La Corte Penal Internacional no investigará por ahora la detención de los uigures en China
Desde el punto de vista técnico, la situación está clara: China no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), que carece por tanto de competencias para investigar la represión sufrida dentro del país por los uigures, la minoría étnica musulmana. La denuncia remitida el pasado julio a la fiscalía por parte de exiliados de esta comunidad, alega la comisión de genocidio y crímenes contra la humanidad por parte del Gobierno de Pekín, a través de una campaña de tortura, esterilización forzosa y vigilancia masiva. En 2019 y 2020, la opresión de los uigures mereció sendas condenas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero la ruta de la justicia internacional sigue cegada porque los delitos señalados ocurren en el interior de las fronteras chinas. Sin embargo, el informe sobre el caso presentado este diciembre por Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, indica que mantendrá el expediente abierto a la espera de recibir más datos. Con ellos en la mano, podría evaluar las deportaciones de uigures a China, en particular desde Tayikistán y Camboya —ambos miembros de la Corte— y ver si cabe abrir una vía para ejercer allí su jurisdicción.
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