Saña contra los mayagnas en Nicaragua: asesinado de forma atroz otro activista indígena
Los indígenas del Caribe de Nicaragua se han enfrentado a otra escena de horror, dentro del terror que los envuelve en su lucha por conservar sus territorios y proteger sus recursos. Se trata del asesinato atroz del líder mayagna Salomón López Smith, cuyo cuerpo ha sido encontrado con signos terribles de tortura: el cráneo destrozado, la piel separada del rostro, sin orejas, varios dedos mutilados, sin cabello, la columna fracturada y varios disparos en la espalda. Una violencia brutal que, además, demuestra la indefensión y olvido en el que se hallan estas comunidades, acorraladas por grupos violentos que cuentan con la complicidad del régimen que lidera Daniel Ortega.
El cuerpo de López Smith fue hallado el 15 de marzo en una remota zona del noreste de Nicaragua, donde habitan estas poblaciones indígenas mayagnas, que intentan mantener sus tradiciones a pesar de las amenazas que las acechan. El autollamado Gobierno Territorial Mayangna Sauni Arungka Matumbak ha expresado su repudio por el asesinato de quien consideran un reconocido activista en la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas caribeñas y ha culpado del mismo a los llamados ‘colonos’, invasores que llegan de otras regiones de Nicaragua a tomarse de forma ilegal las tierras, para establecer cultivos o expandir la ganadería.
Estos invasores se apoderan por la fuerza de los territorios ante la resistencia de los indígenas. Luego, presentan documentos sin peso legal con los que reclaman las propiedades. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchos ‘colonos’ son exmilitares que ocupan ilegalmente los territorios indígenas para la explotación de la madera, la minería, el monocultivo de palma africana y la ganadería. El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) ha denunciado que muchos de estos ‘colonos’ tienen cercanía con el Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega.
Los integrantes del Territorio Mayangna Sauni Arungka mantienen una constante denuncia de la violencia que sufren. El pasado año fue especialmente duro para estos indígenas, después de que se registraran varios ataques que dejaron decenas de heridos. Las víctimas son los líderes, los guardabosques y agricultores que son atacados mientras se trasladan a sus huertos. En todos estos crímenes reina la impunidad. “Los comunitarios lamentan que las autoridades no prestan atención a sus verdaderos problemas: la invasión de sus territorios por medio de la violencia, a la imposición de autoridades comunales y territoriales afines al FSLN, lo que desplaza al liderazgo de estos pueblos y la permanente usurpación de sus recursos naturales, acabando así con sus tradicionales medios de vida”, ha advertido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). El Centro de Asistencia legal a Pueblos Indígenas (CALPI) denuncia el uso de metralletas y escopetas en los ataques.
La organización que defiende a los indígenas, cancelada
La violencia contra los indígenas se da con mayor constancia y saña por los ‘colonos’ desde el año 2015. Los invasores han quemado comunidades enteras, violan a mujeres, disparan contra las comunidades y secuestran a personas. Entre 2015 y 2022, al menos 63 indígenas han sido asesinados por colonos y 46 continúan desaparecidos. Todo en la impunidad. Cejudhcan lo ha denunciado en los medios de comunicación y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es la única voz que alerta del “etnocidio” en proceso en Nicaragua.
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Este 17 de marzo, sin embargo, el régimen de Ortega ordenó la cancelación de la personería jurídica de la ONG, dejando en el desamparo a miles de indígenas que encontraban apoyo en esta organización. Cejudhcan fue cerrada junto a otras 24 organizaciones, lo que ha aumentado el número de instituciones canceladas a 132 desde 2018, cuando se registraron protestas sociales que exigían el fin del régimen.
Cejudhcan es la única organización que durante años ha documentado la invasión de los territorios indígenas, a pesar de las amenazas de los colonos y autoridades regionales del Frente Sandinista. El organismo es dirigido por Lottie Cunningham, una abogada miskita cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. En 2020, le otorgaron el galardón Right Livelihood Award, también conocido como “Premio Nobel Alternativo” por su constante denuncia de la violencia letal que sufren los indígenas por defender sus territorios. Desde hace meses, Cunningham sufría acoso, incluso en el mismo Aeropuerto Internacional de Managua, cuando intentaba viajar.
Los indígenas llevan años denunciando que el Gobierno sandinista no cumple con la ley 445, llamada formalmente Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Esta ley establece cinco fases en el proceso de reconocimiento y formalización de los derechos de propiedad indígena: demarcación, resolución de conflictos, titulación y saneamiento. Este último ha sido incumplido por las autoridades. El “saneamiento” consiste en el ordenamiento territorial y la expulsión de los terceros que no compartan la cosmovisión de los indígenas, ni el respeto por la tierra ni las normas comunitarias.
Un estudio publicado en abril de 2020 por el Oakland Institute, un organismo que estudia asuntos ambientales, alerta que el Gobierno de Ortega “alienta la fiebre del oro en Nicaragua”. En 2017, fue creada la Empresa Nicaragüense de Minas que permite al Estado de Nicaragua una mayor participación en negocios mineros junto con empresas privadas. De esa forma, el total de tierra bajo concesión minera aumentó de alrededor de 1.200.000 hectáreas a 2.600.000 hectáreas. Lo alarmante es que 853.800 hectáreas de esa tierra están en la zona de amortiguación de la reserva de Bosawás, en territorios indígenas.
Esa fiebre del oro se une a la expansión de la ganadería y los monocultivos, lo que alienta la invasión de tierra y la violencia contra los indígenas. El asesinato de López Smith es el último episodio violento que se sufren estas poblaciones nicaragüenses y ha generado el repudio de organizaciones de derechos humanos y hasta de Estados Unidos: el Departamento de Estado ha exhortado al régimen de Ortega a llevar a la justicia a los asesinos del líder indígena. “Activistas atribuyen esta atrocidad a asentadores que amenazan comunidades indígenas y actúan con impunidad bajo el régimen. Esto debe parar”, ha exigido el Gobierno de Joe Biden.
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