Congreso de Guatemala suspende proyecto de presupuesto que desató protestas

El Congreso de Guatemala suspendió este lunes la aprobación del presupuesto del país, señalado de no priorizar la lucha contra la pobreza, luego de que manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei en protestas durante el fin de semana.

“Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto”, informó el lunes presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez.

El Congreso unicameral, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó el martes pasado un presupuesto para 2021, propuesto por el Ejecutivo, de casi 12,800 millones de dólares, el más alto en la historia del país.

Varios sectores criticaron que el proyecto privilegiaba el desarrollo de infraestructura, para beneficio de las constructoras, mientras desestimaba el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, así como la educación y la salud, cuando la pandemia deja más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios en el país.

Con la suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10.390 millones de dólares.

– “Actos terroristas” –

El sábado, miles de guatemaltecos se manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.

El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar y este lunes cerca de medio centenar de guatemaltecos volvió a pedir la renuncia del presidente frente al antiguo palacio de gobierno, en el centro de la capital, según constató la AFP.

Según Rodríguez, quienes protestaban utilizaron el presupuesto como “el argumento principal para dar sustento y soporte a la manifestación”, que tenía “el objetivo de romper el orden constitucional y lograr acceder al poder”.

El jefe de Parlamento consideró que los hechos contra la sede del Congreso fueron “actos terroristas”.

La fiscal general, Consuelo Porras, en rueda de prensa anunció el inicio de investigaciones por la protesta violenta y la represión policiaca, luego de que una veintena de manifestantes fueran heridos y dos de ellos perdieron el ojo izquierdo presuntamente por balas de goma de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional calificó la represión de “sumamente grave” y acusó a las autoridades guatemaltecas de violar “estándares internacionales de uso de la fuerza”, según dijo en un comunicado su directora para las Américas, Erika Guevara.

Por su parte, la ONU pidió que se respeten los derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión pacífica, y consideró necesaria una investigación imparcial e independiente de lo ocurrido en las protestas.

La ONU llamó “a todos los actores a trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta Guatemala por medios pacíficos”, según un comunicado.

En tanto, una agrupación de países y organizaciones formado para dar asistencia a Guatemala, conocido como G-13, expresó este lunes su preocupación por la situación y dijo estar “dispuesto a apoyar el diálogo de cualquier forma posible”. Entre los donantes están Estados Unidos, Alemania y Francia.

Giammattei dijo en un comunicado la noche del domingo que las protestas eran de grupos “minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado”.

– La crisis –

El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos “por el bien del país”, pidió el domingo una investigación tanto de la quema de oficinas del Congreso como el accionar de la policía frente a los manifestantes.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de oenegés fiscalizadoras.

El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido criticado por su propio vicepresidente, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.

Varios sectores criticaron que el proyecto privilegiaba el desarrollo de infraestructura, para beneficio de las constructoras, mientras desestimaba el combate a la pobreza, que afecta al 59.3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, así como la educación y la salud, cuando la pandemia deja más de 4,000 muertos y casi 120,000 contagios en el país.

Con la suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10,390 millones de dólares.

– “Actos terroristas” –

El sábado, miles de guatemaltecos se manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.

El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar y este lunes cerca de medio centenar de guatemaltecos volvió a pedir la renuncia del presidente frente al antiguo palacio de gobierno, en el centro de la capital, según constató la AFP.

Según Rodríguez, quienes protestaban utilizaron el presupuesto como “el argumento principal para dar sustento y soporte a la manifestación”, que tenía “el objetivo de romper el orden constitucional y lograr acceder al poder”.

El jefe de Parlamento consideró que los hechos contra la sede del Congreso fueron “actos terroristas”.

La fiscal general, Consuelo Porras, en rueda de prensa anunció el inicio de investigaciones por la protesta violenta y la represión policiaca, luego de que una veintena de manifestantes fueran heridos y dos de ellos perdieron el ojo izquierdo presuntamente por balas de goma de las fuerzas de seguridad.

Amnistía Internacional calificó la represión de “sumamente grave” y acusó a las autoridades guatemaltecas de violar “estándares internacionales de uso de la fuerza”, según dijo en un comunicado su directora para las Américas, Erika Guevara.

Por su parte, la ONU pidió que se respeten los derechos fundamentales a la libertad de expresión y reunión pacífica, y consideró necesaria una investigación imparcial e independiente de lo ocurrido en las protestas.

La ONU llamó “a todos los actores a trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta Guatemala por medios pacíficos”, según un comunicado.

En tanto, una agrupación de países y organizaciones formado para dar asistencia a Guatemala, conocido como G-13, expresó este lunes su preocupación por la situación y dijo estar “dispuesto a apoyar el diálogo de cualquier forma posible”. Entre los donantes están Estados Unidos, Alemania y Francia.

Giammattei dijo en un comunicado la noche del domingo que las protestas eran de grupos “minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado”.

– La crisis –

El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos “por el bien del país”, pidió el domingo una investigación tanto de la quema de oficinas del Congreso como el accionar de la policía frente a los manifestantes.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

El Congreso había aprobado préstamos por más de 3,800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de oenegés fiscalizadoras.

El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido criticado por su propio vicepresidente, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.

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