Una mujer queda paralítica tras ser tiroteada por la policía en Irán por no usar velo

Una mujer de 31 años que no llevaba el velo islámico, de uso obligatorio en Irán, ha quedado paralítica tras recibir un disparo en la espalda por parte de las fuerzas de seguridad, según informaron los medios este lunes. Se trata de Arezou Badri, madre de dos niños pequeños, que fue tiroteada el pasado 22 de julio cuando conducía en la ciudad de Nour, en la norteña provincia de Mazandaran, al no atender la orden de la policía de detenerse, según un informe reciente de la BBC persa, que cita a una fuente informada.

Los agentes intentaron parar el coche de Badri cuando se dieron cuenta de que había una orden para confiscar el vehículo por no respetar el estricto código del hiyab. La medida se ha estado aplicando en el país en los últimos meses para forzar el uso del velo islámico. Mediante un mensaje de texto, las autoridades avisan a los dueños de los automóviles en los que se captura a una mujer sin velo de que su coche será confiscado. En el caso de Badri, los agentes dispararon contra los neumáticos del vehículo y luego apuntaron a ella y la bala le impactó en la espalda.

Después de unos 10 días, los médicos lograron extraer la bala de su cintura, pero sus pulmones y su médula espinal resultaron gravemente dañados, por lo que no puede caminar, según revela la organización iraní de derechos humanos en el exilio Iran Human Rights (IHR).

Según los médicos, es muy pronto para saber si la mujer ha quedado paralítica de manera definitiva o temporal. Badri se encuentra actualmente bajo estrictas medidas de seguridad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Valiasr de Teherán y los agentes solo permiten que su familia la visite durante unos minutos, después de quitarles los teléfonos móviles, para evitar que salgan imágenes de la víctima.

Desde abril pasado, las autoridades iraníes pusieron en marcha una férrea campaña de seguridad con el fin de imponer el uso del velo islámico a las mujeres que habían dejado de usarlo tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, bajo custodia policial, por no llevar bien puesto el hiyab. La muerte de Amini desató masivas protestas, conocidas por su lema “Mujer, vida, libertad”, en todo el país. Las manifestaciones, que reclamaban mayores libertades sociales y el fin de la República Islámica, continuaron durante meses. Finalmente, las fuerzas de seguridad lograron apagar las protestas con una represión que dejó unos 500 muertos.

Una nueva ejecución

Además de los centenares de muertos, Irán sigue ejecutando a los detenidos durante las revueltas sociales. La última ejecución ocurrió el pasado martes en la prisión de Dizel Abad, ubicada en la provincia de Kermanshah, en el oeste del país. Reza Rasaei fue condenado a muerte el pasado 7 de octubre al ser acusado de asesinato de un agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, quien falleció “por múltiples heridas de arma blanca”.

Amnistía Internacional denunció que su ejecución fue “arbitraria” y “secreta”, pues según la defensa de Rasaei, ni su familia ni su abogado fueron informados con antelación. “Las autoridades iraníes han llevado a cabo la abominable ejecución arbitraria en secreto de un joven que fue sometido a tortura y otros malos tratos durante su detención, incluida violencia sexual, y más tarde condenado a muerte en un simulacro de juicio”, reclamó. Según la organización, el juicio fue “manifiestamente injusto”, pues se basó en confesiones “forzadas bajo tortura y otros malos tratos”.

“Esta ejecución deja al descubierto una vez más hasta qué punto el sistema de justicia penal de Irán está corrompido hasta la médula y pone de relieve la determinación de las autoridades iraníes de usar la pena de muerte como herramienta de represión política para infundir miedo en la población”, sentenció Amnistía.

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