El Gobierno boliviano asegura que el interventor de un banco en quiebra se suicidó

Trabajadores de banco boliviano Fassil protestan por el pago de sus beneficios.Stringer (EFE)

La muerte del interventor de un banco en quiebra que conmocionó a Bolivia fue un suicidio, según declaró oficialmente el Gobierno del país andino. De acuerdo con la versión del Ministerio de Gobierno (interior), Carlos Colodro se lanzó desde el piso 15 del edificio Ambassador de Santa Cruz de la Sierra la noche del sábado 27 de mayo, agobiado por el trabajo que debía realizar para liquidar el banco Fassil y tras mostrar un cuadro claro de depresión, que lo había llevado a perder ocho kilos de peso en un mes, siempre según esta versión. Mostrando los vídeos de las cámaras de seguridad del edificio, el ministro Eduardo del Castillo desvirtuó una a una las teorías que estaban circulando y que atribuían la muerte de Colodro a un asesinato relacionado con los fraudes que habían llevado al banco a la quiebra.

La noticia de que se había encontrado el cuerpo de Carlos Colodro ante el edificio donde funcionaba su oficina provocó una gran preocupación en todos los sectores sociales del país. Dado que el auditor financiero de 67 años estaba realizando una actividad frenética como interventor del primer banco boliviano quebrado en más de 20 años, y que se habían denunciado oscuros manejos financieros por parte de los directivos de la institución financiera, que están presos, la impresión general fue que no se había quitado la vida. Al mismo tiempo, el suicidio era la hipótesis por la que se inclinaba la policía desde el principio.

Cinco horas después de identificar el cadáver de Colodro, esta encontró una carta de despedida. Su autenticidad fue confirmada hoy día por el ministro Del Castillo. En ella, Colodro reclama a sus superiores porque no le contestaban el teléfono durante el mes que lidió con los problemas del banco en liquidación y pide disculpas a su familia por la decisión de quitarse la vida. “Me engañaron, me dieron la espalda, me mataron”, comienza la nota. “Me cuesta una enormidad [dejar a su familia], pero creo que la decisión tomada es la voluntad de Dios para conmigo”, se lee en su parte final. También se identificó a funcionarios que trabajaban con el interventor a los que este les dijo que estaba deprimido.

La familia del funcionario bancario ha rechazado la posibilidad de un suicidio desde el principio. El abogado que la representa, Jorge Valda, generó gran repercusión afirmando que el cadáver tenía “heridas punzocortantes” y que le faltaban órganos, como un ojo y un testículo. También señaló que la nota póstuma no había sido escrita con la letra del veterano funcionario del Banco Central y que el estilo de la misma tampoco era el suyo. Para el Ministro de Gobierno, se trata de “especulaciones irresponsables”. Del Castillo explicó que las heridas y la pérdida de partes del cuerpo provenían de los golpes que el suicida recibió al caer más de 50 metros, golpeando contra distintas partes de la fachada del edifico. Y aseguró que la firma y la letra de la carta son, indudablemente, las del hombre que se desplomó del Ambassador.

La primera reacción en las redes sociales ante la conferencia de prensa de Del Castillo fue de escepticismo. Se hallaba muy difundida la opinión de que Colodro había sido asesinado porque estaba a punto de hacer revelaciones que herirían intereses poderosos, que para algunos eran empresariales y, para otros, políticos.

Fassil fue intervenido hace poco menos de un mes porque ya no contaba con efectivo para devolver los depósitos de sus clientes. Ya había tenido que enfrentar retiros masivos por varias semanas. Al principio, sus ejecutivos dijeron que eran víctimas de un ataque especulativo, pero, tras la intervención comandada por Colodro, se conoció extraoficialmente que Fassil era parte de un esquema financiero fraudulento, por el que se desviaba parte de los préstamos que el banco concedía al grupo controlador, el Santa Cruz Financial Group. A cambio de hacer estos desvíos, los prestatarios recibían acciones en el conglomerado y retornos muy superiores a los intereses normales del mercado. Esto convertía los préstamos, técnicamente, en créditos vinculados (los que un banco le presta a sus propios accionistas) y los ponía fuera de la legislación boliviana. Además, los accionistas del banco poseían una empresa inmobiliaria con la que realizaban operaciones fraudulentas. Las listas de empresarios involucrados en la trama incluye a algunos importantes hombres de negocios de Santa Cruz, una región tradicionalmente opositora a los gobiernos izquierdistas de las últimas décadas. El partido del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que está preso por otros asuntos, criticó que los nombres de los empresarios se hubieran filtrado y acusó al Gobierno de “politizar” el caso al dejar que la información sobre los supuestos fraudes llegara a algunos medios oficialistas.

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