Biden propone un ambicioso plan para sacar a 12 millones de estadounidenses de la pobreza
En 2008 el presidente Barack Obama plantó cara a la recesión con un importante plan de ayudas valorado en 800.000 millones de dólares (unos 615.000 millones de euros, al cambio de la época). Estados Unidos braceaba entre la crisis de las hipotecas basura y la quiebra de Lehman Brothers como epítome de años de negligencia financiera, y la dotación del programa de estímulos a muchos les pareció exagerada. Pura calderilla comparada con los 1,9 billones de dólares prometidos por el presidente Joe Biden para afrontar la pandemia, cuando el país ha superado los 400.000 muertos. Un órdago que inaugura su política económica con una potencia de fuego colosal, y objetivos tan ambiciosos como sacar de la pobreza a 12 millones de estadounidenses. Aun a costa del endeudamiento, que será inevitable, lo urgente para la nueva Administración es derrotar al virus y la estela de depauperación que le sigue.
No puede decirse que Biden haya incumplido sus promesas electorales, tampoco que haya desoído demandas de los más progresistas de su partido. La subida del salario mínimo federal a 15 dólares la hora, un guiño a estos últimos, o la apuesta por la industria local figuran en este vasto programa de reacción y reconstrucción económica. La clase media -la principal destinataria de sus mensajes preelectorales- será la mayor beneficiaria de las ayudas pandémicas: un billón en cheques directos por valor de 1.400 dólares (más del doble que los 600 dólares aprobados en el último programa de ayuda del Congreso); subsidios de desempleo más generosos, 100 dólares más a la semana con prórroga hasta septiembre; bajas remuneradas para trabajadores que enfermen de la covid-19 y subsidios más amplios para cuidar a los hijos. Otros 440.000 millones se destinarán a apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a comunidades especialmente afectadas por la pandemia.
Además, se destinarán 400.000 millones para combatir directamente la emergencia sanitaria, de manera que pueda acelerarse la distribución de la vacuna y reabrirse las escuelas durante sus primeros 100 días de Gobierno, en los que el veterano político espera puedan ser vacunados 100 millones de estadounidenses. Otros 350.000 millones se destinarán a ayudar a los Gobiernos estatales y locales para salvar los déficits presupuestarios.
El bazuca de Biden se añade al programa de estímulos de 2,2 billones aprobado en marzo y el plan de alivio suplementario acordado en diciembre por el Congreso, tras meses de bloqueo partidista, por valor de 900.000 millones. Prueba de lo excepcional de la situación es la luz verde que Biden ha obtenido de grupos de presión como la Cámara de Comercio de EE UU, que a menudo se opuso a iniciativas económicas de Obama y que ahora no solo no ha obstaculizado los planes del nuevo presidente, sino que ha aplaudido su apuesta “por la vacunación y por sectores y familias que continúan sufriendo” a consecuencia de la pandemia. La positiva reacción de las bolsas -todos los índices de Wall Street batieron récords el miércoles, cuando tomó posesión de la presidencia y firmó sus primeras medidas- corrobora la confianza en sus planes.
A las órdenes ejecutivas anunciadas el miércoles se ha sumado este jueves una completa batería de medidas contra la pandemia, incluido el recurso a la Ley de Producción para la Defensa, promulgada en 1950 como respuesta a la guerra de Corea y que permite movilizar el sector industrial por mor de la seguridad nacional, para agilizar la distribución de equipos de protección personal (PPE, en sus siglas inglesas) entre los sanitarios. Acelerar la distribución de la vacuna, pero también multiplicar las pruebas diagnósticas y producir el resto de material necesario para evitar el contagio, resulta vital. Su equipo de asesores ha identificado una docena de déficits inminentes en materiales indispensables como mascarillas N95 y trajes aislantes. Como al inicio de la pandemia, cuando quedó demostrada la dependencia de la producción china, la economía de la superpotencia se tambalea ante la prosaica acometida de un virus y la ausencia, constatada, de un plan de acción de la Administración saliente. La de Biden tendrá que empezar de cero.
En la primera semana completa de enero 1,15 millones de estadounidenses se apuntaron a las listas del paro, la cifra más alta desde julio, si bien los datos de la segunda semana fueron algo más esperanzadores (solo 900.000); es probable empero que la tasa de desempleo no recupere niveles previos a la pandemia hasta 2023, según la Reserva Federal. La nueva secretaria del Tesoro (o ministra de Economía), Janet Yellen, es precisamente experta en el mercado de trabajo, y el mismo Biden ha dejado clara su intención de crear diez millones de empleos verdes: la idea es aprovechar la coyuntura para reformular el tejido económico del país, con una decidida apuesta por las energías limpias que puede encontrar oposición en los Estados que económicamente dependen de la industria petrolera o el fracking, o fracturación hidráulica. Biden empieza a lo grande, como demuestra el hecho de haber revocado, vía orden ejecutiva, el permiso del oleoducto Keystone XL nada más pisar la Casa Blanca. El proyecto energético, una inversión de 9.000 millones aprobada por Trump, se convirtió la pasada década en símbolo de la pugna y polarización ecológica y política del país.
En otros ámbitos el demócrata no se alejará de la tendencia autárquica de su predecesor. Es el caso de la industria manufacturera, que tendrá un papel preponderante en su agenda. El Made in America del demócrata recuerda, en sordina, el America first de Trump, un nacionalismo económico que también caracteriza los programas de mandatarios como el indio Narendra Modi o el turco Recep Tayyip Erdogan. “Imaginen un futuro hecho en América. Usaremos los dólares de los contribuyentes para reconstruir América. Compraremos productos americanos, apoyando millones de empleos en el sector de la manufactura”, anunció el jueves pasado, en un sutil alarde de populismo que recuerda las proclamas de Trump.
Pero el aliento de la justicia social define su programa, no solo por el incremento del salario mínimo, también por su decisión de prorrogar los bonos de comida durante todo 2021 y la protección a los inquilinos amenazados de desahucio, ampliando la moratoria hasta septiembre, en otro guiño a los progresistas. Sus ambiciosas medidas han sido calificadas por prominentes republicanos como “demasiadas, y demasiado rápidas”, y la incógnita sobre la viabilidad de las mismas recae a la hora de la tramitación legislativa en la facción más moderada de los demócratas, tradicionalmente cauta en política económica y sobrepasada ahora por la audacia de un plan sin parangón desde el impulso histórico del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt en la era de la Depresión. Limitado por mayorías muy reducidas en cada Cámara, Biden deberá pelear hasta el último voto cada una de sus medidas, pero la melodía suena convincente: crear empleo y atacar la pobreza para estimular el crecimiento y reducir el déficit. Una tarea ardua, con riesgos de Sísifo, pero nadie espera que seguir siendo una superpotencia en tiempos de pandemia sea pan comido.
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