La justicia europea da un nuevo varapalo a Polonia por violar el Estado de derecho

La sala disciplinaria que el Gobierno ultraconservador polaco creó para sancionar a los jueces vulnera el Estado de derecho, tanto en su redacción original como en la reforma con la que Varsovia intentó dar respuesta a las demandas de Bruselas. El Tribunal de Justicia de la UE no tiene dudas: “La reforma del sistema judicial polaco de diciembre de 2019 viola el derecho de la Unión”, arranca el comunicado que resume la sentencia conocida este lunes. “La sala disciplinaria no satisface la exigencia de independencia e imparcialidad”, critica la sentencia, que no acepta como argumento que el Tribunal Constitucional polaco declarase que el derecho nacional está por encima del comunitario.

Este nuevo fallo contra el Estado polaco tiene su origen en la reforma que hizo en 2019 el Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS, sus siglas en polaco). Esa modificación quería resolver, aparentemente, el problema que había creado el mismo Ejecutivo de Varsovia al crear una sala disciplinaria en 2017 en el Tribunal Supremo con competencia para sancionar a los jueces polacos que aplicaran el derecho de la UE. Pero fue un cambio gatopardista, concluye el TJUE, que señala que, con la reforma, los jueces que tienen competencias para aplicar las normas comunitarias pueden enfrentarse a consecuencias penales, lo que “puede afectar a su independencia”. También pueden ser disciplinados si cuestionan la legitimidad de otros jueces o tribunales.

La causa arrancó cuando la Comisión Europea denunció la reforma en Luxemburgo. Tan claro tenía Bruselas que Varsovia no estaba cumpliendo con el primer fallo del TJUE que ya ha tenido continuidad con otros sobre casos concretos presentados por jueces polacos, que llegó a pedir a los magistrados medidas cautelares. La justicia europea prestó atención a esta demanda a finales de 2021, imponiendo una multa de un millón de euros al día a Polonia hasta que no se atuviera al derecho comunitario. El Gobierno polaco desmanteló la polémica sala disciplinaria el año pasado y creó otro órgano, la sala de responsabilidad profesional, que tampoco convenció a Bruselas. El pasado abril la sanción se redujo a medio millón al día tras algunas reformas.

“Las medidas que adoptó el legislador polaco son incompatibles con las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley. En efecto, estas garantías suponen que, en determinadas circunstancias, los tribunales nacionales están obligados a comprobar si ellos mismos o los jueces que los integran u otros jueces o tribunales cumplen las exigencias establecidas por el derecho de la Unión”, subraya el TJUE. El tribunal añade que el hecho de que “se atribuya a un único órgano nacional (la Sala de Control Extraordinario y Asuntos Públicos del Tribunal Supremo) la competencia para comprobar el cumplimiento de las exigencias esenciales de la tutela judicial efectiva es contrario al derecho de la UE”.

El fallo ha sido recibido con euforia por la Comisión Europea: “Hoy es un día importante para restaurar la independencia de la justicia en Polonia. El TJUE ha conformado nuestra posición […] Cualquier regresión en la organización de la justicia debe evitarse. Después de la decisión de hoy, la ley deberá adaptarse consecuentemente”, ha declarado el comisario de Justicia, el belga Didier Reynders.

Precisamente Reynders tendrá mucho que decir sobre si Polonia acata de una vez la norma europea cuando la última reforma de la justicia llegue a Bruselas. Hace un año, la Comisión Europea y el Consejo de la UE dieron luz verde al plan de recuperación polaco en el que se exige esa reforma que, en teoría, ya está aprobado, pero todavía debe recibir el visto bueno del Tribunal Constitucional. Sin cumplir con este requisito, el Gobierno ultraconservador no recibirá un solo euro de la ingente cantidad de dinero que podría recibir para impulsar inversiones.

Ya son varias las veces que el tribunal europeo, tras las demandas de la Comisión Europea, declara ilegales las reformas del sistema judicial iniciadas por el Gobierno del PiS, el partido de Jaroslaw Kaczynski, desde 2017. Los jueces europeos ya habían fallado dos veces en contra de los cambios en la edad de jubilación, interpretados por Bruselas como una purga encubierta. Después tumbaron el órgano disciplinario que, para Bruselas, es una forma de ejercer presión política sobre los magistrados y una vigilancia invasiva que les impediría ejercer su labor con independencia y neutralidad. Y ahora llega este nuevo fallo.

En sus alegaciones a la demanda del Ejecutivo comunitario, Polonia esgrimió que el derecho polaco prevalece sobre el de la UE, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional polaco. Pero ese argumento no es válido en Luxemburgo, porque “la independencia judicial forma parte de la identidad misma de la Unión y se concreta en obligaciones jurídicamente vinculantes de las que los Estados miembros no pueden exonerarse invocando disposiciones o jurisprudencia internas, incluidas las de rango constitucional”.

Precisamente esta alegación muestra que los choques entre Bruselas y Varsovia no dejan de crecer. Aquella sentencia del Constitucional polaco provocó la apertura de un nuevo procedimiento sancionador por parte de la Comisión que acabó sin rectificación, lo que ha acabado en una nueva demanda en Luxemburgo. Y en los últimos días ha crecido una nueva amenaza en el horizonte: la ley contra la injerencia rusa entre 2007 y 2022 que crea una comisión especial que tal y como se aprobó puede privar, sin control judicial, del derecho para el ejercicio de un cargo público, según denuncian la oposición y expertos en derecho polaco. Tras las críticas de la UE y de Estados Unidos, el presidente, Andrzej Duda, presentó enmiendas el pasado viernes para rebajarla.

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