El Minerd lleva a Contrataciones Públicas ante el TSA e invita a suplidores a unirse

El pasado lunes 26 de julio fueron convocados al Ministerio de Educación (Minerd) suplidores que hace ocho meses ganaron 56 lotes en un procedimiento de excepción de urgencia para adquirir 752,000 dispositivos informáticos para la comunidad escolar.

La cartera educativa procuraba su apoyo a la decisión de la institución de presentar solicitudes de medidas cautelares ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) referentes a esa licitación, que considera “desbordan” las competencias de dicho órgano rector.

La reunión, de la cual tuvo conocimiento Diario Libre, fue convocada por la directora de Litigios de la Dirección Jurídica del Minerd, Enércida Cuevas Florentino, y participaron al menos 20 suplidores, quienes están impedidos de continuar con el proceso contratado, pues las decisiones de la DGCP han dispuesto la anulación de la adjudicación de casi todos los lotes de netbooks, laptops y tabletas que contrató el Minerd en diciembre de 2020 por RD$10,324.4 millones.

El encuentro fue dirigido por el abogado Juan Manuel Guerrero, quien junto al consultor jurídico del Minerd, Gilberto Sánchez Parra; Gilbert de la Cruz Álvarez y Julián Gómez Mencía, representan legalmente a la institución estatal ante el TSA, mediante el despacho de abogados Fermín & Guerrero.

El Minerd considera que la DGCP “se desbordó” en su competencia al ordenar en varias resoluciones la anulación de casi todos los 56 lotes. Así lo asienta en varias solicitudes de medida cautelar anticipada presentadas la semana pasada ante el TSA para que se suspendan los efectos ejecutorios de las decisiones de Contrataciones Públicas, hasta tanto se decida un recurso contencioso-administrativo que interpondrá contra la referida actuación.

Fue el 16 de noviembre de 2020 cuando el Minerd convocó a participar en el proceso de Excepción de Urgencia para la Adquisición de Dispositivos Tecnológicos para la Ejecución del Plan Nacional “Educación para todos preservando la salud”, año escolar 2020-2021, un periodo en el que la docencia fue a distancia por la pandemia del COVID-19.

Un mes después, mediante el acta 48-2020, aprobó la adjudicación de 56 lotes que sumaron 752,000 equipos para ser distribuidos entre profesores y estudiantes.

Pero el proceso de urgencia generó inconformidad en varias empresas y sus directivos impugnaron el acta de adjudicación. El Minerd rechazó varias de esas reclamaciones y, en consecuencia, los afectados acudieron a Contrataciones Públicas para que revisara dicha decisión como órgano rector.

Tras conocer los recursos jerárquicos presentados, la DGCP, en cuatro resoluciones adoptadas en junio pasado, ordenó la anulación de 45 lotes que comprenden 639,000 equipos adjudicados por un total de RD$9,354.9 millones. En consecuencia, indicó que corresponde emitir un nuevo acto de adjudicación, con las modificaciones pertinentes, para ponderar las ofertas en los lotes correspondientes de las empresas recurrentes Aplex Security Solutions, Inversiones Hizamar, García Tejera & Asociados y Tenedora Gaboc.

El órgano rector determinó que, al margen de la ley, el Comité de Compras y Contrataciones del Minerd excluyó las ofertas de las dos primeras, y de las otras dos excluyó sus ofertas económicas.

El 7 y 15 de julio la DGCP también decidió sobre otros dos recursos jerárquicos presentados por las empresas Bright Billboards, S.R.L. y EPG Computadoras S.A., cuyas ofertas fueron descalificadas por el Comité de Compras del Minerd.

En la resolución sobre el caso de Bright Billboards, S.R.L. la DGCP reconfirma la nulidad de 14 lotes, y en la de EPG Computadoras S.A., ordena incluir su oferta económica en 20 lotes para emitir un nuevo acto de adjudicación. Con esta se agregan seis lotes más a los 45 previamente anulados, lo que significa que las decisiones de la DGCP afectan a 51 de los 56 lotes adjudicados.

Conforme a las informaciones que obtuvo Diario Libre de fuentes de entero crédito, durante el encuentro de la semana pasada, que duró una hora y 30 minutos, el abogado externo contratado por el Minerd explicó a los participantes el proceso judicial al que se abocaría el ministerio, y en el que ellos (los suplidores) podrían entrar como una “intervención voluntaria” o pudieran ser llamados en una “intervención forzosa”.

El jurista recalcó -según se informó a Diario Libre– que se decidió que sea el ministerio quien accione -aunque pareciera “poco elegante”- porque es una entidad de la administración pública peleando una pugna contra otra del mismo sector, en este caso la DGCP. Además, cuando es el Minerd el demandante y los suplidores los intervinientes, sería una lucha de un interés general contra otro igual y habría más posibilidad de conseguir un dictamen favorable.

Uno de los suplidores presentes sugirió la posibilidad de negociar con las empresas que impugnaron para resolver la situación en el corto plazo, porque las compañías han contraído compromisos económicos para adquirir los equipos que les fueron adju- dicados en diciembre, y los procesos jurídicos tienden a extenderse hasta por años.

Sin embargo, de acuerdo a las informaciones suministradas a Diario Libre, el abogado Guerrero explicó que es difícil una negociación, a propósito de los actos administrativos por su propia esencia, que se presumen dictados conforme al derecho. Recalcó que, como tienen personas quejándose por la decisión (del Comité de Compras del Minerd), estos volverían a quejarse de lo que pudiera surgir como un convenio y obtener nuevas causales de nulidades, incluso de mayor calidad que las que se han esgrimido.

Con los recursos elevados, los abogados buscan que se suspenda “inmediatamente” la decisión de la DGCP, y en ese tiempo empujar el cumplimiento del contrato y la ejecución por parte del contratista; y luego seguir con el recurso contencioso administrativo de anulación, que dura unos tres años, tiempo suficiente para “acomodar los cumplimientos”.

Serían siete las solicitudes de medida cautelar que el Minerd se planteó presentar ante el TSA contra las resoluciones de Contrataciones Públicas. Diario Libre tiene copias de dos de estas, correspondientes a medidas cautelares anticipadas, depositadas el 26 de julio pasado por sus abogados apoderados. Una es contra la resolución RIC-128-2021 del proceso de la compañía Aplex Security Solutions y la otra sobre la resolución RIC-131-2021 acerca del recurso jerárquico de la empresa Tenedora Gaboc.

En ambas solicitudes el Minerd coincide en que Contrataciones Públicas “se extralimitó en su competencia” al emitir dichas resoluciones “en vista de que no solo se limitó a revisar la legalidad del acto administrativo recurrido en alzada, sino que se inmiscuyó en cuestiones propias de la competencia del Minerd, llegando al punto de ordenar la realización de un nuevo acto de adjudicación”.

Sobre la resolución RIC-128-2021, señala que la DGCP no puede realizar actuaciones para las cuales no haya sido expresamente autorizada por la ley, ya que lo contrario implicaría una violación al principio de legalidad. Además, enfatiza que la ley determina que la competencia de la DGCP se limita a su atribución “estrictamente fiscalizadora” de las entidades contratantes, “sin capacidad de sustituir las decisiones que correspondan” a estas, como es el caso de la inhabilitación, y que los recursos jerárquicos que esta conoce son de carácter revisor.