La batalla de Elizabeth, en busca de justicia por el feminicidio de su hija en la Escuela de Policía de Ecuador
Cuando Elizabeth Otavalo escuchó la sentencia de 34 años y ocho meses contra el asesino de su hija creía que había encontrado justicia e iba a sentir paz. Pero relata que no fue así: “Es doloroso saber que mi hija ha sido una transacción y desde que su esposo la mató en la Escuela de Policía, solo he tenido dolor, y más dolor y no para”. María Belén Bernal, una abogada de 34 años, entró a la Escuela Superior de Policía de Quito, pasada la medianoche del domingo 11 de septiembre de 2022 después de una llamada de su esposo, el teniente Germán Cáceres. Subió hasta su habitación, en el edificio de los oficiales de la institución, y no volvió a salir. Según la autopsia, María Belén murió por estrangulamiento y asfixia.
Su cadáver fue encontrado después de diez días de búsqueda en la que su madre y familiares se involucraron. “Ellos empezaron a buscar luego de cuatro días que mi hija desapareció. Tuve que exigir que se cree un equipo multidisciplinario e interinstitucional que estén los bomberos, el Municipio”, cuenta Otavalo, que caminó por canteras, quebradas y basurales para hallar a su hija. Para ese entonces su yerno y el principal sospechoso de la desaparición de María Belén ya había huido del país.
“Empecé a pelearme con generales que me palmoteaban las mesas diciéndome qué más quería, que supuestamente hacían todo para buscar a mi hija”, recuerda Otavalo. “Yo les decía que quería una planificación”, añade. Antes de iniciar la búsqueda al décimo día, la Policía ya estaba con un fiscal en el Cerro de Casitagua, que está a unos 20 minutos de la escuela, una zona que Cáceres conocía bien porque era instructor de la institución y llevaba a los estudiantes a correr por esa zona.
La Policía de Investigaciones había logrado cercar el perímetro de búsqueda a través del rastreo de una llamada que recibió Cáceres la noche del 11 de septiembre mientras enterraba a María Belén en el Casitagua. Sin embargo, poco avanzaba. “El trasfondo de eso son cosas que no entiendo y no me va a pasar mientras no sepa toda la verdad”, dice la madre de María Belén, quien acusó a la Policía de actuar con espíritu de cuerpo para proteger a la institución.
Los detalles de cómo dieron con la localización del cuerpo no se develaron en el juicio por feminicidio que terminó con la sentencia máxima de 34 años y ocho meses de prisión para Germán Cáceres, mientras que al subteniente Alfonso C., para quien la defensa de la familia pedía 22 años por el presunto delito de omisión por no haber ayudado a María Belén, los jueces lo declararon inocente. La Fiscalía ecuatoriana abrió otro caso por fraude procesal para investigar las actuaciones de la Policía Nacional en este caso, “dicen que nadie en el edificio escuchó los gritos de mi hija, y la prueba está ahí, ella pidió auxilio”, dice Otavalo.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Se refiere a un audio que grabó María Belén con el teléfono que dura cerca de tres minutos, en el que Cáceres le habla de infidelidades y se la escucha a ella pedir auxilio en varias ocasiones. La prueba se hizo pública y fue un nuevo golpe para la familia de María Belén, porque “ese audio estuvo en cadena de custodia y únicamente se abrió para que escuchen los jueces, le hicieron mucho daño a mi nieto y demuestra que no les importa nada”, dice Otavalo.
Ha sido un camino lleno de obstáculos relata la madre, en el que las víctimas son las que deben defenderse del sistema, “al femicida lo protegen, le permiten estar en las audiencias por videoconferencia, lo custodian, y si no quieren no hablan, porque se acogen al silencio”, reclama Elizabeth. “Mientras que a las víctimas nos agreden si protestamos, tenemos que responder todo, he tenido que escuchar lo que dicen de mi hija, que para qué fue a la medianoche a la Escuela, por último ¡porque le dio la gana!”, añade.
El ministro del Interior Juan Zapata reconoce que no se cumplieron los protocolos en el control de ingresos y salidas, ni los informes que debieron hacer, y que por eso el 95% del personal de guardia que estuvo el día del crimen fue dado de baja. “Esto sirvió de experiencia, de muchos errores que se cometieron ahí, para que nunca más vuelva a ocurrir”, dijo Zapata a EL PAÍS, pero también sale a defensa de los policías: “No se puede generalizar a los 52.000 policías”.
Sin embargo, después del feminicidio de María Belén, se hicieron pública otras dos denuncias sobre violencia sexual al interior de esa institución. El último caso es investigado también por la Fiscalía de Ecuador, ocurrió el 21 de mayo, y el implicado fue detenido en flagrancia por abusar sexualmente a ocho estudiantes al ingresar a la habitación a un “control de pijamas”.
En la Escuela Superior de Policía de Quito los mismos uniformados han denominado al edificio de los dormitorios de los oficiales instructores, como el castillo de Grayskull, la fuente de poderes del cómic He-man. Uno de los pedidos que hizo la defensa de la familia de Bernal es que se cierre la Escuela Superior de Policía y se reestructure por completo, pero la solicitud no fue acogida. Tampoco se ha dispuesto qué pasará con ese edificio que Guillermo Lasso ordenó demoler después de las pericias jurídicas. “Tendrá que volver a la normalidad, y consultar al presidente si mantiene esa decisión o que se vuelva habilitar porque no se puede tener un edificio inhabilitado con las necesidades de la Policía Nacional”, responde Zapata.
La palabra del presidente tampoco se cumplió cuando dispuso que “los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente”, dijo Lasso en una cadena nacional de radio y televisión.
El ministro del Interior asegura que desde el crimen de María Belén la Policía “ha cambiado mucho”. “Hemos graduado 391 subteniente con una malla curricular con enfoque en el fortalecimiento de derechos y equidad de género” y se dispuso que para cualquier ascenso sea preceptivo “que no tenga ninguna denuncia de violencia intrafamiliar o derechos contra la mujer”, agregó Zapata.
Para Elizabeth Otavalo, la lucha por justicia y reparación no ha terminado con la sentencia. “Con el caso de mi hija demostramos que en ocho meses se puede juzgar, que se puede denunciar”. Su siguiente batalla es que Germán Cáceres cumpla su sentencia en una cárcel de máxima seguridad y no en la que está asignada para policías, de la institución que él fue dado de baja. Tampoco descarta llevar su casa a la Corte Interamericana: “No se puede olvidar dónde mataron a mi hija, el Estado debe responder por no actuar”.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
About Author
