Comunidad internacional rechaza ley que excluye a la oposición de los comicios en Nicaragua

La comunidad internacional rechazó una ley aprobada por el Parlamento de Nicaragua que excluye del proceso electoral de 2021 a las principales fuerzas de oposición por considerarlas “terroristas” y “golpistas”.

En un comunicado, el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó el martes que la norma constituye “un paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense, alejando el país del Estado de Derecho”.

Borrell dijo que espera que las autoridades nicaragüenses “alineen su legislación” ya que “los ciudadanos deben poder ejercer sus libertades de expresión y asociación de manera efectiva”. También pidió al gobierno propiciar “un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza”.

La norma, aprobada la víspera con los 70 votos del gobernante Frente Sandinista que domina la cámara de 91 diputados, excluye de las elecciones a “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación y que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.

Todos ellos serán “traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”, señala el texto aprobado. El Código Penal castiga hasta con 15 años de cárcel los delitos de “terrorismo” y “traición”.

Ortega ha calificado de “golpistas” y “terroristas” a los opositores que participaron en las protestas sociales que estallaron en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos, cientos de detenidos y unos 100.000 exiliados por la represión estatal, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También este martes, el Congreso de España aprobó una propuesta de ley a instancias del Grupo Parlamentario Popular que “condena clara y rotundamente la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del régimen de Daniel Ortega y la aprobación de leyes que suponen un evidente atropello de los derechos políticos y civiles”.

Los diputados españoles exigieron al gobierno de Managua “el fin de la represión y la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos arbitrariamente encarcelados”, que según la oposición suman al menos 103.

La controvertida ley sandinista fue rechazada por las opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, cuyos líderes trabajan en un plan de reformas con vistas a las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre de 2021.

Se cree que Ortega, de 75 años, se postulará a una tercera reelección para un quinto período presidencial, que sería el cuarto mandato consecutivo desde 2007.

La ley también fue criticada por el gobierno de Estados Unidos a través del subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, quien la calificó de “opuesta a la reforma electoral y otro intento burdo (de Ortega) de mantenerse en el poder”.

“En vez de brindar igualdad de condiciones (Ortega) niega a la oposición la oportunidad de postularse para un cargo (de elección popular) y al pueblo el derecho a elegir a sus líderes”, tuiteó Kozak.

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó al gobierno nicaragüense a “derogar” la norma puesto que “restringe los derechos políticos” e incumple la Carta Democrática Interamericana.

“El intento de concurrir a elecciones impidiendo la participación de quienes legítimamente se ubican en oposición al gobierno es un atentado a los derechos fundamentales”, destacó un comunicado del organismo hemisférico que dirige el uruguayo Luis Almagro.

“La Secretaría General de la OEA llama al gobierno a derogar la ley en cuestión y reitera su llamado a que inicie un proceso con los diversos actores políticos y sociales del país, para emprender las reformas electorales necesarias que garanticen elecciones libres, justas y transparentes”, señaló el organismo.