Una investigación sobre un piloto acusado de colaborar con la dictadura argentina salpica a la Casa Real holandesa
Una mujer sin identificar llamó en 2007 al fiscal Roelof-Jan Manschot, entonces vicepresidente de Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial. “¿Es necesario abrir un proceso judicial contra el piloto argentino? Porque es un asunto doloroso para Máxima”, le dijo al teléfono. Nacida en Argentina, Máxima, hoy reina consorte de los Países Bajos, era princesa de Orange, y a Manschot le pareció inadecuada la pregunta. Sin ocultar su malestar, respondió que mucho más penoso debió ser “para las víctimas que fueron lanzadas al vacío desde aviones, y para sus familias”, y algo así debía ser analizado a fondo. El piloto al que se refería la desconocida interlocutora es Julio Alberto Poch, de 68 años, originario de Buenos Aires y también con nacionalidad holandesa, teniente de la Armada de su país durante la dictadura militar (1976-1983). En su empleo posterior como aviador de Transavia, la compañía aérea holandesa, supuestamente alardeó de haber tripulado varios de los vuelos de la muerte, utilizados para asesinar a los disidentes arrojándolos al mar, y los Países Bajos indagaba si era cierto.
Poch fue detenido en España en 2009, pasó ocho años en prisión preventiva en Argentina hasta su absolución en 2017 por falta de pruebas, y pide una indemnización de cinco millones de euros al Estado holandés porque afirma que facilitó su detención. La comisión encargada por el Ministerio de Justicia en 2019 de analizar el papel de las autoridades en su caso ha concluido esta semana que hubo un intento de influir en la investigación, “posiblemente” desde el entorno de la Casa Real. Fuentes de la institución lo niegan.
La mujer anónima le dijo a Manschot que formaba parte del Gabinete de la Reina, y cuando él demandó si detrás de la llamada estaba “Su Majestad” –Beatriz, la madre del hoy rey Guillermo– la respuesta fue que no. A continuación, le explicó que habían hablado del piloto “en nuestro círculo”, donde se dudaba de si valía la pena ocuparse del tema. El fiscal no le pidió su nombre a la desconocida y tampoco tomó notas de la conversación porque pensó que se trataba de una broma pesada. La comisión de investigación recoge con detalle el incidente e indica que no ha podido confirmarlo con el actual Gabinete del Rey. Por su parte, el Servicio de Información de la Casa Real ha asegurado que los reyes y la ahora princesa Beatriz “no han intervenido en modo alguno en este asunto”.
Pocos meses después de la mencionada conversación, un fiscal holandés indicó en una nota interna que no entendía la cancelación de un viaje a Argentina para indagar la veracidad de las declaraciones de Poch sobre los vuelos. Luego fueron retirados varios detectives adscritos al caso. La comisión no sabe si ello pudo deberse a intereses de la Casa Real, pero prefieren no especular. “No tenemos indicación alguna de que se frustrara la investigación”, aseguran sus portavoces.
En 2007, Máxima llevaba cinco años casada con Guillermo y había superado el rechazo que su padre, Jorge Zorreguieta, subsecretario de Agricultura durante la Junta del general Jorge Videla, suscitaba en el Parlamento holandés. El progenitor siempre negó saber algo de los desaparecidos, y el informe encargado por el Gobierno holandés antes de la boda real concluyó que si bien “era inconcebible” que ignorara la represión de la dictadura militar, se mantuvo al margen de las violaciones de los derechos humanos.
Como ya ocurrió con el escándalo de la retirada de las ayudas familiares que tumbó en enero al Gobierno de centroderecha, el caso de Julio Poch muestra la mala comunicación entre el Gabinete y el Congreso. En 2020, el Ministerio de Justicia reconoció que no había remitido un documento a la Cámara porque era “un escrito interno relativo a las relaciones diplomáticas entre Argentina y los Países Bajos que no suele enviarse”. Según el programa Nieuwsuur, de la televisión pública, este documento revela las deliberaciones entre ambos países tres semanas antes del arresto del piloto. No hay tratado de extradición entre Argentina y los Países Bajos, y como Julio Poch posee también un pasaporte neerlandés, detenerlo era un problema. Al final, se ideó una fórmula que consistía en proporcionar a las autoridades argentinas los datos del último vuelo antes de su jubilación, en 2009, con destino a Valencia. Buenos Aires había emitido una orden internacional de arresto, y una vez en España, que sí tiene acuerdo de extradición, pidió su entrega.
Cuatro meses después, Poch dijo que aceptaba regresar a su tierra natal para poder defenderse, y sigue afirmando que no hizo en primera persona unos comentarios sobre los vuelos de la muerte durante una cena en Bali con otros colegas. Tres de ellos, sin embargo, declararon “por responsabilidad” ante los jueces lo que habían oído. Luego dijeron que se habían sentido utilizados por los fiscales de ambos países. Poch también calificó de vergonzoso que la Fiscalía argentina le hubiera acusado “sin investigar los hechos y sin pruebas en su contra”. Este lunes, la comisión investigadora certificó que proporcionar los datos de su vuelo a Valencia no equivale a una extradición encubierta, y todos los pasos dados por los Países Bajos son legales. Asimismo, dice que el ministro de Justicia en 2009, Ernst Hirsch Ballin, no ejerció influencia política.
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