¿Puede el presidente Pedro Castillo gobernar Perú?
Para no caer en fatalismos deberíamos responder, ¡sí! Pero lamentablemente en esta ocasión también debemos considerar un doble dilema. Por un lado, la carencia de un Estado con capacidades y autonomía, y la precariedad de las organizaciones políticas en diferentes niveles, hace muy difícil la gobernabilidad del país. Por otro lado, el origen político y personal del presidente Castillo, un profesor rural, agricultor, sindicalista de izquierda, es no sólo el acontecimiento simbólico más impactante de la política peruana en el nuevo siglo, sino que al mismo tiempo plantea una realidad desafiante. Ni el presidente Castillo, ni la izquierda en Perú tienen experiencia de gobierno, y esta no es una apreciación sino un dato de la realidad.
Pero siempre hay una primera vez. Si bien era inevitable cometer errores y malas decisiones, el presidente Castillo mostró una gran inexperiencia en la formación de su primer gabinete. No queda duda que estaba obligado a negociar con el partido político, Perú Libre, que lo ayudó a despegar, y que tampoco quería mostrar un gabinete que expresara una claudicación de sus principales propuestas de cambio. Sin embargo, el Presidente desaprovechó su momento de mayor capital político para realizar una mejor negociación. La elección del primer ministro, Guido Bellido, fue mala, no necesariamente porque sus ideas podrían ser discutibles, sino porque Bellido tenía su propia agenda política, sin importarle sabotear la agenda del propio presidente y generar un clima de incertidumbre. Un ejemplo de ello ha sido su tuit sobre el Gas de Camisea, donde lo problemático no es la intención legítima del gobierno peruano de renegociar los contratos con la empresa, sino la amenaza con la nacionalización del yacimiento en la misma línea, cuando no se ha dialogado aún con la empresa, y un par de días después de que el Presidente Castillo anunciara en la OEA que su gobierno no iba a expropiar a nadie.
El nombramiento de Mirtha Vázquez como primera ministra ya ha provocado la rápida crítica de los sectores de derecha. La premier ha sido abogada de campesinos y ronderos enfrentados a la industria minera. En particular defendió a Máxima Acuña, la mujer campesina que se negó a entregar su propiedad a la gigante Newmont Mining Company y ganó el premio Goldman en defensa del medio ambiente. Sin embargo, su paso por el Congreso de la República, donde ocupó el cargo de presidenta, durante el gobierno anterior de Francisco Sagasti, dejó evidencia de su integridad, compromiso con la democracia y actitud dialogante. Su elección representa un cambio radical en el gobierno de Castillo. En sus primeras declaraciones, la premier busca bajar las tensiones señalando que la propuesta de una Asamblea Constituyente no es una prioridad del gobierno, al mismo tiempo que la derecha busca fortalecer sus redes en contra del Gobierno con una campaña de firmas para evitar dicha asamblea.
Sin embargo, la política no es como la matemática y el orden de los factores sí altera el producto. La necesidad de una negociación política con el partido de gobierno Perú Libre sigue siendo una necesidad y el capital político del presidente está mucho más deteriorado. La amenaza de una colisión del Congreso en contra del Ejecutivo podría fortalecerse con la salida de Bellido del gobierno y su retorno a su bancada en el Congreso.
En este contexto, el Presidente Castillo debe recordar que la opinión pública es y ha sido siempre una fuente importante de poder de la presidencia. El gobierno ha tenido hasta el momento una pésima estrategia de comunicación; no se puede intentar gobernar un país sin ejercer el poder o comunicarlo. Si bien tiene que establecer formas claras y abiertas con la prensa, tiene también que encontrar estrategias complementarias de comunicación que compensen su limitada capacidad comunicativa. Una primera ministra como Mirtha Vázquez con experiencia y habilidad en este campo puede ser una gran ayuda para superar estas limitaciones.
El nuevo gobierno enfrenta varios retos, entre ellos, la construcción de alianzas políticas, lo cual no va ser fácil, pero la ministra Vázquez tiene experiencia en el Congreso. No obstante, el establecimiento de alianzas con las organizaciones sociales es también imprescindible. Las organizaciones sociales no sólo emprenden luchas reivindicatorias que las llevan a enfrentarse al Estado, sino que estas pueden ser también excelentes aliadas en el cambio y la construcción del mismo. Desde los noventa, el Estado ha buscado prescindir de estas organizaciones, e incluso clientilizarlas fundamentalmente a nivel local. El presidente Castillo y una izquierda renovada deberían cambiar esa situación y aprovechar que la pandemia ha despertado nuevas experiencias organizativas y solidarias entre sectores urbanos y rurales para sobrevivir las crisis (comités covid, ollas comunes, etc.).
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En términos económicos y redistributivos no hay dudas de que existen profundas necesidades y cambios que deben realizarse. Sin embargo estos cambios como en el ejemplo de gas de Camisea requieren menos expresiones beligerantes y mostrar mucha más audacia y recursos para poder renegociar y encontrar salidas. Los ingresos de las industrias extractivas son claves y sensibles para la economía nacional, pero también los impactos locales de sus operaciones. Esta es una línea importante, pero delgada para transitar, y no queda claro el fortalecimiento del gobierno en estos sectores.
Finalmente, en el área de la cultura hay una tarea gigante en un país profundamente dividido y flagelado por la discriminación de diversas formas. La nueva ministra, una activista por los derechos humanos, cuyo hermano fue víctima de la masacre de La Cantuta, tiene el reto de hacer de la cultura un espacio de diálogo intercultural y de respeto entre los peruanos. Esto en un momento en donde diferentes visiones del país, su identidad, y su memoria, en particular la del conflicto armado interno, parecen estar en disputa y alejarnos.
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