Johnson se enfrenta a la rebelión del ala dura del Partido Conservador

El primer ministro británico, Boris Johnson, conoce muy bien los mimbres de la rebelión que ahora le toca sufrir. Viene de ese bando. Decenas de diputados conservadores le han negado el beneficio de la duda y han votado en contra de las nuevas medidas contra la pandemia. Exigen un cálculo real de los daños económicos previstos y la imposible demostración de que el remedio no será peor que la enfermedad. Son los mismos que pusieron contra las cuerdas a la ex primera ministra, Theresa May, a cambio de la promesa incierta del Brexit. Esta vez la oposición laborista se ha abstenido, y ha dejado así más claro que la mayoría de Johnson roza la zona de riesgo.

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Downing Street quiere recuperar el control de la fecha electoral

La humareda que ha traído consigo la pandemia ha debilitado al Gobierno de Johnson, pero también ha sido la ocasión perfecta para saldar por la puerta de atrás cuentas pendientes. Downing Street ha registrado este martes en el Parlamento una propuesta para deshacerse de la Ley de Término Parlamentario Fijo. Aprobada durante el mandato del ex primer ministro conservador, David Cameron, la medida imponía una duración inmodificable de cinco años al mandato legislativo surgido de las urnas. Fue una contrapartida exigida por los liberales demócratas, a cambio de su apoyo para formar un Gobierno de coalición. Solo a través de una moción de censura con éxito, o de la decisión de una mayoría de dos tercios de la Cámara, podía adelantarse la fecha de las siguientes elecciones. Una ley con la que se perseguía estabilidad parlamentaria suponía en la práctica arrebatar al primer ministro el poder de convocar a las urnas, y utilizar esa prerrogativa cuando las encuestas le fueran más favorables. Johnson tuvo que contar con los votos de los nacionalistas escoceses del SNP y de los liberales demócratas para convocar comicios el pasado 12 de diciembre y deshacer el nudo gordiano en que se había convertido la interminable batalla del Brexit.
La estratagema del actual Gobierno supone también en sí misma una venganza contra el Tribunal Supremo, que en su momento anuló la decisión de Johnson de suspender durante casi cinco semanas la actividad parlamentaria. En el nuevo proyecto, queda claro que cualquier decisión tendente a disolver la legislatura no podrá ser sometida al escrutinio de los tribunales. Es decir, la prerrogativa del ejecutivo no será “materia justiciable”.
Todo apunta a que esta será la próxima batalla política que se librará en los escaños de la Cámara de los Comunes, porque las primeras reacciones laboristas no se han hecho esperar. Chris Bryant, el presidente de la Comisión Reglamentaria de la Cámara, ya se ha preguntado “cómo es posible que el primer ministro al que se condenó por disolver ilegalmente el Parlamento pretenda esperar que la nación le conceda el poder de convocar, suspender o disolver las Cámaras sin que los diputados digan nada al respecto”. El Partido Conservador incluyó este futuro cambio en su último programa electoral, pero Johnson lo había mantenido congelado hasta ahora.

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