No es, lamentablemente, nuevo. Ahora sabemos que los abusos contra los derechos humanos por parte de Frontex, la agencia policial de la UE encargada de controlar las fronteras exteriores, pueden volverse sistemáticos. Y, desde los inicios, evitables, por efecto del deber de diligencia de las instituciones comunitarias. Ya, en 2013, el Defensor del Pueblo europeo ponía en evidencia algunas prácticas turbias de esta agencia. Hoy varias ONG del proyecto Border Violence Monitoring Network publican un informe riguroso, contundente y extenso (1.500 páginas, 900 casos analizados y 12.600 víctimas), sobre la situación dramática de los migrantes y peticionarios de asilo en las fronteras, agudizada por el trato de Frontex. Esta vez, la iniciativa ha contado con el respaldo de casi todos los grupos de izquierda y los Verdes del Parlamento Europeo. El gesto es significativo: no es solo una cuestión de violación de los derechos humanos, sino, más profundamente, de un atropello por organismos de control de la UE, y con ello, un elemento que puede poner en tela de juicio la identidad de Europa, sus valores fundacionales.

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