Primera audiencia preliminar Medusa se extendió por 12 horas
Pese a la gran cantidad de personas y empresas involucradas en el expediente, el espacio físico no representó un inconveniente para que las partes implicadas en el caso Medusa pudieran accionar sin obstáculo ante el tribunal.
La mayoría de los 63 acusados estuvo presente, a pesar de que ocho de ellos alegaron que el tribunal no les citó a la audiencia que se conocería este viernes en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que se desarrolló en el espacio de la Sala de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional.
Desde antes de la 9:00 de la mañana, hora pautada para la audiencia, empezaron a llegar los imputados a la sala habilitada con cuatro aires acondicionados de 12,000 BTU, para reforzar el aire central ante la afluencia de más de 170 personas, entre imputados, abogados, fiscales, personal del tribunal y periodistas.
Dos de los imputados no asistieron a la audiencia alegando (sus abogados) falta de citación, y otra que sí acudió, no tenía abogado, lo que generó el vaticinio no cumplido de que pronto se dictaría un reenvío.
El juez de instrucción del complejo caso Medusa, Amauri Martínez, tardó hasta las 11:21 de la noche para decidir el aplazamiento del juicio que debe seguir el 19 de diciembre próximo.
El primer receso del día
La audiencia comenzó aproximadamente a las 10:51 de la mañana, luego de más de media hora en que las partes estuvieron realizando la presentación formal con el registro de los números de cédulas. El juez Martínez llamó entonces a presentar calidades, proceso que tomó otra media hora y que continuó con el primer receso del día, a fin de que se completara la formalidad de la presentación ante el tribunal de algunos imputados con arresto domiciliario que no llegaron a hacerlo a primeras horas.
Sobre el mediodía empezaron a debatirse los pedimentos de las partes, basados en la ampliación del plazo de cinco días que se establece en el Código Procesal para que las partes respondan a la acusación. Para entonces, ya en la sala se empezaban a abrir, discretamente, fundas con guineos maduros o paquetes de galletas que, imputados, abogados y periodistas, llevaron para resistir una jornada que para entonces, ya se pronosticaba larga.
La mayoría de los abogados, iniciando la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, señalado como cabecilla de la supuesta red de corrupción que -según la acusación del Ministerio Público- se estructuró desde la Procuraduría General de la República, demandaron que el tribunal les diera un plazo de 100 días, para poder hacer una defensa efectiva ante un expediente de 12,274 páginas y que solo el desglose de las pruebas abarca otras 150,000 páginas.
Plazos y quejas por formato de las pruebas
Los abogados hablaron desde 90 o 100 días, tres o cuatro meses, en un pedido al que el Ministerio Público anunció que no tendría oposición siempre que sea razonable y no fuese de seis meses. Mientras, la mayoría de los procesados aguardaban con la misma expresión expectante que mantuvieron por casi toda la duración del juicio.
En primera fila, respecto al estrado, estaba el exprocurador, circunspecto y en ocasiones conversador con su defensa, y luciendo un traje azul, color de vestimenta que ya le distingue ante los periodistas que han dado cobertura continúa al caso desde el 13 de junio, cuando fue detenido, justo en la sede de la Procuraduría. Ese día asistió a “enterarse” de la investigación en su contra que había provocado, dos noches antes, allanamientos en varias de sus propiedades.
Además de un mayor plazo, en la audiencia de ayer varios abogados pidieron también que el expediente le sea entregado en físico y no electrónico como lo ha recibido la mayoría, a pesar que desde la propia barrera de la defensa de Rodríguez Sánchez, su abogado Carlos Balcácer hizo mención a los más de 250,000 pesos que -dijo- le cuesta la impresión de un solo ejemplar del expediente y sus pruebas. De paso, pidió que el Ministerio Público corra con los costos de la impresión.
Las defensas también se quejaron del formato en que han sido notificadas las pruebas en una memoria USB con contenido comprimido que algunos- alegaron- no saben cómo manipular, y piden que les notifiquen todo en físico. El abogado Balcácer, incluso, se extendió en un discurso en el que habló de contenido “encriptado” hasta que sus colegas le aclararon el término: “comprimido”.
No faltó uno que entendió el daño ambiental de imprimir tantas páginas para cada imputado, u otros a los que no les importa el formato en que reciban los documentos.
El Ministerio Público y sus 11 cajas
El Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), llegó con una muestra de once cajas de las más de 25 que llenan las piezas de su acusación, según lo comentado.
Reynoso, que hizo uso de la palabra, explicó ante el tribunal lo costoso de imprimir todas esas páginas, más allá del argumento de proteger el medio ambiente. Expresó el compromiso que asumiría el Ministerio Público para corregir los errores en las memorias de las partes que han tenido dificultades, y le recordó a otros que, si no se montan en el “tren de la tecnología” se quedarán rezagados.
Al tribunal, por su parte, le indicó que de acoger el pedimento de las defensas para que se entregue el expediente impreso, que la Suprema Corte de Justicia asuma parte del costo, pues – alega que- aunque la Procuraduría ya maneja un presupuesto sobre los 8,000 millones de pesos, la situación que habría dejado el desfalco que le atribuye al exprocurador Rodríguez, no les permite incurrir en esos gastos.
En esos debates, dirigidos con serenidad por el juez Martínez, se llegó a las 6:40 de la tarde, tiempo en que el magistrado salió a deliberar y dio un tiempo de una hora para que las partes pudieran salir, ya no a almorzar, sino a comer algo.
Aplazamiento hasta diciembre
Regresó al estrado pasadas las 10:44 de la noche con su decisión. Aplazó la noche el inicio de la audiencia preliminar del caso Medusa para el 19 de diciembre a las 9:00 de la mañana y otorgó un plazo de 60 días a las partes para preparar sus medios de defensas.
Además, el juez decidió otorgar un plazo de 20 días, a partir de este lunes, para que el Ministerio Público haga las reparaciones a los discos duros contentivos de la acusación, en los que los imputados recibieron el expediente, y que los imputados han dicho que han presentado problemas.
Vencido este plazo el Tribunal tendrá diez días para notificar a las partes que en la audiencia dijeron que aún no se les había notificado la acusación. El magistrado Martínez otorgó además un plazo de 10 días a la imputada Carolina Pimentel para que apodere a un abogado que se haga cargo de su defensa o de lo contrario apoderarán a un defensor público.
Así, 12 horas después, concluyó la jornada del primer día del juicio preliminar del complejo caso Medusa y sus 63 personas y empresas acusadas de soborno, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsedad de documentos y lavado de activos.
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