El Parlamento Europeo eleva el tono contra Hungría al exigir al Consejo que vete su presidencia de la UE
El Parlamento Europeo tiene muy serias dudas de que Hungría deba hacerse cargo de la presidencia semestral de turno de la UE en la segunda mitad de 2024. La razón es el deterioro del Estado de derecho en ese país. “Se cuestiona que pueda desarrollar con total credibilidad las tareas” propias de esa responsabilidad, según recoge una resolución que cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría del hemiciclo —lo suscriben cinco grupos parlamentarios: populares, socialistas, liberales, verdes e izquierda minoritaria—. Esos grupos, que representan al 73% de los eurodiputados, exigen “al Consejo que encuentre una solución apropiada los más rápidamente posible”. El texto, que se vota este jueves, no especifica cuál debe ser esa “solución”. Sí lo hacen varios de sus ponentes y otros eurodiputados, que han hablado con claridad, tanto al presentar la iniciativa como en el debate parlamentario, de evitar que el Gobierno del ultra Viktor Orbán ostente la presidencia del Consejo de la UE. En contra de este texto se han expresado los representantes de los grupos más a la derecha, en concreto el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que aglutina a Vox, e Identidad y Democracia (ID), donde se integra la Liga de Matteo Salvini.
Para la Eurocámara, Hungría no es una democracia, sino un “régimen híbrido de autocracia electoral”. Lo declaró así el pasado septiembre. Subía entonces mucho el tono respecto a resoluciones anteriores sobre la deriva de Budapest, que desde que Orbán regresó al poder en 2010 registra un constante y claro deterioro del Estado de derecho. Y ahora lo eleva todavía más, poniendo el foco sobre la presidencia semestral de la UE, que por turno corresponde a los países miembros, según los tratados, y nunca se ha arrebatado a ningún país. Ese papel es “importante para dirigir el trabajo legislativo de Consejo en la legislación comunitaria, asegurar la continuidad de la agenda europea y representar al Consejo en su relación con otras instituciones de la UE”, introduce el texto para justificar la petición al Consejo de que “encuentre una solución” o, de lo contrario, “el Parlamento podrá tomar medidas apropiadas”.
Temen los eurodiputados que Orbán, además de continuar con el deterioro del Estado de derecho, use su medio año al frente de la UE para resaltar su cercanía con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y socave así la posición europea de respaldo a Ucrania. “¿A quién invitará esta presidencia? ¿Adónde decidirá ir esta presidencia cuando realice una misión oficial en nombre de la UE? ¿Y qué dirá esta presidencia en nombre de la UE?“, se ha preguntado la ponente del texto, la eurodiputada verde Gwendoline Delbos-Corfield.
La votación de este jueves es otro toque más de atención a Hungría, señalan fuentes comunitarias, que, sin embargo, creen que Orbán hará oídos sordos a la advertencia. Las fuentes consultadas hablan del malestar en el seno de las instituciones con el comportamiento y la deriva de Budapest, que ha adoptado como práctica el chantaje al bloquear políticas como los paquetes de sanciones contra Rusia por la agresión a Ucrania.
Cuentas pendientes
Hungría ya tiene varias cuentas pendientes con las instituciones comunitarias por devaluar el Estado de derecho, no luchar contra la corrupción, no respetar la libertad académica o atentar contra los derechos de la comunidad LGTBI. Ahora tiene suspendidos más de 22.000 millones de euros correspondientes a los Fondos de Cohesión y, además, está obligada a realizar reformas para garantizar la independencia judicial y la lucha contra la corrupción si quiere acceder al dinero correspondiente a su plan de recuperación (5.800 millones). Además, en el Consejo, junto con Polonia, tiene abierto desde 2018 un procedimiento de sanción que puso en marcha el propio Parlamento. Pero cinco años después las sanciones no llegan y los avances son escasos, y esto enoja a los eurodiputados, que tanto en la resolución como en las intervenciones públicas muestran su enfado con Hungría, pero también con el Consejo de la UE y la Comisión Europea. “No hay progresos con el artículo siete [nombre oficial del proceso sancionador]”, han declarado Isabel Wiseler-Lima, del Partido Popular Europeo, y la francesa Delbos‑Corfield en la presentación de la iniciativa previa al debate.
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Y si no hay progresos, entienden los parlamentarios, es por la responsabilidad del Consejo. “Estoy harto de oír que han tenido una buena discusión, un buen debate y que la discusión de ayer [este martes se abordó el tema por sexta vez por los Estados miembros] a entender los problemas. Debemos actuar ahora”, ha apuntado el socialista Thijs Reuten. “Sería un desastre si este país lograra mantener la presidencia y Orbán hiciera lo que ya dijo públicamente, que impulsaría su agenda”, ha subrayado el eurodiputado holandés.
Todavía ha sido más contundente su compatriota liberal Sophie in‘t Vent, quien ha focalizado sus palabras ante la prensa en cómo devaluar la presidencia de Hungría en la segunda mitad del próximo año si las demás instituciones no hacen nada. “Si el Consejo no tiene cojones [palabra pronunciada en español, pese a que hablaba en inglés] para quitarle la presidencia, deberíamos centrarnos en cómo nosotros podemos reducir al mínimo la presidencia”.
El enfado evidente de los eurodiputados con el Consejo —y también con la Comisión— creció este martes. Cuando en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Asuntos Europeos, la representante de la presidencia sueca, Jessika Rosswall, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, contestaron cuatro o cinco veces con “la misma lacónica respuesta”, ha descrito Delbos-Corfield, en la que dijo que la reacción a esta resolución sería de acuerdo a los tratados.
Detrás de la contundencia de estas palabras también se muestra impotencia. El Parlamento poco más puede hacer y, de hecho, hay dudas jurídicas de que se pueda dar el paso de vetarle a un Estado miembro el ejercicio de la presidencia semestral. “Incluso los expertos consultados no tienen claro qué hacer”, ha reconocido Delbos-Corfield, “las líneas [del artículo siete] en los tratados son muy cortas. Así que tenemos que inventar. Sabemos que tenemos que empezar este debate y ver cómo abordamos la situación”. Entre las soluciones que hay sobre la mesa, está el informe del Comité Meijers, que agrupa a expertos en Derecho, y apunta a tres posibles soluciones: dos pasan por que algunas de las funciones de la presidencia húngara recayeran en los otros países y la tercera por que sea el Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y Gobierno, los que decidan por mayoría cualificada cómo se podría ejercer esa presidencia.
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