Bukele emula una de las leyes represivas de Ortega para acallar la crítica en El Salvador
En la misma sesión en la que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un pronunciamiento de repudio contra los resultados de las votaciones sin elección de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua el pasado domingo, los diputados leales al presidente Nayib Bukele presentaron a la Asamblea Legislativa —que controla el partido de Bukele, Nuevas Ideas— un proyecto de ley que emula una de las normativas punitivas del caudillo sandinista para acallar a las organizaciones civiles, periodistas y opositores. Se trata de una “Ley de Agentes Extranjeros”, cuya justificación es casi la misma que usaron los legisladores de Managua en octubre de 2020. Palabras más, palabras menos, un calco: “garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política del país”.
Más allá de la contradicción de condenar a un régimen autoritario y seguir su mismo manual represivo, este nuevo zarpazo en ciernes socava más la democracia y las libertades salvadoreñas, arrinconadas por la cruzada del popular mandatario sobre el Parlamento, la justicia y la Fiscalía. De acuerdo a integrantes de la sociedad civil y periodistas, este proyecto de ley llega en un momento en el que Bukele se ha enfilado contra toda voz que critica la actual crisis de desaparecidos, la violación a la separación de poderes, y la adopción del Bitcoin como moneda de circulación nacional.
Tras presentar el proyecto, Bukele dio un espaldarazo al proyecto de ley a través de una serie de trinos en Twitter, en los que sostiene que su “Ley de Agentes Extranjeros” tiene como fin “prohibir la injerencia extranjera”, el mismo argumento que Ortega ha empleado en Nicaragua para cerrar organizaciones civiles críticas, apresar y procesar periodistas y perseguir a la disidencia hasta el exilio. El articulado de la ley también tiene las mismas premisas que la nicaragüense: imponer a las organizaciones una serie de requisitos administrativos casi imposibles de cumplir que, por consiguiente, conducen al cierre de las mismas y el acallamiento de las voces disidentes.
La propuesta enviada por Bukele fue presentada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, quien aseguró que el objetivo de la misma es “garantizar la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social, y política del país”. El anteproyecto, al igual que el de Ortega, insta al Ministerio de Gobernación a crear un Registro de Agentes Extranjeros (RAE).
El RAE sería encargado de supervisar, fiscalizar y llevar un control de actividades de los “agentes extranjeros” en El Salvador. Cumpliendo la misma función inquisidora que en Nicaragua, este registro escribirá un informe semestral que será enviado a la Fiscalía General de la República para ser analizado a la luz de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
En Nicaragua, en la práctica, las organizaciones no gubernamentales han tenido que disolverse por no poder cumplir los requerimientos. Las que se han inscrito ante Gobernación van muriendo poco a poco, ya que semanalmente deben reportar en más de tres ocasiones las mismas transacciones. La entrega de documentación es rocambolesca y las multas administrativas son decididas de forma discrecional por los funcionarios.
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Bukele alega que se inspira en EE UU
Pero lejos de las comparaciones que se pueden hacer entre las leyes de los dos países centroamericanos, Bukele trató de desmarcarse de la normativa de Ortega y alegó que está inspirada en la estadounidense FARA (Foreign Agents Registration Act). Sin embargo, la de Estados Unidos no incluye en el término “agente de un mandante extranjero” a ningún servicio de noticias, prensa o asociación organizada bajo sus leyes. En el país norteamericano, los periódicos y revistas no están sujetos a esta ley si sus funcionarios y directores son ciudadanos de los Estados Unidos, y si las agencias no están dirigidas, controladas, y supervisadas por capitales extranjeros. La ley de Bukele omite esa excepción, poniendo como sujetos de ley a los medios salvadoreños. Si bien son financiados por organizaciones internacionales y lo hacen constar públicamente en sus páginas web, con informes de rendición de cuentas, no son controlados ni reciben indicaciones de sus financistas.
Algo similar ocurrió en Nicaragua. Los donantes internacionales y las organizaciones que recibían cooperación acreditaban sus programas ante el Ministerio de Exteriores y Gobernación, quienes daban su aprobación. Al mismo tiempo, las organizaciones se regían bajo el marco jurídico nacional y pagaban impuestos correspondientes. Sin embargo, tras la represión de las protestas de 2018 y la liquidación electoral en junio pasado, Ortega comenzó a usar la ley de Agentes Extranjeros para silenciar a organizaciones y periodistas que han documentado y denunciado las recurrentes violaciones a los derechos humanos.
“Yo que me enfrento en Nicaragua a la Ley de Agentes Extranjeros, que cada semana paso por ese calvario de trabas burocráticas y multas, al ver la de Bukele siento que es lo mismo”, dijo el director de una ONG nicaragüense que prefirió el anonimato por temor a represalias. “El punto es que ambas leyes están basadas en la discrecionalidad política. O sea, solo te deja dos salidas: o disuelves la institución o te enfrentas a ese laberinto de trabas que hacen imposible hasta comprar una escoba”, insistió.
Uno de los puntos más polémicos de la legislación de Bukele estipula que a los sujetos de la ley se les aplicará un impuesto de 40% por cada transacción financiera, desembolso o transferencia provenientes de fondos de “mandantes extranjeros”.
El legislador oficialista Christian Guevara, quien recibió la propuesta en el palacio legislativo salvadoreño, publicó en su cuenta de Twitter mensajes dirigidos a Revista GatoEncerrado y al periódico El Faro, reputados medios independientes que han publicado casos de corrupción y nepotismo. “Les tocará declarar”, amenazó Guevara. “En unos días, el 40% de lo que les da Open Society y otros de sus financistas será para impuestos. Eso es más obras, calles, hospitales y salud. Lo que quiere la gente. Ya no más dinero para injerencias, marchas, jugosos salarios y oficinas de lujo. Se les acabó”, escribió.
Bukele trató de apaciguar el revuelo y dijo luego que “el impuesto no aplica para donaciones a programas y proyectos sociales, sino únicamente a las actividades políticas que se realicen a solicitud de un agente extranjero”. Con la mayoría leal en el Legislativo, se espera que la Ley de Agente Extranjeros del mandatario sea aprobada para enfrentarse, según sus palabras que bien pueden transfigurarse con las de Daniel Ortega, a la “oligarquía” que se hizo de “un aparato ideológico”, refiriéndose a fundaciones, centros de pensamiento, medios de comunicación y oenegés.
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