Ecuador decreta el estado de excepción en Guayaquil tras el atentado en un barrio popular

La delincuencia en Ecuador ha elevado el tono de sus amenazas al Estado. Este fin de semana una bomba en un barrio en las afueras de Guayaquil ha dejado cinco muertos, 17 heridos y varias viviendas destruidas. El atentado se suma a la ola de violencia creciente desde hace dos años que ha roto la tranquilidad de la ciudadanía. Hace seis meses dos cuerpos aparecieron colgados de un puente, mientras el número de asesinados no ha hecho más que aumentar.

La primera respuesta del Gobierno al ataque de madrugada en el Cristo del Consuelo, un barrio del suburbio guayaquileño, ha sido decretar estado de excepción en toda la ciudad. Es la tercera vez en el último año. Es un “acto terrorista”, ha declarado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez como reacción a media mañana del domingo. El titular de Interior, Patricio Carrillo, lo ha calificado como una “declaración de guerra al Estado”. La medida que permanecerá vigente los próximos 30 días, obliga al Gobierno a resucitar el estado de excepción en la ciudad con el fin de movilizar una fuerza de trabajo conjunta entre la policía y el Ejército.

En la primera mitad del año, Ecuador contaba ya 2.116 muertes violentas, cuando en todo el 2021 los homicidios registrados fueron 2.496. En la provincia de Guayas, a la que pertenece Guayaquil, el ritmo de asesinatos es casi el doble que el año pasado. ”Se castigará a quienes pretenden generar caos en la ciudad por vía de actos terroristas”, ha justificado en la misma rueda de prensa Diego Ordónez, el nuevo secretario de Seguridad Pública, nombrado a inicios de mes. Pese a lo anunciado, el decreto que debe recoger los detalles de las restricciones no se ha hecho público en el momento de publicación de este artículo, a última hora del domingo.

De los cinco fallecidos que ha dejado la explosión en un barrio de bajos recursos, al sur de la ciudad, tres murieron inmediatamente y dos lo hicieron en el hospital a causa de las heridas. El ministro de Interior aseguró que se utilizaron explosivos de fabricación casera con químicos “de altísima letalidad” que, además, contenían esquirlas y elementos metálicos para aumentar el impacto. La onda expansiva alcanzó los 50 o 70 metros, según Carrillo, y dejó una marca de un metro y medio y 40 centímetros de profundidad.

Los primeros testimonios aseguran que sujetos en moto aparecieron de madrugada en la zona del ataque y tras disparar varias veces, lanzaron un saco que después estalló y dejó la conocida como Calle 8 con un escenario de escombros, cables caídos y polvo. La investigación oficial apunta a que el atentado estaba dirigido a dos personajes relacionados con la organización criminal de Los Tiguerones, vinculada al narcotráfico en Ecuador: alias Cucaracha, residente de ese barrio, y alias Junior.

No obstante, el ministro de Interior ha lamentado que la mayoría de los heridos que han sido atendidos en centro de salud ―y ya dados de alta― ha preferido guardar silencio y no declarar sobre lo sucedido. “Tras 10 horas del evento y seis horas de anunciada la recompensa de 10.000 dólares no encontramos una sola llamada”, admitió también el responsable de la cartera de Seguridad. Su ministerio sigue sin tener autonomía formal y de recursos, pese a que el presidente Guillermo Lasso decidió en marzo pasado separar las funciones de Interior de las del ministerio de Gobierno para reforzar la estrategia de seguridad nacional, precisamente en medio de una crisis política y de inseguridad por los enfrentamientos recurrentes en las cárceles.

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No es el primer ataque con explosivos en Ecuador en los últimos años, que ha registrado atentados contra cuarteles policiales o destacamentos militares, pero sí la primera amenaza de tal envergadura contra zonas residenciales. “Lo que estamos viviendo no es un problema que ha generado este Gobierno. Hace mucho tiempo que lo vemos con una tendencia en crecimiento”, declaró Carrillo, en referencia a la cifra de asesinatos creciente en el país que el Gobierno atribuye a las peleas de territorio de las bandas y a una respuesta contra el Estado por su lucha contra el narcotráfico. Este fin de semana, el mismo del atentado, fueron decomisadas tres toneladas de droga.

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