Los procesos a expresidentes en América Latina, un desafío para la credibilidad de la justicia

Unos enarbolan los valores de la justicia. Otros, los afectados y sus seguidores, solo hablan de persecución. En medio, mucho ruido y unas instituciones que a menudo quedan en entredicho. De México a Argentina, pasando por Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú o Colombia, dejar el poder en América Latina supone de forma casi automática acabar en el banquillo. Cada caso es distinto, así como lo es el alcance de las investigaciones o la gravedad de las imputaciones, pero el fenómeno es transversal y plantea un debate en torno a la independencia judicial, la impunidad y las interferencias de la política.

La reciente anulación de las condenas de Lula da Silva en Brasil, confirmadas esta semana por la Corte Suprema, es el último ejemplo de una tendencia que pone a prueba, o mina en el peor de los casos, la credibilidad de los tribunales. La premisa general es, en toda la región, el arraigo de la corrupción que durante décadas ha convivido con los estamentos de poder y carcomido el sistema. Y que ha socavado la confianza de unas sociedades que, cada vez más divididas, acaban entregándose a sus convicciones políticas dando la espalda al Estado de derecho. Estos son los principales escándalos judiciales que afectan o han involucrado a los expresidentes latinoamericanos.

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Brasil

La prisión —y posterior anulación de la condena— del expresidente Lula da Silva expuso a la justicia brasileña ante el mundo. Lula, según la operación Lava Jato, era el mayor beneficiario de un entramado de corrupción que se instaló en Petrobras. La pena de cárcel en su contra fue exhibida en 2018 como un trofeo por la investigación, que sacudió la política del país durante cuatro años. En 2021, es el líder del Partido de los Trabajadores quien pone contra las cuerdas el caso, tras la revelación de un centenar de mensajes que revelan una colaboración entre la Fiscalía y el juez del caso, Sergio Moro, para condenar a Lula.

La Lava Jato perdió fuerza y prestigio. El presidente Jair Bolsonaro tampoco bramó contra el fin de la operación. Las investigaciones sobre lavado de dinero en contra de su hijo senador, Flavio Bolsonaro, han llevado el presidente a abandonar el discurso que le hizo ganar las elecciones. “Yo le puse fin a la Lava Jato porque no hay más corrupción en el Gobierno”, dijo el mandatario el pasado mes de octubre. Un giro en la trama del político que ganó las elecciones tras convencer a los brasileños que luchaba contra los desvíos del poder, a punto de invitar al juez Moro a ser su ministro de Justicia. Moro dejó la magistratura y al cabo de poco más de un año, dejó el Gobierno acusando al presidente de influir en la Policía Federal.

Hoy, Bolsonaro se aferra a su cargo rodeado de aliados en el Parlamento investigados por Lava Jato. La operación que agitó la política brasileña surgió en la estela de otro gran caso judicial, el llamado escándalo del mensalão (una red de sobornos a parlamentarios para que apoyasen proyectos del Ejecutivo en 2005, durante el primer Gobierno de Lula), y está lejos de ser la primera en caer a manos del Tribunal Supremo Federal.

La longevidad de la Lava Jato hizo creer que tendría un destino diferente al de otras operaciones judiciales que acosaron a empresarios y políticos, siempre anuladas por cuestiones técnicas. El sentimiento de impunidad se vio interrumpido por el juicio del mensalão, en que varios políticos del PT fueron presos, pero Lula no fue acusado. Fue durante las decenas de sesiones del juicio de mensalão en 2012, todas televisadas en directo, que la población empezó a conocer a los ministros de la Corte Suprema por su nombre.

La influencia del poder judicial en la política brasileña se hizo patente en seguida con la operación Lava Jato que empezó en 2013. Los magistrados del Supremo pasaron a rebatir las decisiones del Ejecutivo con sentencias expresadas y señalamientos de juicios politizados.. A menudo, los jueces conceden entrevistas para mandar sus recados a la sociedad.

México

En México, la cruzada contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y su entorno se ha ido estrechando conforme la Fiscalía revisa el sexenio en el poder del hombre que estaba llamado a renovar el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México ininterrumpidamente por más de 80 años y hasta el año 2000. La ficha clave por la que empezó a caer el dominó de actos de corrupción por los que se ha señalado al exmandatario y a su entorno es Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex y quien fuera su jefe de campaña.

El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, tras una reunión en Washington en noviembre de 2012.Chip Somodevilla / GETTY

A Lozoya, quien fue extraditado de España en agosto pasado, se le ha acusado de ser el cerebro de la red de sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht en México. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, confesó que se repartieron maletas de dinero de la empresa para la campaña electoral. Dijo también hubo sobornos para que varios diputados apoyasen la reforma energética con la que Peña Nieto quería abrir el sector a empresas privadas. El expresidente, que en la actualidad vive en Madrid, no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra. Por el momento, la Fiscalía sólo ha pedido la detención del que fuera su ministro de Hacienda y después de Exteriores, Luis Videgaray, por ese caso pero ha dejado claro que el exmandatario los utilizó tanto a él como a Lozoya como “instrumentos”.

Otros ministros de su gabinete han caído en manos de la justicia. Rosario Robles, quien estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, está encarcelada de manera preventiva por su supuesta implicación en la megatrama de corrupción conocida como La Estafa Maestra, un desfalco millonario de fondos públicos. Y a finales del año pasado cayó también el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico. En ese caso, tras una inédita extradición a México, fue exonerarlo.

Frente a las evidencias cada vez más fuertes que relacionan a Peña Nieto y su entorno con diferentes delitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una polémica consulta popular, que ya ha sido respaldada por la Suprema Corte, para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes.

Argentina

La Justicia no tiene buena imagen en Argentina. Su credibilidad cayó por debajo del 8%, menos de la mitad que una década atrás, según los últimos datos del Observatorio de la Democracia Social Argentina. El Gobierno, lejos de frenar su descrédito, arremete contra un Poder Judicial al que acusa de estar politizado. Acaba de ganar una partida: la Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó el martes a Cristina Fernández de Kirchner y a los acusados en la causa denominada “dólar futuro”, una de las más débiles abiertas contra la exjefa de Estado argentina (2007-2015) y actual vicepresidenta. Para la oposición, los cambios que persigue el Ejecutivo tienen un único objetivo: garantizar la impunidad judicial de Fernández de Kirchner.

“En marzo o abril de 2018, cuando ni pensaba en ser candidato, condenaron a Lula en Brasil, donde el juez (Sergio) Moro y los fiscales inventaron un caso para involucrarlo. Escribí una nota que se llamó ArgenLula para mostrar las similitudes con lo que pasaba en aquel momento en Argentina”, dijo en declaraciones radiales la semana pasada el presidente, Alberto Fernández.

“No tengo dudas de que acá pasó algo que nunca había pasado: que el Poder Ejecutivo utilizó a la Justicia para perseguir a los opositores. No tengo ninguna duda. Y así pasó con Lula, que se encontraron los emails entre el juez Moro y los fiscales en los que los apuraba para los fallos para que no fuera candidato. En la Argentina están apareciendo cosas como esas: llamados, cruces telefónicos y los emails en los que convocaban a la mesa judicial, que el ex presidente reconoció que existía”, continuó el presidente en referencia a la publicación de supuestos encuentros del entonces presidente, Mauricio Macri, con jueces que tenían en sus manos una causa contra un grupo empresario afín al kirchnerismo.

De prosperar la reforma judicial que promueve el Gobierno, se diluirá el poder de los jueces federales: de los 12 magistrados actuales pasarán a ser 46. En este fuero están las grandes causas contra Fernández de Kirchner, acusada de asociación ilícita, lavado de dinero, encubrimiento y administración fraudulenta, entre otros presuntos delitos.

Una protesta en Buenos Aires contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en agosto de 2020.
Una protesta en Buenos Aires contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en agosto de 2020.AGUSTIN MARCARIAN / Reuters

La vicepresidenta niega las acusaciones en su contra y se declara una perseguida judicial, una tesis avalada también por el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria. “Ella, que no tuvo nada que ver, que es inocente, que fue acusada mediática, judicial y políticamente porque eso es el lawfare, quiere que sea la misma justicia la que la libere de culpa y cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada”, ha dicho Soria.

Algunas de las causas judiciales contra la vicepresidenta parecen tener una base poco sólida, pero no así aquellas que investigan el rápido enriquecimiento de la familia Kircher durante sus 12 años en el poder. Sin embargo, es evidente que las causas vinculadas a los altos cargos políticos toman brío o se ralentizan según quien esté en la Casa Rosada, lo que aumenta el desprestigio de los jueces a ojos de una ciudadanía también muy polarizada.

Perú

Para entender el problema de la corrupción de Perú basta decir que seis de los siete últimos presidentes del país están siendo investigados. Pero no solo eso. El sistema judicial, se entiende que encargado de ponerle el collar al perro, también se vio envuelto en 2018 en un escándalo que destapó una mafia sistémica que incluían el pago de sobornos a cambio de sentencias judiciales y el nombramiento irregular de jueces y fiscales. La sombra del delito amenaza todo el sistema institucional de un país en el que casi un cuarto de la población no tiene acceso a agua potable y vive en la pobreza, pero la corrupción es percibido como el primer problema nacional.

Alberto Fujimori (1990-2000) está preso por corrupción, además de por crímenes contra los derechos humanos. Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynsky (2016-2018) están acusados por prácticas ilegales con la constructora brasileña Odebrecht, un caso que también acorraló a Alan García (2006-2011), que se suicidó cuando iba a ser detenido. Martín Vizcarra (2018-2020) está siendo investigado por pagos irregulares. Solo Valentín Paniagua, presidente interino entre 2000 y 2001, se salva de estar bajo la lupa judicial.

En medio de este escenario, que habría que extender a congresistas y alcaldes, la justicia ha actuado con dureza contra los exmandatarios afectados por el caso Odebrecht, cuyos efectos en la política peruana se empezaron a conocer en 2017. Con todas las investigaciones aún en marcha y sin condenas en firme, Toledo ha estado preso en EE UU y está pendiente de una orden de extradición, Humala estuvo en prisión y Kuczynsky permanece bajo arresto domiciliario.

El sistema judicial, mientras las investigaciones siguen su curso, sigue pendiente de una reforma que la inestabilidad política mantiene en pausa y que estará en manos del próximo presidente que salga elegido de las urnas.

Colombia

La combinación de las palabras ”dirigente político” y “justicia” en Colombia suele dar el mismo resultado: Álvaro Uribe. El expresidente ha concitado a partes casi iguales veneración y odio entre la población. Sus seguidores le ven como una víctima de la persecución y el resto de los colombianos, no necesariamente adversarios o detractores, desean que se despejen las sombras en torno al hombre que gobernó durante una de las etapas más oscuras de la guerra con las FARC, hoy extintas con la salvedad de pequeños grupos de disidentes.

Bajo sus dos mandatos, entre 2002 y 2010, las fuerzas militares cometieron más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, es decir, asesinatos de civiles presentados después como guerrilleros caídos en combate a cambio de beneficios. La cifra corresponde al cálculo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en febrero triplicó la estimación conocida hasta ese momento, elaborada por la Fiscalía.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, durante una conferencia en Miami (Florida) en mayo de 2016.
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, durante una conferencia en Miami (Florida) en mayo de 2016.Leigh Vogel / Getty

El caso que llevó a Uribe al arresto domiciliario el pasado mes de agosto se enmarca en ese contexto histórico, pero tiene que ver con la supuesta manipulación de testigos en un proceso sobre paramilitarismo que se inició en 2012. La acusación del dirigente izquierdista Iván Cepeda buscaba demostrar vínculos del exmandatario con grupos paramilitares. Este le denunció a su vez por supuesto complot, pero la justicia acabó archivando esa causa y abrió otra investigación a Uribe. La instrucción pasó por la Corte Suprema, pero tras su detención el expresidente, que tenía una curul en el Senado, decidió renunciar a su cargo y así perdió el aforamiento. El caso fue remitido así a la Fiscalía, que a principios de marzo pidió a la justicia desestimar todo el expediente. Desde entonces, un juez examina si archiva la investigación o llega a juicio.

Más allá a de las repercusiones jurídicas, el caso Uribe, al igual que su figura política, lleva años dividiendo al país. Colombia acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo y el camino a la reconciliación pasa por el principio de búsqueda de la verdad. La gravedad de las sospechas generadas en torno al exmandatario y de las acusaciones en su contra tiene que ver precisamente con el dolor de la guerra y con el anhelo de amplísimos sectores de la sociedad de poder pasar página.

El actual mandatario, Iván Duque, le ha defendido de forma constante. Como él, rechazó sin matices acuerdos de paz alcanzados por Juan Manuel Santos que llevaron a la desmovilización de las FARC. Uribe no está dispuesto a admitir ninguna responsabilidad. La justicia está a punto de determinar su futuro.

Ecuador

Fue uno de sus primeros mensajes al conocer los resultados de las elecciones, el pasado domingo, y lo repitió el lunes en su primera comparecencia. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, prometió que no habrá persecución. “Eso se ha terminado”, afirmó el veterano dirigente conservador. El pronunciamiento en sí sería insólito en condiciones de normalidad, así como lo sería preguntarle al respecto en una rueda de prensa. Pero el país andino tiene un antecedente muy reciente.

El expresidente Rafael Correa es aún una de las figuras más influyentes de la política ecuatoriana, pero ejerce ese poder desde el exterior por sus problemas con la justicia. En los últimos cuatro años los tribunales llegaron a acumular una decena de causas en su contra y finalmente el año pasado el impulsor de la llamada “revolución ciudadana” fue condenado por cohecho. Correa reside en Bélgica, el país de su esposa, y en una entrevista con EL PAÍS aseguró que no le dejan regresar por miedo a que vuelva a presentarse y gane las elecciones.

Las investigaciones se abrieron cuando dejó el poder, en 2017, y pasó el testigo a su delfín, Lenín Moreno. Moreno, que entregará el poder en mayo a Lasso, ganó esos comicios porque se presentaba como candidato del correísmo. Pero una vez instalado en el Palacio de Carondelet rompió Correa, de quien había sido vicepresidente. Correa se negó a volver al país para no enfrentarse a un proceso que considera eminentemente político. Y optó por seguir jugando en ese mismo terreno. Logró impulsar una candidatura, encabezada por Andrés Arauz, quien ganó con holgura la primera vuelta de las elecciones en febrero, pero no logró imponerse ante Lasso.

Con estas premisas, aunque el presidente electo ha asegurado que no habrá persecución, el regreso Correa se complica porque, en cualquier caso, la justicia seguirá su curso.

Bolivia

La última gobernante de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida hace un mes junto a otros representantes del gabinete interino que presidió durante un año tras llegar al poder en medio de una convulsión social y tras el derrocamiento de Evo Morales. El líder indígena renunció entre acusaciones de fraude en las elecciones de octubre de 2019. Lo hizo al perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Acto seguido, el expresidente abandonó el país, fue acogido en México y después se asiló en Argentina. Una de las primeras acusaciones que el Gobierno provisional de Áñez presentó contra Morales fue “sedición y terrorismo”. El político no volvió hasta que el pasado octubre su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), ganó de nuevo las elecciones y recuperó el poder. La expresidenta se encuentra hoy detenida preventivamente bajo esos mismos cargos: “sedición y terrorismo”.

La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez ingresa a un centro penitenciario en La Paz, el 15 de marzo de 2021.
La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez ingresa a un centro penitenciario en La Paz, el 15 de marzo de 2021.Stringer / EFE

Este círculo describe no solo una actuación de la justicia cuestionada por varios organizaciones como Human Rights Watch (HRW); es también la fotografía de una sociedad rota y de una clase política que prioriza la revancha a las urgencias reales del país. El presidente Luis Arce aseguró a EL PAÍS tras triunfar en las urnas que no buscaba venganza. “No queremos revancha en Bolivia, hay muchas cosas por hacer”, afirmó. El político, con una trayectoria más pragmática que Morales, pasó de esas declaraciones a defender que la detención de Áñez no es ni una venganza ni un gesto de “odio”. “Lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia”, dijo.

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