Irán ejecuta al primer condenado a muerte por participar en las protestas
Irán ha anunciado que ha ejecutado este jueves al primer detenido oficialmente condenado a muerte por un presunto delito derivado de las protestas que se organizan en el país desde la muerte bajo custodia policial el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, arrestada por llevar mal colocado el velo.
El prisionero, que la agencia semioficial Tasnim ha identificado como Mohsen Shekari sin dar más detalles, ha sido condenado por apuñalar por la espalda “intencionalmente” a un miembro de la fuerza paramilitar Basij y bloquear el bulevar Sattar Khan en la capital, Teherán, el pasado 25 de septiembre.
Las autoridades iraníes han rechazado la apelación del abogado del preso al determinar que “no es válida ni justificada”, ya que consideran que es culpable de “crímenes de guerra” al bloquear la calle, amenazar con armas y enfrentarse a los agentes. El Tribunal Supremo de Irán, que califica las acciones del manifestante como un “ejemplo de hipocresía”, ha aprobado en la mañana de este jueves la sentencia y ha ejecutado inmediatamente el fallo. Los magistrados se apoyan en supuestas declaraciones de testigos del incidente, que habrían asegurado que las personas presentes estaban muy asustadas por la presencia del manifestante armado.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights, ha alertado este jueves de que se producirán “ejecuciones diarias de manifestantes” a no ser que las autoridades iraníes tengan que enfrentarse “a rápidas consecuencias prácticas a nivel internacional”, según ha señalado en un mensaje publicado en la red social Twitter.
Las autoridades iraníes anunciaron a principios de semana que cinco personas habían sido condenadas a muerte por su implicación en la muerte del miembro de la milicia Basij Rouhollah Ajamian, en un veredicto que todavía pueden apelar. El portavoz del Departamento de Justicia de Irán, Masoud Setayeshi, explicó que otras 11 personas, entre ellas tres menores, habían sido condenadas por el mismo delito a “largas penas” de prisión, según informó la agencia ISNA.
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La Guardia Revolucionaria reaccionó a este anuncio con un elogio a la firme postura del poder judicial, a quien alentó a emitir sentencias rápidas y decisivas para los acusados de “crímenes contra la seguridad de la nación y el Islam”. Según Amnistía Internacional, al menos otras 21 personas, entre ellas una mujer, afrontan cargos que podrían llevarlos al patíbulo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado que el número de personas ejecutadas en el país superó los 400 en septiembre por primera vez en cinco años.
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