Recortes extremos, choque de poderes y guerras culturales: las claves de los 100 días de Milei en la Casa Rosada
En sus primeros 100 días como presidente de Argentina, Javier Milei ha asestado zarpazos al viejo modelo económico para derribarlo y fundar uno nuevo. En la nueva Argentina no hay lugar para el déficit fiscal, no importa de dónde se recorte para lograrlo: en su caso ha pasado la tijera a las jubilaciones, la obra pública y las ayudas sociales. Tampoco hay lugar para un Estado regulador y omnipresente: “Si fuera por mí, privatizo todo”, repitió en su última entrevista. Envuelto en un mensaje mesiánico que dota de misión divina la creación de una Argentina liberal en lo económico y conservadora en lo social, el presidente divide a los 46 millones de habitantes del país entre “los argentinos de bien” que le acompañan en sus decisiones y “la casta” que se opone a sus planes, ya sea a través de la política, de la justicia o en las calles.
La batalla central es económica y tiene un objetivo triple: lograr el equilibrio fiscal, bajar la inflación y desregular la economía para sincerar los precios reales de bienes y servicios y atraer inversiones. Pero en paralelo Milei ha impuesto una política de mano dura contra delincuentes y manifestantes, encabeza una cruzada cultural contra la izquierda y lo que él denomina “ideología de género” y promueve un cambio de alianzas internacionales que sitúe a Argentina como aliado incondicional de Estados Unidos e Israel en el tablero geopolítico.
El mandamiento del equilibrio fiscal
“El déficit cero no se negocia”, ha advertido Milei en entrevistas concedidas desde que asumió la Presidencia. “Ministro que me gasta de más, lo echo”, ha amenazado también.
El presidente, un talibán del equilibrio fiscal, exhibió orgulloso en enero el primer superávit financiero de Argentina en doce años y volvió a tener un resultado positivo en febrero, aunque de forma más ajustada. Para lograrlo, aplicó un torniquete al gasto social que ha puesto en apuros a los adultos mayores, ya que casi un tercio del recorte salió de sus jubliaciones y el precio de los medicamentos y de los seguros de salud privados se han disparado tras la liberalización.
El discurso oficial de que el ajuste lo pagaría la casta y el agradecimiento al “esfuerzo heroico” de los argentinos en estos difíciles primeros meses quedó en entredicho cuando salió a la luz que Milei se había aumentado el sueldo a sí mismo un 48% y los diputados y senadores, un 30%. El presidente dio a entender que no sabía en qué consistía el decreto que había firmado y fulminó a un cargo intermedio por su responsabilidad en el supuesto error.
La desregulación total de la economía que busca Milei arrancó con un decreto que deroga más de 80 leyes y reforma decenas más. Pero ese primer hachazo al Estado ha sido rechazado en el Senado —aunque seguirá vigente a menos que vote en contra también la Cámara de Diputados— y frenado parcialmente en la Justicia. Milei tampoco ha logrado hasta ahora obtener facultades legislativas para construir a su antojo los cimientos del nuevo plan económico ni darle un andamiaje legal que lo sostenga y atraiga inversiones.
Un pacto refundacional que no admite negociaciones
Milei llega a los 100 días de Gobierno con su gran ley de desguace en el cementerio del Congreso. Milei alcanzó la Presidencia tras apenas dos años de ser el único diputado de una incipiente ultraderecha, pero la gracia de ser el outsider le ha empezado a pasar factura: su partido es una minoría sin margen de negociación en el Parlamento y tampoco tiene poder en las provincias, donde se desarrolla el poder territorial de un país federal como Argentina.
Prácticamente solo en Buenos Aires, Milei ha sustituido su falta de cintura política por una guerra abierta. Si los diputados no votan a favor de sus leyes, serán señalados en redes para ser insultados por los seguidores del presidente; si los gobernadores no aceptan sus reformas, perderán más fondos federales; si el Gobierno comete un error, algún funcionario pagará las consecuencias con su despido aunque no esté involucrado. Milei mantiene una aprobación alta en comparación de sus antecesores –según la consultora Zuban Córdoba, su imagen positiva es del 42%–, pero la crisis económica acelerada por su ajuste fiscal empieza a pasarle la cuenta.
El presidente ha convocado a la oposición a firmar un pacto para “sentar las bases de una nueva Argentina” el próximo 25 de mayo, día en que se conmemora el primer gobierno patrio en 1810. La invitación le ha comprado tiempo: como condición para invitarlos a su mesa, Milei exige ahora al resto del arco político que vuelvan a negociar su gran ley de desguace. Todavía no ha propuesto condiciones distintas para hacerlo.
Cambio en el modelo de asistencia social
El Ministerio de Capital Humano, creado por esta Administración para condensar las antiguas carteras de Desarrollo Social, Educación y Trabajo, se ha propuesto revisar el modelo de asistencia social vigente para “eliminar la intermediación” y hacer la ayuda más “efectiva y transparente”. Para eso eliminó algunos planes sociales y modificó otros, como el Potenciar Trabajo de fomento del empleo, que dividió en dos programas que apuntan a diferentes grupos etarios. Una de las medidas que más polémica causó fue la suspensión de la entrega de mercadería a comedores populares que complementan la alimentación de millones de personas en Argentina y que son coordinados por vecinos, organizaciones sociales o iglesias.
Esto ocurre en un contexto en el que la proyección de pobreza en Argentina se acerca al 60%, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Por las medidas de ajuste impuestas desde diciembre y la pérdida del poder adquisitivo de la población, el número de personas en esa situación crece desde la llegada del mandatario a la Casa Rosada. Los últimos datos oficiales muestran que en el primer semestre de 2023 el índice había crecido hasta el 40%; los datos del segundo semestre de ese año, los del final del Gobierno del peronista Alberto Fernández, se conocerán esta semana.
Alineado con Estados Unidos e Israel
Milei ha dado un giro de 180 grados a la política exterior argentina. Desde el primer día se ha declarado aliado de “Estados Unidos, Israel y el mundo libre”. El nuevo mandatario respalda sin ambages la ofensiva israelí contra Gaza y prometió trasladar la embajada argentina a Jerusalén durante su visita oficial allí el mes pasado. El Gobierno ha marcado, por el contrario, una gran distancia con China y Brasil pese a que ambos son grandes socios comerciales de Argentina, por considerar que están gobernados por comunistas.
En la región, el mayor conflicto por ahora es con Venezuela. La Cancillería argentina anunció la semana pasada “acciones diplomáticas” contra el Gobierno de Nicolás Maduro después de que este cerrara el espacio aéreo de Venezuela a los aviones argentinos que quieran sobrevolar su territorio en represalia por la entrega a Estados Unidos de un avión venezolano incautado. Milei considera que Venezuela, Nicaragua y Cuba están gobernadas por dictadores y ha decidido no enviar embajadores a esos países.
La amenaza destapada de la narcoviolencia
Las fotos de las prisiones salvadoreñas, donde decenas de reos han sido retratados semidesnudos e inmovilizados por la policía, se han convertido en un norte para la política de seguridad del Gobierno de Milei. Argentina es uno de los países más seguros de Latinoamérica, según el Índice de Paz Global, pero los delitos en las periferias y la creciente violencia de las bandas de narcomenudeo han llevado la inseguridad al discurso política y la mano dura contra el crimen al poder.
La semana pasada, cuatro personas fueron asesinadas al azar en la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires. Foco de la violencia desde hace décadas, Rosario ha entrado en territorio desconocido: a las bandas que desde hace años se disputan el control del narcomenudeo no les agradó que Milei requise y exponga en público a los líderes criminales presos y respondieron desatando el terror en las calles. La respuesta del Gobierno ha sido aumentar la vigilancia y prometer tolerancia cero: con las fuerzas federales desplegadas en toda la ciudad, con el Ejército prometiendo ayuda táctica y material, y con la policía local desplegada en las calles, el desarrollo del conflicto es aun una incógnita.
Adoctrinamiento selectivo en las aulas
La educación es uno de los caballitos de batalla de Milei para ganar lo que considera una batalla cultural contra “los zurdos”. El presidente argentino ha acusado a los maestros de adoctrinar a niños y adolescentes con ideas progresistas y una ideología de género que ahora busca erradicar de las aulas. Sin embargo, cuando días atrás regresó al colegio donde estudió, el Cardenal Copello, en la ciudad de Buenos Aires, en vez de abogar por una educación plural y heterogénea reaccionó como aquellos contra los que arremete, sólo que con un discurso inverso. Dijo que casi todos los líderes internacionales “son unos zurditos”, que los políticos “son todos unos inmorales” y que quienes defendieron la ley de interrupción voluntaria del embarazo “son los asesinos de pañuelos verdes”.
Milei abogó en campaña por la privatización de todo el sistema educativo y la entrega de “vouchers educativos” a las familias para que elijan a qué institución quieren que vayan sus hijos. Ese plan está paralizado, pero la educación pública es víctima de un gran recorte presupuestario que afecta tanto a los sueldos del personal como a la infraestructura edilicia y a los gastos de funcionamiento. Los docentes han estado entre los primeros colectivos en hacer huelga contra Milei. El presidente busca declarar la educación como servicio esencial para cercenarles esa forma de protesta.
Memoria histórica y democracia
Milei causó preocupación entre los organismos de derechos humanos desde antes de ser electo presidente por su negación del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina, que entre 1976 y 1983 desapareció a más de 30.000 personas. Durante la campaña presidencial, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, desafió el consenso construido en democracia al equiparar la violencia del Estado con la cometida por grupos armados y amenazó con cerrar el Museo de la Memoria, un espacio resignificado donde funcionó el mayor centro de detención y tortura del país, la Esma, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2023.
Al llegar al poder, el Gobierno designó al frente de la Secretaría de Derechos Humanos a Alberto Baños, un juez sin trayectoria en la materia y en las últimas semanas comunicó una veintena de despidos a los trabajadores. Pero poco ha avanzado el Gobierno en medidas concretas en esta dirección y familiares de represores criticaron en enero a Milei y Villarruel porque “no cumplen con las promesas hechas”. Los organismos de derechos humanos, sin embargo, se mantienen en alerta. “Con el Gobierno de Milei y Villarruel los genocidas están de fiesta”, expresó la asociación H.I.J.O.S, que agrupa a familiares de desaparecidos por la dictadura, cuando se supo que un represor condenado había festejado por todo lo alto las bodas de oro con su esposa.
La cultura, en las calles
El sector de la cultura fue otro de los primeros en movilizarse contra Milei. Organizaciones vinculadas al arte, la música, el cine, la literatura o el teatro convocaron en las calles masivamente desde que se conoció el contenido de la ley ómnibus del Ejecutivo. La iniciativa contaba con un capítulo entero dedicado a la cultura. Algunos de los cambios que provocaron mayor repulsa fueron los propuestos para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música o el Fondo Nacional de las Artes, además de la derogación de una ley de defensa de la actividad librera que fija un precio uniforme para la venta de libros. La ley fracasó en el Congreso, pero en la última semana el sector volvió a salir a las calles cuando el Gobierno anunció una “reducción drástica” del financiamiento del INCAA.
El descrédito a la ciencia
El trabajo de los más de 20.000 investigadores y becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) está en riesgo por el recorte de fondos públicos aplicado por Milei. El principal organismo de investigación científica de Argentina y el más prestigioso de América Latina, según el ránking Scimago, fue blanco de ataques de Milei durante la campaña, cuando el ultra defendió que la investigación científica “quede en manos del sector privado”. Al llegar al poder, el presidente rebajó el Ministerio de Ciencia a secretaría y mantuvo para en consejo el presupuesto de 2023, que representa solo un tercio de los fondos con los que contó el año anterior debido a la inflación. La campaña de descrédito del ultra contra la ciencia tuvo una reacción inmediata de la comunidad internacional: la más reciente fue una carta en la que 68 premios Nobel advierten de que “el sistema científico argentino se acerca al precipicio”.
Libre competencia en la medicina privada
Argentina tiene un complejo sistema de sanidad en el que coexiste una red de centros públicos con otra de centros administrados por empresas de salud privadas y sindicatos. En su afán por debilitar a estos últimos, Milei ha eliminado la normativa que vinculaba de forma automática a los trabajadores de un sector con la obra social sindical del mismo y permite ahora la libre elección. Al mismo tiempo, ha eliminado la regulación de precios vigente durante el kirchnerismo para la medicina privada y en sólo tres meses las pólizas de salud se han disparado más del 150%.
Superávit comercial energético
Argentina aspira a revertir el déficit de la balanza energética comercial, que el año pasado fue de 600 millones de dólares, y cerrar este 2024 con un superávit de más de 3.000 millones de dólares. Esa previsión se sustenta en el aumento de la producción de hidrocarburos no convencionales en la formación de Vaca Muerta (en el sur de Argentina) y al pleno funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner inaugurado en la recta final del mandato de Alberto Fernández.
El gasto de la factura energética se reducirá también por la retirada de los subsidios al precio del transporte público instalados por el kirchnerismo. Aunque los billetes de autobús y de tren se han multiplicado por cinco desde que llegó Milei a la Presidencia, su valor actual, cercano a los 25 céntimos de dólar, es muy inferior al de los países vecinos.
El presidente en su algoritmo
A finales de febrero, mientras el Gobierno central empezaba a retener la distribución de fondos federales para las provincias y los gobernadores patagónicos respondían con la amenaza de cortar la provisión de petróleo, el ejército de Milei tomó la calle más importante para el presidente: la digital. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había dado un ultimátum al presidente para que le devolviese el dinero retenido, y este le contestó con memes: Torres siendo orinado por Milei; Torres disfrazado de niña, a punto de ser atacado sexualmente por otros cuatro hombres; Torres caracterizado con síndrome de down, incapaz de entender las propuestas del Gobierno. “Me dijo ‘vamos a sacar todos los tanques a las redes”, contó después el gobernador chubutense sobre el mensaje que había recibido de un asesor presidencial.
Milei es un presidente sin agenda pública, y su cuenta de X (antes Twitter) se ha convertido en la ventana más transparente al día a día de un mandatario que apenas se deja ver. Milei usa un promedio de cuatro horas diarias para darle “me gusta” y compartir mensajes elogiosos en sus redes sociales. Allí, el presidente despide a funcionarios, apunta contra los políticos díscolos a aprobar sus reformas a ciegas, y elige a sus enemigos. El último de febrero fue Torres, después de que el presidente pasara semanas atacando a la cantante Lali Espósito por sus contratos con gobiernos provinciales.
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