La crisis fronteriza amplía la brecha que divide a los polacos
La crisis en la frontera con Bielorrusia tenía todos los elementos para relanzar la alicaída popularidad del Gobierno polaco y mitigar la acusada polarización social: un enemigo externo de fuera de la UE y aliado de Rusia ―país con el que Varsovia mantiene una histórica relación de desconfianza―, un estridente líder autoritario (Aleksandr Lukashenko) y el apoyo firme de la Unión y de la OTAN ante lo que Europa considera un “ataque híbrido” tras meses de trifulcas con Bruselas a cuenta del Estado de derecho y la independencia judicial. El manual de la política, sin embargo, a veces no funciona. Los sondeos de opinión de los últimos días reflejan un nuevo descenso en las perspectivas de voto del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), en el ocaso de un año plagado de polémicas que se ha llevado por delante la coalición de Gobierno.
Un sondeo difundido este lunes por el diario polaco Gazeta Wyborcza otorga un 30% de intención de voto al PiS del primer ministro, Mateusz Morawiecki, que llegó el poder en 2015 y logró un 43,6% de los sufragios en las elecciones de 2019. Son dos puntos porcentuales menos que hace un mes, antes del punto álgido de la crisis, y seis menos que hace un año. Mientras, se mantienen más o menos estables la principal fuerza de la oposición, la Plataforma Cívica de Donald Tusk (24%), que básicamente está optando por el mutismo, y La Izquierda (8%). Polonia 2050, el proyecto personalista del periodista y presentador televisivo Szymon Hołownia, salta del 10% al 14% y la Confederación, de extrema derecha, del 6% al 9%.
La encuesta, efectuada la semana pasada, tiene un elemento interesante. Aunque las próximas elecciones no están programadas hasta 2023, un 78% de los consultados declara que irá ese día a las urnas (un 57%, con toda seguridad), sobre todo partidarios de la Plataforma Cívica y de Polonia 2050. La participación en 2015 fue del 51% y en 2019, del 62%. Las victorias electorales del PiS se han basado precisamente en la movilización de su base electoral ―personas mayores, tradicionales y católicas en pueblos o ciudades pequeñas, sobre todo del sudeste― y la desmovilización de las alternativas. Un 2% de los encuestados dice que votará a “algún partido de la oposición”, aunque no tiene aún claro a cuál.
“El lenguaje del Gobierno es que las personas que están en la frontera son una amenaza. Da igual si son mujeres o niños, se les mete en el saco de los agresores. Pero incluso para algunos de los que lo apoyan, lo que está pasando en la frontera es inaceptable desde un punto de vista humano”, explica por teléfono Dorota Heidrich, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Varsovia.
Kajetan Kozowski es un ejemplo de estos dilemas. Tiene 20 años y no querría verse estos días al frente de su país. “Es una situación muy compleja. No me gusta el Gobierno, pero no hay mucha alternativa a lo que está haciendo”, afirma en el supermercado en el que trabaja en la localidad polaca de Hajnowka, a 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Por un lado, saca a relucir con una sonrisa una frase fetiche entre la oposición “Jebać PiS” (Que se joda el PiS). Por otra, “en tanto que alguien que tiene amigos en la Guardia de Fronteras”, admite que ve las imágenes en la valla y “a migrantes vestidos con Puma o Nike” y entiende las devoluciones en caliente.
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Dos sondeos publicados en los últimos días por el periódico Rzeczpospolita coinciden en otorgar al PiS un 30% de votos (también con seis puntos de caída) y reflejan la división política que vive el país. Un 39% apoya la actuación del Gobierno en la frontera, un 36% la rechaza y un 25% no opina. En ocasiones, las respuestas reflejan una mezcla de miedos y sentimientos contradictorios. Por ejemplo, un 54% defiende la reciente enmienda de la ley nacional de extranjería que permite las devoluciones en caliente ―ilegales, según el derecho internacional, y que Polonia ha aplicado masivamente en esta crisis― y, a la vez, más de un 60% quiere que los migrantes que crucen ilegalmente a Polonia y pidan protección internacional entren en el procedimiento de asilo, que impide su expulsión automática a Bielorrusia.
Otros casos en la misma región fronteriza ejemplifican el cisma social. En un lado están Piotr Zojbert, de 44 años, y Ela Moczynska, de 37, una pareja que defiende que Polonia debería destinar a acoger migrantes el dinero que costará construir la planeada barrera en la frontera. Trabajan en marketing en la capital ―donde la Plataforma Cívica superó al PiS y La Izquierda obtuvo un buen resultado en los comicios de 2019― y han venido a pasar unos días a una casa rural que tienen a escasos kilómetros de la frontera, justo antes de la zona vetada a los no residentes por el estado de emergencia.
“El otro día iba conduciendo y [las fuerzas de seguridad] me pararon en plan película de zona de guerra, con armas largas y deslumbrándome con la linterna en la cara. Tuve mucho más miedo de ellos que de las personas de las que se supone que nos protegen. Porque, ¿de qué debería estar asustado? ¿De gente en la frontera que como mucho tiene una piedra? Estábamos tan lejos del Gobierno que con esto casi hemos dado la vuelta y llegado al otro lado”, dice él entre risas frente a un supermercado en el pueblo de Narewka. “Creíamos que el Gobierno no podía cruzar más líneas rojas, pero lo ha hecho”, tercia ella.
A pocos kilómetros geográficos, pero al otro lado de la brecha política, está Ula Z. “Yo haría lo mismo que el Gobierno. Sé que esa gente no está bien en sus países, pero Polonia no tiene por qué aceptarlos. Ya tienen un país. Están todo el tiempo con eso de [que quieren llegar a] ‘Alemania, Alemania, Alemania…’ ¿Por qué no piden asilo en Bielorrusia?”, protesta en Hajnowka esta empleada de banca de 32 años que prefiere no dar su apellido. O Stefan Martyniuk, que trabaja en una tienda de electrodomésticos en la misma localidad. Tiene 38 años y se define como “patriota”, cristiano evangélico y votante de la Confederación, el partido ultraderechista cuyo líder, Korwin Mikke, defendió en la Eurocámara que las mujeres deberían ganar menos que los hombres. “El Gobierno miente, pero yo apoyo a nuestros soldados [en la frontera] porque los respeto: han jurado por Dios y la patria”, afirma Martyniuk.
Adam Traczyk, analista político del think tank Global.Lab, considera que la estrategia del Gobierno de “movilizar a la gente con la bandera y presentar a la oposición como agentes extranjeros” ha sido “demasiado obvia”. “Ha exagerado esa carta y no ha convencido a nadie más allá de su electorado principal”, añade. “La gente ha entendido que el peligro no era tan grande y que eso de la mayor crisis en 30 años era una exageración, como se puede ver estos últimos días. Y sí, la UE ha cerrado filas con Polonia, pero los grandes temas con Bruselas, como el Estado de derecho o el debate de la condicionalidad [en la entrega de fondos europeos] no han desaparecido”, señala.
Antes de la crisis en la frontera, pasaron muchas otras cosas que explican el deterioro en la popularidad del Ejecutivo. La más reciente fue hace apenas tres semanas, cuando se dio a conocer la muerte de una embarazada. Izabela, de 30 años, falleció el pasado septiembre de un shock séptico en un hospital. El feto tenía una malformación grave y los médicos no practicaron un aborto (ella llegó al centro médico expulsando líquido amniótico) porque un año antes el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional el supuesto legal bajo el que se encuadraban el 97% de interrupciones legales del embarazo, el de malformación fetal. Polonia ya tenía una de las leyes del aborto más restrictivas de Europa.
El caso generó vigilias y manifestaciones, igual que un mes antes, cuando decenas de miles de polacos salieron a las calles de un centenar de ciudades para reivindicar su europeísmo tras el rechazo del Constitucional a un pilar de la pertenencia a la UE: la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Ese mismo mes, el Tribunal de Justicia de la UE multó a Polonia con un millón de euros al día por vulnerar la independencia judicial.
Tampoco ha ayudado al PiS la nueva imagen de inestabilidad. El pasado agosto y en apenas 24 horas, se vino abajo la coalición tripartita de Gobierno, Derecha Unida, con el cese de un vicepresidente y la dimisión de tres viceministros, aunque la ha retomado con una escisión reciente.
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