El órgano ético de Bruselas para evitar casos como el ‘Qatargate’ nace entre críticas por falta de garra
El esperado organismo ético europeo ya está aquí, pero convence a pocos. La Comisión Europea ha presentado este jueves el largamente prometido “cuerpo ético interinstitucional”, una instancia compuesta por representantes de las principales instituciones europeas y expertos independientes que deberá establecer estándares de transparencia y buenas prácticas vinculantes para todas las entidades de la Unión Europea en materia de puertas giratorias, conflictos de intereses o actividades paralelas de los responsables europeos. Pero cuando se cumplen este viernes seis meses del estallido del Qatargate y cuando queda solo un año para las elecciones europeas, que someterán a escrutinio la labor de las instituciones comunitarias, la propuesta del Ejecutivo europeo sabe a poco, consideran tanto grupos políticos como organizaciones anticorrupción.
Las mayores críticas al nuevo organismo interinstitucional, una promesa de 2019 de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se centran en que, al no poder imponer directamente sanciones, carece de la capacidad de coerción suficiente para impulsar un verdadero cambio de cultura que impida otro escándalo como la trama de sobornos en la Eurocámara. Este viernes hace justo medio año que se produjo la detención de varios eurodiputados y exparlamentarios acusados de aceptar cientos de miles de euros en sobornos de países como Marruecos o Qatar.
En momentos en que una de las principales imputadas por corrupción y blanqueo de dinero, la exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, ha recuperado la libertad y amenaza con volver a ocupar su escaño, la mención al escándalo que tan gravemente ha sacudido la reputación del órgano legislativo europeo y, por ende, de toda Bruselas, era inevitable. Y no tardó en llegar cuando la vicepresidenta de la Comisión responsable de Valores y Transparencia, Vera Jourová, presentó este jueves la propuesta que considera una herramienta clave para consolidar la “confianza” ciudadana en las instituciones europeas y por ende en la democracia.
“En los últimos meses, hemos visto escándalos como el Qatargate que han recordado a todos que hay lagunas en nuestros sistemas”, señaló Jourová, para quien el órgano ético que propone, el primero de este tipo en la historia de la UE, supondrá un “cambio significativo” porque “aumentará los estándares de la conducta ética de los políticos europeos”. “Necesitamos un conjunto de normas claras, transparentes y comunes para todas las instituciones” y eso es lo que el organismo ético proveerá, afirmó.
El nuevo cuerpo ético estará formado por un representante de cada una de las instituciones de la UE —Comisión, Parlamento, Consejo Europeo, Consejo de la UE, Tribunal de Justicia (TJUE), Tribunal de Cuentas y Banco Central Europeo (BCE), así como el Comité Económico y Social y el Comité de Regiones— y cinco expertos independientes. Una vez designados, tendrán seis meses para establecer estándares vinculantes —para los puestos de designación política como comisarios o eurodiputados, no para el resto del personal— relativos a las puertas giratorias o sobre la declaración de bienes y de potenciales conflictos de interés.
También deberán establecer estándares comunes sobre la aceptación de regalos, estancias y viajes financiados por terceros, armonizar normas sobre cómo informar y aceptar reuniones con grupos de interés —el famoso registro de transparencia ya existente, pero aún no obligatorio en todas las instituciones— o en torno a los posibles trabajos paralelos al puesto que se ocupa.
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La idea es que se establezcan unos “estándares mínimos”, pero en la propuesta misma de la Comisión se establece que si una de las instituciones ya tiene estándares más elevados, estos no puedan bajarse.
Oportunidad perdida
El nuevo organismo ético no podrá realizar investigaciones ni imponer sanciones. Y ahí radica su principal debilidad, señalan los críticos. Aunque la Comisión se escuda en que no tiene poder para sancionar y que eso corresponde a otros organismos o a las propias instituciones europeas, para los grupos políticos y ONG que reclamaban una agencia ética con más poder, la propuesta presentada es una “oportunidad perdida”.
“Sin el derecho a iniciar una investigación a iniciativa propia, la propuesta carece de dientes para aplicar los mismos estándares éticos en todas las instituciones de la UE (…), no es lo suficientemente ambiciosa”, ha criticado la vicepresidenta del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), Gaby Bischoff. El mismo símil de “organismo sin dientes” o sin garra ha sido utilizado por el grupo liberal Renew, mientras que el eurodiputado verde Daniel Freund, uno de los principales impulsores de reformas en la Eurocámara tras el Qatargate, considera que la propuesta equivale a querer jugar “un partido sin árbitro”.
También las organizaciones que vigilan el intenso cabildeo en la UE —Bruselas está considerada la capital de los lobbies— y la transparencia de las instituciones han alertado de la debilidad del nuevo organismo. “Si la UE quiere combatir seriamente la corrupción en sus propias filas, tiene que asegurarse de que un organismo de vigilancia independiente tenga el poder y los recursos para investigar y sancionar”, afirma el subdirector de Transparencia Internacional Europa, Nick Aiossa, cuya organización también está siendo muy crítica, al igual que otras dedicadas a la vigilancia de los lobbies, con las reformas que implementa el Parlamento Europeo.
Reformas en la Eurocámara
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, presentó en enero un paquete de 14 “primeros pasos” para mejorar la transparencia y probidad del hemiciclo europeo. Pero con el paso de los meses, la celeridad y el impulso parecen haberse apagado, envueltas las propuestas en una maraña de negociaciones a puerta cerrada que ya han provocado los primeros sinsabores y críticas: una de las medidas estrella, el establecimiento de un periodo de incompatibilidad de dos años para los exeurodiputados que quieran realizar tareas de cabildeo en Bruselas, ha sido rebajado a seis meses a instancias del Partido Popular Europeo. Aun así, fuentes de la Eurocámara sostienen que la implementación va por el buen camino y que se cumplirá el objetivo de haber encauzado y aprobado alrededor de la mitad de las medidas antes del receso del verano.
¿Bastará para convencer a los ciudadanos europeos de que pueden confiar en sus instituciones? La encuesta del Eurobarómetro publicada esta semana indica que el Qatargate no parece haber tenido un “efecto claro” sobre las intenciones de voto de cara a los comicios europeos de junio de 2024. Pero en Bruselas todos saben que no se puede bajar la guardia.
“Los seis meses pasados desde el Qatargate nos han demostrado que la creación de un marco ético fuerte, suficiente como para defendernos de lo que la presidenta Metsola llamó un ‘ataque a la democracia’, no está siendo claro”, lamentaba esta semana la Defensora del Pueblo europea, Emily O’Reilly. “Un nuevo organismo débil será devorado por una cultura ética débil y cambiar esa cultura es el desafío de los que lideran las instituciones”, advirtió en un acto al que asistió Jourová.
Pero para la comisaria, de todos modos, poco se puede hacer si en la base no hay un compromiso personal con la ética. “Al final, cada político debe establecer su propia brújula ética”, dijo en un encuentro con un grupo de periodistas previo a la presentación de su propuesta.
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