Carlos Ruiz Massieu: “La asunción de crímenes de guerra por las FARC en Colombia es un hito histórico”
El diplomático mexicano Carlos Ruiz Massieu (Acapulco, 49 años) cree en el poder sanador de la verdad. Su experiencia con las víctimas del conflicto que enfrentó al Estado colombiano con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre 1960 y 2016, le ha convencido de que “la entrega de las armas” no cierra heridas en ausencia de “justicia, verdad y reparación”. Tras 25 años como diplomático en su país y en Naciones Unidas, Ruiz Massieu es desde 2019 el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, cuyo mandato es vigilar que el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC se cumpla. Durante una entrevista este martes con EL PAÍS en la sede de Casa de América en Madrid, el representante de la ONU destacó que el pacto ha entrado en una fase “crucial” para la reconciliación nacional en razón de un “hito histórico”: el reconocimiento por parte de los exlíderes de la guerrilla de crímenes de guerra y contra la humanidad por el secuestro de 21.000 colombianos. La antigua cúpula de las FARC asumió esos crímenes en abril ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional previsto en el acuerdo.
Pregunta. ¿Qué trascendencia tiene este reconocimiento cuando ese tribunal no prevé penas de cárcel?
Respuesta. Estamos ante un hito histórico que responde a una expectativa de la sociedad y del país y satisface a las víctimas, que reclaman conocer la verdad y ser destinatarias de una [petición de] perdón sincero. La aceptación de los hechos cometidos es crucial porque este acuerdo de paz se centra en que las víctimas obtengan verdad, justicia, reparación y no repetición de los crímenes.
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P. ¿Es suficiente?
R. Cada víctima procesa de forma individual su dolor y hay que respetar también a quien no puede pasar página. Hay víctimas que solo quieren saber, conocer qué pasó con su familiar en el caso de los desaparecidos. Otras necesitan una petición de perdón y hay otras víctimas que lo que quieren es la no repetición. Ni siquiera aspiran a una reparación. Ese llamado para que otros no vivan lo que ellas han vivido es la materialización de su generosidad: ya no es para ellas, es para sus hijos, para todos los colombianos. La obligación de quienes contribuimos a este proceso no es solo mirar hacia atrás sino, sobre todo, que el futuro en Colombia se aleje de lo que vivieron las víctimas. La justicia prevista por el Acuerdo de Paz es más reparadora que punitiva.
P. Los detractores del acuerdo creen que se ha intercambiado paz por impunidad.
R. La justicia transicional del acuerdo derriba el falso dilema de que hay que sacrificar la justicia para obtener la paz. Se llega a un acuerdo de paz y se aplica una justicia que a la larga será más beneficiosa para el país porque insiste en la reconciliación más que en elementos punitivos.
P. El Gobierno de Iván Duque trató en vano de modificar el estatuto del tribunal de paz.
R. Lo importante es que, una vez que el Congreso colombiano determinó que la ley no se modificaba, el Gobierno respeta el trabajo del tribunal.
P. La JEP eleva a 6.400 los “falsos positivos” [civiles asesinados por militares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate]. Duque no ha reconocido la responsabilidad del Estado aunque sí lo ha hecho su predecesor, Juan Manuel Santos.
R. El expresidente Santos [ministro de Defensa con los Gobiernos de Álvaro Uribe, entre 2002 y 2008, cuando se cometieron la mayor parte de esos asesinatos] compareció ante la Comisión de la Verdad, que no tiene carácter jurídico vinculante. El presidente de la Comisión [el sacerdote Francisco de Roux] invitó también al expresidente Uribe, que no aceptó comparecer ante la comisión pero sí reunirse con el padre Roux.
P. Uribe niega su responsabilidad.
R. Así es.
P. ¿Persisten las causas de la violencia en Colombia?
R. Persisten denominadores comunes en zonas donde hay niveles altos de violencia: la presencia de grupos armados, la limitada presencia estatal, las escasas oportunidades de desarrollo, y las actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. A largo plazo es necesario incrementar la presencia integral del Estado como una respuesta estructural a los problemas de seguridad. A corto plazo, necesitamos seguir protegiendo a quienes siguen bajo amenaza.
P. ¿Como los 276 exguerrilleros asesinados desde 2016, según la ONU, o los 49 defensores de derechos humanos muertos en tres meses de 2021?
R. Muchos excombatientes han liderado programas de sustitución de cultivos ilegales [especialmente, la hoja de coca] que son parte del acuerdo, por lo que están amenazados por narcotraficantes. Otras veces se trata de ajustes de cuentas. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por su parte, desafían el orden establecido y eso incluye a los grupos armados. En el caso de las defensoras, están también amenazadas por ser mujeres. Cuando son indígenas, reúnen su liderazgo, el ser mujer y su condición de indígenas, lo que también sucede con las poblaciones afrocolombianas. El tema de la seguridad es el más apremiante de la aplicación del acuerdo de paz.
P. ¿Qué le parece a la ONU la gestión de las manifestaciones que empezaron el 28 de abril contra el Gobierno?
R. Naciones Unidas y otras instituciones registraron denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la fuerza pública, así como actos de vandalismo de grupos que aprovecharon una protesta en general pacífica para alterar el orden público. Esperamos investigaciones que sancionen a quienes hayan cometido esos excesos en ambas partes. El deber de la fuerza pública es proteger a la ciudadanía.
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