Cadena perpetua para más de 300 militares y civiles que ejecutaron el golpe de Estado de 2016 en Turquía

Un tribunal turco ha condenado este jueves a 333 militares y cuatro civiles a cadena perpetua por su papel en el intento de golpe de Estado de julio de 2016. La decisión se produce después de más de tres años de proceso judicial en la prisión de Sincan (Ankara). Entre los condenados hay varios generales de brigada, coroneles y teniente coroneles, así como los pilotos que, durante la noche del golpe (15-16 de julio de 2016), bombardearon el Parlamento, los alrededores del Palacio Presidencial —donde murieron 15 personas— y varios cuarteles policiales. La sentencia constituye una dura respuesta a ese episodio, que consolidó la deriva autoritaria en el país vecino de la Unión Europea.

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Las abrumadoras cifras de la purga

Los números de la represión tras el intento golpista abruman: según reconocía el ministro de Interior, Süleyman Soylu, el pasado julio, más de medio millón de personas han sido investigadas en relación a la fallida asonada o por su adscripción a la cofradía de Fethullah Gülen, a quien se acusa de instigar la conspiración castrense. De ellos, casi la mitad han sido detenidos y cerca de 100.000 enviados a la cárcel. Aún sigue habiendo cerca de 26.000 entre rejas, bien en prisión preventiva o ya condenados. Contra los golpistas se han cerrado ya 276 procesos judiciales en los que se ha condenado a unos 4.500 imputados, 2.900 de ellos a cadena perpetua.

De forma inconsciente o no, en su primera comparecencia la misma noche del golpe, el presidente Erdogan lo calificó como un “regalo de Dios”. Y efectivamente se convirtió en tal cosa: la asonada militar le facilitó aprobar un draconiano estado de excepción que estuvo vigente durante dos años y le sirvió para iniciar una profunda purga de la Administración con la cual librarse de quienes habían sido sus aliados hasta poco antes, pero ya se habían convertido en enemigos. En principio, las medidas se dirigieron fundamentalmente contra los funcionarios, jueces, militares y agentes de policía gülenistas, así como al cierre de cerca de 3.000 instituciones y organizaciones y 179 medios de comunicación.

Ante la pregunta de muchos observadores internacionales de cómo sabía contra quiénes actuar, miembros de la oposición respondían cínicamente: “porque fue él [Erdogan] quien los puso ahí” durante su década larga de alianza con el movimiento de Gülen. Pero pronto, la purga se extendió hasta alcanzar a cualquier crítico con el Gobierno, incluidos funcionarios izquierdistas, prokurdos o involucrados en luchas sindicales.

En total cerca de 126.000 personas han sido despedidas de la Administración, pero un informe de la comisión que revisó las purgas tras el fin del estado de excepción reconoce que sumando a los funcionarios depurados también los empleados despedidos o que perdieron su trabajo en las instituciones prohibidas y a los estudiantes y cadetes que vieron sus carreras truncadas por las purgas, “el número directo de víctimas sobrepasa las 250.000”. De hecho, abogados que han atendido a los afectados por las purgas denuncian que cualquier tipo de relación con el movimiento gülenista -que llegó a tener hasta un millón de miembros, según algunas estimaciones- puede suponer la muerte civil de una persona, aunque sea simplemente haber inscrito a los hijos en alguna de las famosas escuelas de esta organización religiosa o haber abierto una cuenta en el banco que poseía. En cambio, los cargos políticos que abrieron las puertas de la Administración a la infiltración gülenista siguen haciendo carrera, siempre que hayan jurado lealtad a Erdogan.

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