Regiones únicas para el desarrollo

La última década ha sido testigo de la aspiración Constitucional de situar la región como la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional, tal y como lo establece el artículo 196 de la Carta Magna. Una aspiración que busca revertir el modelo de concentración histórico impregnado en la República Dominicana el cual ha empujado a que una gran parte de la población emigre desde sus comunidades de origen hacia los dos principales centros urbanos (Gran Santo Domingo y zona metropolitana de Santiago), o busque refugio en los polos de desarrollo que le ofrecen un trabajito para subsistir.

Sin embargo, esta norma constitucional no ha podido ser implementada en nuestro país, lo cual ha acentuado la falta de organización institucional, continúa impulsando la concentración de recursos en pocos lugares, desalienta la esperanza de la población oriunda de las zonas mas alejadas de las metrópolis y a su vez no permite trazar una visión acorde a las potencialidades y necesidades del territorio, que acerque el oído gubernamental a la voz que clama en cada comunidad.

La organización territorial de nuestro país establece dos niveles de gobierno, el gobierno de la nación el cual se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial (Constitución RD, Art. 4) y el gobierno local, gerenciado por los Ayuntamientos los cuales son definidos como la entidad política administrativa básica del Estado dominicano (Ley 176-07, Art. 2), articulados a las Juntas de Distrito Municipal como órgano desconcentrado del ayuntamiento del municipio (Ley 176-07, Art. 7).

Sin embargo para gestionar políticas públicas que impacten a la gente se requiere de una figura intermedia entre estos dos niveles de gobierno que garantice el equilibrio de las acciones e iniciativas en todo el territorio dominicano, buscando mejorar la calidad de vida de la población sin importar el lugar donde resida; mejorando la oferta de servicios básicos que se encuentran vinculados a sus asentamientos humanos, fomentando la creación de oportunidades y garantizando que sin importar donde hayas nacido, puedas tener acceso a sistemas de educación y salud de calidad.

Esto contribuirá a que el Poder Ejecutivo consolide el nuevo enfoque implementado para la territorialización de las políticas públicas, el cual permita colocar la oferta sectorial establecida por cada institución gubernamental en una misma parrilla geográfica con el fin de elevar los niveles de habitabilidad básica de la población, acción que fomenta la cohesión territorial en todo el país.

Para estos fines se necesita que el compromiso establecido por el Estado en el año 2012, con la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se haga realidad y se aprueben las bases para impulsar la transformación institucional que requiere la nación. El marco jurídico establecido en el Art. 32 de la Ley 1-12 el cual establezca las regiones únicas de planificación, es la tarea pendiente para que el Congreso de la República defina las bases de este cambio en el modelo de articular y formular las políticas públicas. Todo esto en el ánimo de contribuir a que nuestra gente viva mejor y que la siguiente generación coseche los frutos de esta nueva apuesta por el desarrollo territorial.

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