El deterioro institucional y la corrupción marcan el inicio del proceso electoral en Guatemala
Guatemala ha iniciado cojeando el proceso electoral de cara a las presidenciales de junio. Los magistrados del Tribunal Electoral, tras un encierro de horas, fallaron la noche del jueves contra un recurso interpuesto por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), organización de izquierda a la que se le negó la inscripción de sus candidatos, la líder maya Thelma Cabrera y el exprocurador de derechos humanos Jordán Rodas. De esta manera el tribunal deja fuera de la contienda a dos candidatos críticos con el Gobierno, que cuentan con el respaldo de miles de campesinos e indígenas. “Fue una decisión arbitraria, sustentada en la ilegalidad”, dice a este periódico Rodas desde Bogotá, donde recibió la noticia de que su candidatura a la vicepresidencia ha sido rechazada. “Esto es una vendetta. Me pasan la factura los sectores más conservadores de Guatemala, para los que soy una piedra en el zapato”, asegura Rodas.
Cabrera y Rodas anunciaron el 28 de diciembre su decisión de competir en las presidenciales. Y a finales de enero acudieron al Tribunal Electoral para inscribir sus candidaturas, inscripción que fue negada porque, según dijeron los funcionarios a cargo del proceso, Rodas tiene una investigación en curso por supuestas irregularidades durante su gestión al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos. Él asegura que la noticia le sorprendió, porque no había sido notificado. “Cumplo con todos los requisitos de la Constitución y la Ley Electoral”, dice Rodas. “Esta es, evidentemente, una estrategia con fines políticos en mi contra. Mi sucesor en la Procuraduría ha puesto una denuncia sin decir de qué se me acusa y la envió a la Contraloría. Dice que hay irregularidades, pero sin aclarar cuáles son”, se defiende Rodas.
Para él se trata de una estrategia política de sectores conservadores que cuentan con mucho poder en Guatemala, como empresarios y exmilitares, a los que Rodas ha denunciado por actos de corrupción. En agosto pasado, durante una entrevista con EL PAÍS en lo que fue su despacho de la Procuraduría en Ciudad Guatemala, Rodas dijo: “Aquí hay que hablar claro, el CACIF [la principal cámara empresarial] le ha hecho mucho daño al país. Los que dominan la industria, la banca, que han acumulado fortunas en este modelo egoísta, estrechando la desigualdad. En lugar de velar por un sistema económico que genere mejores condiciones de vida, ellos se creen los dueños de la finca y actúan en consonancia, como capataces, y cada cuatro años solo ponen títeres en el poder, manipulan y le han dado oxígeno político a gente como [los expresidentes] Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei”.
Sus críticas, sin duda, le han generado el desprecio de las grandes fortunas, en un país donde nada se mueve sin el visto bueno del gran capital. Estos sectores conservadores ven como una amenaza la candidatura de dos personas que han sido fuertes críticas del sistema, que denuncian la corrupción y la impunidad y que ponen su estrategia electoral centrada precisamente en la lucha contra lo que en Guatemala se ha llamado el “pacto de corruptos”, una alianza entre Gobierno y empresas donde imperan los abusos y arbitrariedades. Abogan, además, por mejoras sociales para los más pobres y los indígenas, eternamente olvidados, empujados a la miseria y hasta exterminados, como ocurrió con la sangrienta dictadura de Efraín Ríos Montt. Una hija de Ríos Montt, Zury Ríos, aspira a la presidencia y el sábado recibió su credencial como candidata. En Guatemala se dice que Ríos es precisamente la candidata de la oligarquía, los empresarios y los militares.
Cabrera y Rodas aseguran que agotarán todos los recursos legales que les permite el sistema guatemalteco para revertir la decisión del Tribunal Electoral. Rodas denunció ante el Ministerio Público de su país a Ramiro Muñoz, responsable del Registro Ciudadano de Guatemala —instancia a cargo de inscribir las candidaturas de los aspirantes a participar en el proceso electoral— y la próxima semana acudirán a la Corte Suprema, la última esperanza que ambos candidatos tienen para que se les permita participar en el proceso electoral. Saben, sin embargo, que la Suprema ha sido denunciada por su parcialidad. “La Corte tendrá el gran reto de mostrar su independencia de los poderes políticos y económicos”, dice Rodas. “Los magistrados deben decidir si asumirá el costo que esto representa para la democracia”, agrega.
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Organizaciones de derechos humanos han advertido de las irregularidades que marcan desde ya un proceso que apenas comienza. “El proceso electoral ocurrirá en un contexto de deterioro del Estado de derecho. El escrutinio internacional es clave para proteger el derecho de los guatemaltecos a participar en elecciones justas y libres”, ha dicho Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Este organismo presentó a finales de enero un informe en el que alerta de las “amenazas” contra las elecciones. “Las instituciones que están a cargo de monitorear las elecciones tienen poca independencia o credibilidad”, ha explicado Pappier.
El informe de HRW afirma que “el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deberían garantizar a los ciudadanos guatemaltecos sus derechos políticos y proteger la legitimidad del proceso electoral, señalaron Human Rights Watch y WOLA. Muchas autoridades de estas instituciones han sido nombradas mediante procesos que no fueron justos, transparentes ni independientes, y han demostrado un desprecio manifiesto por el Estado de derecho”. El organismo recuerda que “en los últimos años, las autoridades en Guatemala han debilitado la separación de poderes y las garantías de derechos humanos con el propósito de asegurar la impunidad de la corrupción generalizada en las altas esferas del poder. El Ministerio Público ha impulsado cargos penales espurios contra periodistas independientes, fiscales y jueces que investigaron o revelaron hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos e instancias de abuso de poder”. Son ya más de una docena de fiscales y jueces que han luchado contra la corrupción los que han tenido que salir del país rumbo al exilio por las amenazas en su contra, y uno de los periodistas más destacados de Guatemala, José Rubén Zamora, ha sido apresado. Zamora ha denunnciaod una persecución política en su contra.
Es en ese contexto de deterioro institucional y corrupción en el que se llevan a cabo las elecciones. La campaña inicia oficialmente en marzo y los guatemaltecos acudirán a las urnas el 25 de junio para elegir a un nuevo presidente, 160 legisladores y más de 300 alcaldes. Entre los aspirantes a la Presidencia de Guatemala están el empresario ultraconservador Roberto Arzú, un admirador de Donald Trump, quien ha dicho que está “listo para hacer grande a Guatemala”, parafraseando el lema de campaña del republicano; Edmon Mulet, un diplomático de tendencia moderada, con amplio conocimiento de política internacional y crítico de la clase política de su país y de la corrupción que lo carcome; la exprimera dama Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que cuenta con integrantes ligados a escándalos de corrupción; Zury Ríos, quien en 1990 lideró una turba que ingresó al Congreso mientras se discutían reformas electorales, dejando a varios heridos. Ríos se presenta ahora como una candidata que respeta la democracia, aunque sobre ella pesa el pasado sangriento de su padre, general golpista a quien se acusa de ordenar el exterminio de miles de indígenas y arrasar al menos 400 comunidades mayas.
Ríos encabeza hasta ahora las encuestas, con un 16% de la intención de votos. Para ganar la elección, los aspirantes deben lograr el 50% de la votación, de lo contrario se organiza una segunda vuelta. En las pasadas elecciones, Thelma Cabrera sorprendió al obtener el cuarto puesto en la primera vuelta, con más de 450.000 votos, aunque no fue suficiente para pasar a la segunda ronda. Cabrera cuenta con el respaldo de las comunidades indígenas, pero no está claro que ese apoyo sea suficiente para ganar la elección, en el caso de que su candidatura siga adelante.
Decenas de simpatizantes del MLP protestaron la semana pasada para que se inscribieran las candidaturas de Cabrera y Rodas y amenazaron con manifestaciones y piquetes en todo el país. “Las comunidades están activas, indignadas y con mucho hartazgo”, dice Rodas. “Eso hay que tenerlo en cuenta, porque la paciencia del pueblo no es eterna, ni de hule, y esto puede ser causa de una explosión social que se puede evitar si se respeta el Estado de derecho y la democracia”, advierte el exprocurador. En un país que se hunde en un abismo de corrupción e impunidad, los guatemaltecos aspiran al menos a que las elecciones sean más que un mero trámite. Pero el proceso ha iniciado cojeando, lo que vaticina que los próximos meses estarán cargados de tensión en esta pequeña nación centroamericana.
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