En vivo | Juez conoce solicitud de medida de coerción a imputados en el caso Operación Antipulpo

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Alejandro Vargas, conoce en estos momentos la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de los 11 imputados del caso Operación Antipulpo.

Ayer, cinco de los once acusados habían presentado su defensa en estrado, que fueron Magalys Medina, Rafael Germosén, Fernando Rosa, Freddy Hidalgo y José Dolores.

En el caso de corrupción y desfalco contra el Estado figuran como imputados, Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario y la hermana de ambos, Carmen Magalys Medina Sánchez.

También están Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, al igual que el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro y Wacal Méndez, este último fue apresado este sábado.

Aquiles Cristopher Sánchez, el ex director de fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), a quien el Ministerio Público le imputa ser parte de la red societaria que supuestamente estafó al estado con miles de millones de pesos, declaró este martes que durante su gestión en la esa entidad logró ahorrar miles de millones de pesos al Estado.

Refirió al menos tres compañías que tenían cubicaciones de obras pendientes a su llegada al cargo, cuyos montos habrían logrado reducir tras las fiscalizaciones correspondientes de las ejecuciones.

Una esas empresas sería Andrés & Camila que supuestamente tenía con 23 proyectos con un monto de deuda cubicada superior a los RD$21,000 millones de pesos. Dijo que de un total RD$7,500 millones de pesos que esa empresa reclamaba como cubicación pendiente, ellos comprobaron que no era así, sino al revés, que tenía un negativo de 947 millones.

Otra fue el consorcio Conciviles, representado por una empresa española, que reclamaba RD$3,500 y al final quedó debiendo al Estado unos 922 millones. También había una cubicación pendiente de RD$750 millones por el Merca de Santo Domingo, y que cuando hicieron las evaluaciones, la empresa encargada de la obra quedó debiendo 47 millones de pesos.

Sánchez recordó que llegó al cargo de fiscalizador el mismo día que fue nombrado como director Francisco Pagán, de quien se definió como un amigo y hermano, relación de la que dice sentirse honrado y defendió su ejecutoria y honradez en el desempeño de sus funciones.

Al imputado, el Ministerio Público le solicita prisión preventiva como medida de coerción y le acusa de realizar informes técnicos indicando el recibimiento de obras conforme lo contratado, “cuando ni siquiera existían#”, así como de hacer presupuestos sobrevaluados. Ello, según la acusación, con la finalidad de favorecer a las empresas de Juan Alexis Medina, el hermano del expresidente Danilo Medina, a quien acusa de ser la cabeza visible de la red societaria que supuestamente estafó al Estado dominicano, conforme la investigación que denominan Operación Antipulpo.

Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y acusados en la Operación Antipulpo, declaró este lunes que el Ministerio Público ha embarrado su nombre al señalarlo en el entramado que supuestamente dirige el empresario Alexis Medina Sánchez.

“Estaba solicitando mi pensión y no lo pude conseguir. Hablé con Deligne Ascención (en Obras Públicas) y él me abrió la puerta, pero ahora, qué puerta puedo abrir si ya estamos condenados ante la sociedad. Porque formo parte de una banda de corruptos. Lo único que yo tengo es mi nombre, es lo único que tengo y la Fiscalía lo ha tirado por el suelo, lo ha embarrado y los años que me quedan de vida no podré limpiarlo”, dijo Cristopher Sánchez.

Cristopher Sánchez cuestionó al Ministerio Público: “Yo quiero que me digan dónde están mis activos, dónde está mi dinero”.

El ingeniero alegó que no podía solicitar un pago en la OISOE ni poner precios a las obras, lo que la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso refutó demostrando documentos y que luego Cristopher Sánchez admitió.