Los retos que enfrenta la justicia dominicana, según Miriam Germán

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, declaró que la justicia dominicana enfrenta varios retos y aseguró que, para ello, mantiene la firmeza de jugar su papel como investigadora y persecutora de los hechos punibles, dentro y fuera del Ministerio Público.

Dijo que quiere dar otro relieve al sistema de persecución, con una buena instrumentación de los expedientes, pero también haciendo énfasis y atención a las quejas y querellas que formulan los ciudadanos.

Admitió la existencia de algunos problemas con la justicia virtual, porque “debió estar acompañada de la preparación de los actores del sistema para asumir su rol”.

Entrevista

P: Magistrada, si bien es cierto que sus inicios profesionales fueron en el Ministerio Público, ¿cómo ve su paso de ser sancionadora de hechos punibles a perseguir las acciones delictivas, someter a la justicia a sus presuntos autores y defender la sociedad?

R: Este proceso implica un gran cambio de actitud profesional, porque tú, como juez, lo que más haces es escuchar, atender a lo que pasa, no tienes un papel tan activo en la investigación como el Ministerio Público; y después, pasando al Ministerio Público, la función demanda más dinamismo y demanda que se asuma el rol de persecutor como principal aspecto del trabajo del Ministerio Público. Y cuesta un poco hacer la adaptación de muchos años en el papel de juez al de Ministerio Público; puede pasar que muchas veces tú te sorprendas ante una situación pensando cómo piensa un juez, entonces tienes que decir: ¡Oh, pero bueno!, ya yo no soy juez y ahora tengo que asumir la manera de pensar del Ministerio Público.

Yo pasé unos siete años en el Ministerio Público, pero eso fue hace mucho y la norma jurídica era otra, era el antiguo Código de Procedimiento Criminal y ahora estas funciones las asumimos con un nuevo código. Claro, esto me genera algún tipo de ventaja. Yo siempre he dicho que cuando un Ministerio Público está estructurando un expediente, debería alguien de los que lo están examinando asumir como el abogado de la defensa, porque en el juicio el fiscal no va a estar solo exponiendo su teoría del caso, va a estar la defensa que lo va a rebatir y a veces hay defensas que noquean.

P: ¿Cuáles son los principales retos que tiene por delante en esta nueva etapa la Procuraduría General de la República?

R: Eficientizar el trabajo del Ministerio Público y acercarlo a la población; yo siempre he dicho que la persona que se desempeñe como Ministerio Público o juez debe verse a sí mismo como un servidor público; usted no es superior a nadie, usted está desempeñando un rol que implica una visión ciudadana, no es para que usted se comporte como un pequeño Trujillo.

Entre las áreas que he identificado, te puedo citar departamentos como Quejas y Querellas, en donde prevemos proyectar acciones que manifiesten de forma directa esa visión de acercamiento hacia la ciudadanía, que es donde tú tienes la versión directa de la población, pero este enfoque adquiere también relevancia en materia de violencia de género y de niñez y adolescencia.

P: ¿Cómo será encarado el tema de la corrupción en la administración pública y a lo interno del Ministerio Público?

R: Hay un departamento que tiene la facultad de investigar las conductas dolosas atribuidas a un Ministerio Público y tiene la obligación de escuchar e investigar cualquier queja ciudadana.

Hemos reforzado la Dirección de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con más asignación de personal -a cada uno se le agregaron más de 10 fiscales- y con la búsqueda de otros técnicos que no son necesariamente abogados, para consultarlos, por ejemplo, en materia de auditorías forenses.

P: El tema de las cárceles salta cíclicamente a la palestra. La sobrepoblación, la compra y venta de espacios, estupefacientes… También, la planificación de crímenes, como robos, asaltos y sicariatos. ¿Cómo se afrontará ese tema en esta etapa?

R: – Estamos haciendo las gestiones necesarias y tomando las acciones de lugar para que todas las cárceles entren al nuevo modelo de gestión penitenciaria, un sistema de administración con mayor control y mejor educación para los internos. Buscamos superar el pasado para que las cárceles no sean sencillamente almacenes de personas, sino que viabilicen la regeneración social de los privados de libertad. Eso implica grandes inversiones y todos sabemos cómo está el país, pero confiamos en que desde la Presidencia de la República se hará un esfuerzo con la asignación de recursos para esos fines.

En cuanto a los derechos de los internos, aunque reconocemos que los custodios, los militares y policías se ven a veces en la necesidad de recurrir a medidas de disciplina frente a los internos, jamás eso implica que incurran en maltrato físico, porque no lo vamos a permitir.

Hasta ahora y con la intervención que hemos realizado, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria disminuyen sustancialmente los problemas, pero debemos tener en cuenta que el hacinamiento persiste como un gran factor que pesa en contra de su organización interna. A esto debemos sumar que al Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras, aunque se inauguró en el Gobierno pasado, todavía le faltan como mínimo seis meses de arduo trabajo. Entiendo que antes que una prisión de ese tamaño, debieron hacerse varias más pequeñas y en diferentes lugares, porque la ubicación geográfica de esta representa una problemática para los familiares de los internos y hasta para su manejo interior, porque es prácticamente una ciudad.

La solución que estamos aplicando es irla terminando y acercarla lo más posible a lo que debiera ser, pero lo que debió hacerse desde el principio fue construir varias prisiones de capacidad media en diferentes lugares.

P: ¿Cómo valora la justicia virtual y el papel del Ministerio Público?

P: Mira, con la justicia virtual hay algunos problemas, pues no todos los actores del sistema están preparados para manejarse en el entorno tecnológico; incluso, a veces se depende de aspectos básicos como la posibilidad o no de conectarse a la internet o si se interrumpe o no la conexión. Ese proceso debió estar acompañado de una preparación de los actores del sistema para asumir su rol. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia está tratando de lograr eso, pero esa es una creencia mía, por algunas cosas que he visto últimamente.

Esta es una época difícil, por la pandemia de la COVID-19 y yo tengo la esperanza de que la población comprenderá el riesgo de contagio y seguirá al pie de la letra los protocolos sanitarios recomendados para evitar el coronavirus.

Los actores del sistema debemos comprender la emergencia sanitaria y mantenernos siempre usando mascarillas y guardando la distancia física en los tribunales y fiscalías. Aquí, en la Procuraduría General, por ejemplo, aunque mantenemos nuestras puertas abiertas a toda la sociedad, evitamos, en la medida de lo posible y por precaución de carácter sanitario, recibir visitas numerosas u organizar actos masivos.