Abinader y las reformas

Si bien no es un récord, ni por sí mismo nada garantiza, lo cierto es que luego de más de cien días de gobierno, el presidente Luis Abinader mantiene vivo su discurso de impulsar un conjunto de reformas tendentes a garantizar la lucha contra la corrupción y la impunidad e institucionalizar el Estado Dominicano. A esto se agrega la persecución iniciada por el Ministerio Público, en la llamada “Operación Anti Pulpo” que involucra a dos hermanos del expresidente Danilo Medina y a varios ministros de su gobierno. En este contexto, lo menos que podemos hacer es tomarle la palabra.

Es un significativo punto de avance el anuncio hecho, en su discurso del 9 de este mes, de contratar un cuerpo de abogados para que, como actores civiles, persigan la restitución al patrimonio público de lo sustraído por vía de corrupción. En pocas palabras, se trata de una acción para la recuperación de lo robado al Estado y a la sociedad. Esta es una vieja aspiración de la ciudadanía: Que ningún ladrón de fondos públicos, aun si fuere condenado, luego de salir de la cárcel disfrute de su patrimonio mal habido. Esta medida tiene que ser acompañada del impulso y adopción de una ley de extinción de dominio que permita recuperar los bienes o productos de los actos de corrupción y de otros ilícitos, sin importar quién lo tenga en su patrimonio ni la forma como lo haya adquirido.

Lo que aún no está claro o lo suficientemente expreso en el discurso anticorrupción de Luis Abinader es si esta lucha se va a quedar anclada en los gobiernos de Danilo Medina o si hay la voluntad para extenderla también a toda la corrupción de los gobiernos de Leonel Fernández. Debo repetir que en materia de corrupción hubo una total unicidad en los gobiernos del peledé. En todos se reprodujo el mismo esquema de acumulación económica. Los altos funcionarios y miembros de su comité político tuvieron carta abierta para acumular grandes fortunas valiéndose, de mil formas, de los recursos, negocios e inversiones del Estado. La corrupción fue por tanto un eje transversal a sus 20 años de ejercicio del poder. Al igual la impunidad de que gozaron aun los autores de los casos más descarados y escandalosos de corrupción. Uno de los corolarios de una lucha que se proclama integral contra la corrupción es que no haya privilegios ni corruptos favoritos.

En otro orden, ha sido importante que el presidente abordara en su discurso el tema del barrilito. Expresó que “apoyará a sus legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos”. En realidad lo que corresponde, no es reencauzar sino simplemente eliminar esa aberración para la democracia que son el barrilito y el cofrecito. Se trata de formas de corrupción “legalizadas” por los propios legisladores. La asignación de estos fondos es contraria a la Constitución, en cuanto su finalidad es de brindar asistencia social, lo que es propio del Poder Ejecutivo y, por tanto, no está dentro de las competencias de los legisladores que son: Representar, legislar y fiscalizar.

Además, es más fácil que el Sol salga a la medianoche que sus legisladores “tomen iniciativas” para eliminar el barrilito y el cofrecito. Este asunto funciona de otra manera. La eliminación del barrilito y el cofrecito primeramente es una decisión política. Por eso, la vía de hacerlo realidad es que el propio presidente, utilizando el peso de su liderazgo en su partido, alinee a sus legisladores en la renuncia del barrilito y el cofrecito. Una acción de este tipo dejaría aislada a la minoría de legisladores de otros partidos que lo sigan recibiendo en el Congreso, y terminarían renunciando ante la presión creciente que desataría la ciudadanía en su contra.

El presidente también se ha referido al tema de reformar la Constitución para el fortalecimiento institucional, expresando la necesidad de blindarla. En verdad, la mejor forma de blindar para siempre la Constitución es introducir en su texto la figura de la Constituyente electa por voto popular. Solo así se podrá evitar que cada vez que un presidente o un partido alcancen una mayoría congresual coyuntural por vía electoral, se aventuren a hacer “su” reforma. No olvidemos toda la parafernalia hecha para la reforma constitucional del 2010 para terminar en un texto como el actual que fortaleció el presidencialismo. Esta es una historia repetida desde la fundación de la República. De 39 modificaciones que lleva la Constitución, más de 30 han respon- dido a la ambición de poder de los gobernantes de turno. Eso hizo Hipólito Mejía y, más recientemente, Danilo Medina al modificar la Constitución para introducir la reelección.

Es la constituyente la que le devuelve a la ciudadanía su poder soberano para que , cada vez que sea convocada, pueda darse la Constitución que representa sus reales aspiraciones de reformas y transformaciones. La Constituyente es la vía para sentar las bases en el país del necesario Nuevo Orden Democrático.