado, para favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht con la adjudicación de contratos de importantes obras pagadas con dinero de todos los contribuyentes.

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